El órgano de gobierno del poder judicial no tiene previsto iniciar ningún tipo de expediente sancionador contra la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, que este lunes en el diario ABC, en su primera entrevista a un medio de comunicación, aseguraba que había existido un pacto entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a petición de Partido Popular y PSOE para apartarla de los cursos de formación porque había constatado la presencia de hechos “sumamente graves”. De este modo, fuentes del Poder Judicial han asegurado a Diario16 que no se ha abierto ningún proceso contra la jueza Alaya, como así lo dejó entrever este lunes uno de sus vocales, José Macías Castaño, antes de intervenir en un foro en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuentes del Poder Judicial desmienten que se haya abierto expediente a la jueza por sus declaraciones
Antes de participar en este encuentro de expertos juristas en contencioso administrativo, Macías Castaño avanzó que tanto él como el resto de compañeros que integran este órgano de gobierno tienen su opinión sobre lo correcto, lo oportuno y lo adecuado de las manifestaciones de la jueza Alaya, pero prefirió “no anticipar nada” hasta que el Poder Judicial decida al respecto, algo que de momento no va encaminado hacia un proceso sancionador contra la magistrada.
Según este vocal, es a la propia Alaya a quien “le correspondería valorar qué es lo que ha dicho, la oportunidad de hacerlas, y si eso realmente es algo que beneficia o no beneficia el trabajo que ha venido desarrollando”. Macías Castaño cree que debe ser la propia jueza Alaya la que valore si sus acusaciones contra el propio Poder Judicial, el Partido Popular y el PSOE “benefician o no” el trabajo que ha venido realizando durante la instrucción del caso de los ERE irregulares y el de los cursos de formación.
Alaya aseguró este lunes que tanto los vocales de PSOE como los propuestos a petición del PP votaron en el CGPJ “apartarla” de las macrocausas porque existía “miedo” a que ella siguiera investigando el caso de los cursos de formación, donde asegura haberse encontrado hechos “sumamente graves”.
