Podemos va a abrir otro frente con el PSOE, esta vez a cuenta de la ley de Sanidad que prepara la ministra Carolina Darias. Los morados están que trinan con este asunto y no se fían de que Pedro Sánchez ponga coto y veto a las privatizaciones, gran cáncer de nuestra Seguridad Social. La situación entre ambos socios de Gobierno es cada vez más tensa mientras se acerca el momento crucial de una ley que debe garantizar el futuro de nuestro sistema público sanitario para los próximos años. Así las cosas, no está claro que Moncloa pueda sacar adelante un texto legal en el que millones de españoles han depositado sus esperanzas y las máximas expectativas.
Tras la pandemia, ha quedado acreditado que la salud es lo que importa, que los sucesivos recortes de Mariano Rajoy habían dejado bajo mínimos las plantillas de hospitales y centros de salud y que si llega un nuevo virus mutante (que llegará más pronto que tarde) debemos estar preparados. La experiencia del covid debería servirnos de escarmiento. Las trágicas imágenes de médicos y enfermeras fabricándose trajes de protección con bolsas de basura no deberían volver a repetirse pero los fondos siguen sin llegar. Además, a día de hoy no se han renovado los contratos de miles de profesionales que se dejaron la piel en aquel infierno, los salarios siguen siendo raquíticos y la fuga de cerebros al extranjero prosigue dramáticamente. Pedro Sánchez sabe que se la juega con una de las leyes más sensibles de esta legislatura, una reforma que debe garantizar el futuro de nuestra Sanidad pública, esa que muchos optimistas siguen considerando la mejor del mundo.
Pero más allá de que el Gobierno destine los fondos necesarios para mejorar las condiciones laborales de las plantillas, el auténtico caballo de batalla de la nueva ley se centrará en las privatizaciones. Las derechas españolas (con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza) ya no se esconden a la hora de poner en marcha sus voraces planes privatizadores. Allá donde gobiernan venden a trozos nuestra Sanidad y lo hacen mediante la “externalización”, ese nauseabundo eufemismo mediante el cual ceden a empresas amigas la gestión de los diferentes servicios hospitalarios y centros de salud.
En realidad, lo que se oculta tras estas prácticas es un intento descarado por desmantelar lo público y por convencer al ciudadano de que el futuro, una vez que ha colapsado el sistema, está en la Sanidad privada. Tras la pandemia, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de todo tipo han aumentado de forma alarmante, un desastre que al PP, allá donde gobierna, no solo no le preocupa, sino que se esfuerza en alimentar. Sabe que cuanto más crezca el malestar y el descontento popular con la lenta y tortuosa Seguridad Social, más pacientes buscarán solución en la privada. No hay más que echar un vistazo a la televisión y comprobar cómo han proliferado los anuncios de compañías de mutuas y seguros que ofrecen una supuesta atención médica y de calidad con ofertas a un módico precio. Sonrojan esos spots publicitarios en los que especialistas de todas las áreas de la medicina (preparadísimos, atentísimos y con la presencia de auténticos modelos de almanaque) se ponen al servicio del paciente las 24 horas del día. Obviamente, el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía no puede ser otro que: “No esperes a la Sanidad pública kafkiana y tortuosa; paga 50 euros al mes y nosotros te lo damos todo a la mayor rapidez”. Y así es como, tras años de abandono y de bulos neoliberales sobre lo caro que resulta mantener el Estado de bienestar, hemos llegado al gran negocio de la salud.
La consigna ayusista se está imponiendo de forma preocupante y ya hasta la más elemental cobertura sanitaria estatal se considera comunismo chavista y bolivariano. Contra todas estas tropelías trata de plantarse Unidas Podemos presionando a Pedro Sánchez para que preserve cuanto antes lo poco que va quedando de la Seguridad Social (de hecho, hace años que ese blindaje debería haberse recogido en la Constitución del 78). Los morados no votarán la ley Darias si no se pone freno a las ansias privatizadoras y si la nueva ley no va acompañada de presupuestos concretos para reflotar la Sanidad. Ayer mismo, Podemos filtró que no darán su apoyo a una ley si no se ofrecen garantías de que el sistema de salud pública seguirá funcionando como hasta ahora, cortándose el paso a todo aquel que pretenda privatizarlo. Es decir, la Sanidad no se toca, debe seguir siendo gratuita y universal.
De momento, Unidas Podemos quiere introducir enmiendas al nuevo texto legal (hasta once) para que se eliminen aquellos “conceptos privatizadores” que José María Aznar introdujo en su nefasta ley de 1997 (votada a favor por el PSOE, todo hay que decirlo) y que ha permitido vender los centros sanitarios estatales por parcelas y al mejor postor (el agraciado suele ser un fondo buitre, un comisionista avispado o el amigo del concejal de turno). Hoy resulta imposible que a uno le atiendan en un hospital sin que la mano de la empresa privada se note en todo, en las comidas y en el catering que se ofrece a los pacientes, en los servicios de lavandería y limpieza, en el aparcamiento y hasta en las horas de televisión que el paciente ingresado tiene que pagar a tocateja (en un hospital ya no se regala nada, atrás quedaron los juramentos hipocráticos y el altruismo humanista).
No se trata de renunciar a la colaboración con la empresa privada, fundamental en todo sistema capitalista, sino de que ese trabajo conjunto entre la iniciativa pública y la empresarial sea excepcional y solo durante un tiempo determinado, como puede ser una pandemia. Si no se pasa página a aquella ley privatizadora del PP, si el PSOE vuelve a dar gato por liebre –como ya ocurrió con la reforma laboral (al final no hubo derogación íntegra, solo liquidación de los “aspectos más lesivos” y ni siquiera eso)–, Sánchez puede encontrarse con la primera ley tumbada por sus propios socios de Gobierno. Y eso, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, sí que no es un buen negocio.
