El candidato a alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, nunca ha visto incompatibilidad alguna entre sus acciones en varias empresas multinaciones y su futuro cargo de responsabilidad en Bruselas. Hoy la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aceptado las explicaciones del ministro español de Asuntos Exteriores en funciones y ha dado el visto bueno a la declaración de bienes que en principio ha presentado para aclarar su situación, según acaba de confirmar Europa Press citando fuentes europeas.
En el fondo, la Eurocámara trataba de certificar si era legal que Borrell mantuviera sus acciones en empresas cotizadas como Bayer, Iberdrola y BBVA o el diputado tenía la obligación de desprenderse de ellas, vendiéndolas o transmitiéndolas, para evitar cualquier tipo de suspicacia. De hecho, la noticia de que el ministro en funciones optaba al puesto de alto representante de la UE para la Política Exterior, motivó una petición de información adicional por parte de la Comisión para que aportara toda la documentación al respecto. Tras la oportuna inspección de la Eurocámara se ha concluido que el político socialista no incumple la ley con sus negocios privados.
Ahora bien, aunque Borrell esté dentro de los límites y ningún artículo legal se interponga entre sus acciones y el cargo de responsabilidad que puede ostentar a partir de ahora en Bruselas, surge una cuestión moral que debería ser dilucidada. Vivimos tiempos convulsos en los que a menudo la ciudadanía muestra su indignación y su rabia por el hecho de que sus representantes políticos mantengan negocios privados (generalmente jugosos) simultáneamente al ejercicio de su función pública. La desafección cunde entre los europeos, que ven cómo se suceden escándalos que afectan a las instituciones de la UE y cómo las puertas giratorias erosionan la democracia, por lo que exigen que sus políticos se abstengan de mantener trato comercial o financiero con grandes empresas multinacionales contra las que más tarde o más temprano tendrán que tomar decisiones importantes. De ahí que el cargo electo deba predicar con el ejemplo y dar una apariencia de absoluta independencia. No parece lo más adecuado para mantener una imagen aséptica que un alto cargo como Borrell mantenga un accionariado más o menos importante en compañías que cotizan en Bolsa y cuyos intereses económicos suelen no coincidir con los intereses reales de los ciudadanos. Pero es que además en el caso de Borrell llueve sobre mojado, puesto que el político socialista ya fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una multa de 30.000 euros por usar información privilegiada al vender acciones de Abengoa. El ministro de Asuntos Exteriores se deshizo en 2015 de títulos de la compañía, de la que era consejero, un día antes de que suspendiera pagos y se desplomara en Bolsa.
Por el momento, la última declaración disponible de Josep Borrell es la que el BOE publicó en septiembre de 2018, poco tiempo después de tomar posesión como ministro. En aquella ocasión declaró ser el titular de 589.248 euros en acciones y participaciones de entidades jurídicas negociadas, 983.400 euros en bienes inmuebles y 923.274 en depósitos o cuentas. Poseía además 4.600 euros en seguros de vida, otros 273.967 euros en otros “bienes y derechos de contenido económico” y declaraba un pasivo de 60.969 euros, siempre según Europa Press.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la UE tenía de plazo hasta el 27 de septiembre para dar su visto bueno a los candidatos a comisarios europeos antes de que comiencen sus audiencias parlamentarias el día 30. Borrell tiene previsto comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara el 7 de octubre. ¿Dará explicaciones a la prensa y a la opinión pública cuando llegue ese momento? ¿Y qué pensará entonces un madrileño, un parisino o un berlinés cuando el ministro se siga aferrando a esas acciones que de alguna manera ponen en entredicho su independencia política? Lo lógico y normal para preservar su imagen de imparcialidad sería que renunciara a ellas cuanto antes. Pero de momento el eurodiputado español no ha tomado esa decisión.
Según asegura la agencia de noticias, la declaración de bienes de Borrell ha sido avalada con 17 votos a favor y siete en contra que han procedido del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que pertenece Vox; de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), en el que se integra Unidas Podemos; y Los Verdes-ALE, del que forma parte ERC. Lo cual demuestra que ha habido fuertes reticencias en grupos europarlamentarios de diferentes tendencias políticas.
La cronología de los hechos ha sido la siguiente: la semana pasada, la Comisión de Asuntos Jurídicos, que examina las declaraciones de bienes de los candidatos a comisarios, decidió pedir información adicional a un total de diez aspirantes, incluido Borrell. El ministro envió el lunes una carta a la Comisión en la que dio detalles sobre estas participaciones financieras y concluyó alegando que si la Comisión considera que hay argumentos que apunten a un potencial conflicto de interés, está dispuesto a considerarlos y a seguir las indicaciones que se le faciliten. El grupo parlamentario le preguntó entonces si estaba dispuesto a deshacerse de esos títulos financieros.
En su respuesta, el aún ministro en funciones repuso que hasta la fecha no ha considerado vender las acciones porque suponen una parte muy pequeña de su patrimonio financiero y porque considera que sus sectores de actividad no tienen nada que ver con su actividad futura, igual que no han sido inconveniente para ejercer como ministro de Exteriores español. Detalla además que las acciones que posee en Iberdrola suponen un 2,3 por ciento de su cartera financiera, mientras que las de Bayer ascienden al 2,5 por ciento y las del BBVA a un 8,10 por ciento. Las declaraciones de bienes de los futuros comisarios serán públicas una vez que sean confirmados en sus cargos.
