Con respecto a la fecha que propone el ejecutivo en funciones para conmemorar a las víctimas de la dictadura franquista, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) está en desacuerdo con el planteamiento que señala el 31 de octubre, día en que se aprobó la Constitución de 1978 y la Ley de la Memoria Histórica. “Creemos que la fecha conmemorativa debe ser el 18 de julio, porque además del reconocimiento a las víctimas es necesario el rechazo explícito a los verdugos y a quienes hicieron de la violencia y el asesinato de decenas de miles de civiles un medio para destruir la democracia”, explica su presidente, Emilio Silva. Y añade: “Creemos que hay que conmemorarlas de ese modo, como se hace en la Unión Europea con los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 o el asesinato de cualquier otra víctima de la violencia”.
Con respecto a los títulos nobiliarios llevamos años exigiendo a diferentes gobiernos la retirada de los mismos y de cualquier otro reconocimiento medalla o beneficio de cualquier tipo que proceda de una institución del Estado. “No se puede rendir ningún tipo der homenaje a cometieron más de 100.000 asesinatos de hombres y mujeres civiles, violaron y miran a miles de ellas, torturaron por pensar de otra manera a miles de personas y secuestraron durante 40 años la democracia”, explica Silva. “Si en España no hubiera impunidad los títulos nobiliarios y las medallas a policías franquistas servirían como pruebas de sus crímenes”.
Por tanto, la retirada de esos reconocimientos debe ser extensiva a cualquier mérito dictado por una institución pública, como lo son las medallas del torturador José Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, que sigue cobrando un 50% más de pensión por sus servicios extraordinarios a la policía franquista. Nadie entendería que un terrorista o cualquier otro asesino tuviera una pensión del Estado.
Ante las políticas anunciadas en materia de memoria histórica por el Gobierno en funciones, si consigue renovar su mandato, ARMH quiere solicitar la presidencia del ejecutivo que el nombramiento de la persona que ocupe el puesto de la Dirección General de la Memoria no surja de un partido político, como ha sido hasta ahora, sino que se lleve a cabo la selección de alguien que proceda del ámbito los Derechos Humanos, porque esa política no hay que encuadrarla en el marco de un partido político. La memoria pública debe ser patrimonio inmaterial de toda la sociedad y por tanto es necesario sacar esas políticas de la pelea de partidos y propiciar su apertura a toda la sociedad.
