La política es esa actividad humana que trata de mejorar la vida de las personas y las sociedades. Sin embargo, las derechas ibéricas han pervertido el concepto, convirtiendo la política en el arte de destruir a toda costa al que piensa diferente. De ahí que se pasen todo el rato ideando montajes, conjuras, complots, bulos y realidades paralelas. Programa político, poco. Copian el de hace una década y marchando. Nada de eso es muy democrático, pero ellos se revisten con el traje de demócratas de toda la vida.
El último ejemplo de hasta dónde son capaces de llegar PP y Vox lo hemos tenido hace solo unas horas, cuando ambos partidos han votado en contra de una directiva europea que busca acabar con la explotación laboral y el trabajo infantil. Alegan populares y voxistas que la medida podría lastrar la competitividad de las empresas europeas. O dicho de otra manera: el dinero por encima de los derechos de las personas, devolviéndonos de nuevo a los tiempos del feudalismo. Sencillamente lamentable.
El proyecto de Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa de la UE (CSDDD) ha salido finalmente adelante, lo cual reconcilia con el género humano y devuelve la confianza en las instituciones. Pero conviene no olvidar esa jornada infame en la que la derecha extrema española y la extrema derecha, como dice Pedro Sánchez, votaron algo tan desalmado y salvaje.
La legislación europea pretende que las empresas que venden productos en la Unión Europea controlen a sus proveedores y tomen medidas si encuentran este tipo de abusos laborales o daños medioambientales. Un ejemplo: comprobar que la fruta y la verdura que se vende en la UE no ha sido recolectada por personas que trabajan en condiciones de trabajo forzoso o por mano de obra infantil.
Los populares europeos se han mostrado divididos en el Parlamento Europeo y los representantes de Vox y del PP han estado del lado de los contrarios a esta ley.
A su juicio, esta normativa impondría trámites burocráticos a las empresas y dañaría su competitividad. “No se les puede hacer responsables de todo lo que hacen sus proveedores”, justificó Ivan Stefanec, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), en el debate de esta normativa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado la postura de estos partidos. “Con Vox y PP todo retroceso es posible, hasta la explotación laboral infantil. ¿Es esta la España que quieren?”, ha escrito en un tuit. No cabe ninguna duda de que el 23J nos jugamos algo trascendental para nuestras vidas: tanto como que quienes tienen el poder nos traten como personas, como ciudadanos con plenos derechos, no como simple ganado, como mano de obra barata, como carnaza para leyes laborales abusivas. En 2012, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, el PP ya dio muestras de hasta donde era capaz de llegar con su forma de gobernar propia de psicópatas desaprensivos. Desahucios inmobiliarios, despido libre y rescate bancario mientras las clases más vulnerables eran abandonadas en la estacada. Una forma muy diferente a como se enfocó la crisis por la pandemia de 2020, cuando el Gobierno de coalición puso en marcha ERTES, ayudas sociales y un más que honroso escudo social. El programa político que nos espera si PP y Vox ganan el 23J no puede ser más aterrador. Sacrificar al ser humano a los pies del dios mercado y mantener los privilegios de las clases más pudientes. Lo hicieron en 2012 y volverán a hacerlo ahora.
