La decisión de volver al trabajo sólo beneficia al IBEX35

Precipitada e incoherente. Estas dos palabras definen a la perfección, y siempre a priori, la decisión adoptada por el Gobierno de permitir a partir del lunes la vuelta a la actividad de los trabajadores de las actividades consideradas no esenciales en el estado de alarma. Los números y la evolución, tanto de contagiados como de fallecidos no son aún lo suficientemente estables para que se permita el tránsito de cientos de miles de personas en todas las localidades de España. Es cierto que el decreto del Gobierno de la suspensión de actividad y del permiso retribuido tenía una vigencia, pero la evolución del virus y de los contagios indicaba que lo más necesario para proteger la salud de la ciudadanía pasaba por el mantenimiento de la medida, al menos, otros 15 días más.

Sin embargo, desde el primer día en que el Gobierno tomó esta decisión, los representantes empresariales, con el apoyo de la oposición desleal de derechas y de sus foros mediáticos, se han opuesto a la misma y han hecho patente su presión para que la actividad no esencial volviera lo antes posible. Esta es la deshumanización del capital que tanto daño está haciendo a la humanidad: la anteposición del dinero a todo lo demás, incluso a la vida o a la salud. 

En la situación que se está viviendo por culpa de la pandemia, en la que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar unas decisiones muy duras para la ciudadanía, no es comprensible que se relajen las medidas de protección sólo porque la presión del empresariado y de los representantes del capital deshumanizado se haya hecho insostenible.

Los expertos sanitarios, la propia Organización Mundial de la Salud, han determinado ya como certeza que el gran peligro que tiene el Covid19 está en la transmisión a través de las personas que no tienen síntomas. Hay que recordar que ese peligro ya existió en los años 80 con el SIDA, cuando los seropositivos, que no desarrollaban la enfermedad, contagiaban en silencio. Esto es lo que se pretende evitar, precisamente, con el confinamiento personal y laboral.

Cientos de miles de personas acudirán el lunes a sus empresas utilizando el transporte público porque no pueden hacerlo en su vehículo privado. En los metros, los cercanías o los autobuses será imposible guardar las distancias de seguridad y, por tanto, la presión empresarial será la única culpable de la generación de nuevos focos. No son todos los empresarios, evidentemente, sólo aquellos que anteponen el dinero a la salud de la comunidad, sólo los que priorizan su propio egoísmo al bien común.

Hay que tener en cuenta que los contagios que se produzcan a partir del lunes, que se producirán gracias a la inconsciencia y la inhumanidad empresarial, no tendrán un reflejo estadístico hasta dentro de 10 o 15 días. Entonces el Gobierno se verá obligado a volver a paralizar esa actividad no esencial y, con 28.000 sanitarios contagiados, morirá gente pero, al menos, habrá quienes se regocijen de haber facturado 30 monedas de plata a costa de la vida y la salud de la ciudadanía.

Cuando esto se produzca, ¿quién será el responsable? ¿A quién se culpará? Los mismos que han presionado para que se retomen esas actividades no esenciales, ¿tendrán la desfachatez de culpar al Gobierno?

Respecto al Ejecutivo, ¿no tiene un criterio firme para seguir adoptando medidas duras que antepongan la salud al dinero? ¿Se han recibido presiones internas de quienes, a pesar de tener acceso a los datos y a los análisis de los expertos, se pueden haber posicionado del lado de los empresarios y de los representantes del capital inhumano? Son preguntas que, de producirse el repunte de contagios, alguien tendrá que responder y, por supuesto, asumir sus responsabilidades políticas y humanas.

España sigue reportando, a día de hoy, más de 500 fallecidos diarios y casi 5.000 contagios —precisamente con un ligero ascenso en el día de hoy—, cifras que no son suficientemente bajas como para reabrir la actividad y poner en peligro la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. El daño que va a causar esta precipitación puede ser irreparable y, desde luego, a nivel económico, será mortal para quienes han antepuesto sus cuentas de explotación al bien común.

Francisco Ayala decía que «la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente». En este caso, las presiones al Gobierno son el efecto de una serie de incompetentes, de sociópatas, cuya voluntad está anulada por las cifras de las cuentas de explotación, que pueden tener el mismo final empresarial y económico que, precisamente, aquel que cobró las 30 monedas de plata.

A las dictaduras privadas, a los representantes del capital deshumanizado, no les importan las vidas de las personas ni la salud del pueblo y, sobre todo, serían más felices sometiendo a la humanidad y acabando con las democracias. Por eso, los representantes democráticos del pueblo no pueden permitir que los regímenes de libertades y derechos sean sometidos por quienes, en realidad, no tienen alma, sólo dinero.