Desde 1993, es decir después de 27 años que millones de peruanos rechazaron la nueva constitución que impuso el aventurero Alberto Fujimori Fujimori, ayer 30 de Setiembre el presidente del Poder Ejecutivo de la República andina, en uso de sus facultades jurídicas y el respaldo de la mayoría de los 33 millones de habitantes, decidió el cierre Congreso, llamado primer poder del estado, precisamente por aquellos parlamentarios que han provocado una creciente inestabilidad institucional.
La disolución constitucional del Congreso de la República del Perú anunciada esta tarde por el presidente Martín Vizcarra y la convocatoria a elecciones parlamentarias se conoció ayer por la tarde.
El representante de la Nación, explicó a la comunidad internacional que esta decisión es un acto jurídico previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.
El Mandatario anunció que en caso «el Congreso no debatiera la cuestión de confianza anunciada por su gobierno tomarían la misma como negada” e inmediatamente decidió “ la convocatoria a elecciones legislativas».
Esta decisión anunciada en forma reiterada en tanto el Congreso rechazó la cuestión de confianza que el Gobierno había anunciado tres días antes, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
El presidente Vizcarra en una exposición abierta declaró haber decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas, considerando que es un acto constitucional.
El vaso de agua se colmó cuando el Congreso decidiera votar por la elección del Tribunal Constitucional a pesar de un pedido en contra del Ejecutivo.
El choque de poderes que venía sufriendo la estructura condujo a que El presidente ordenara el cierre del Congreso. Vizcarra explicó que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello dijo textualmente: ‘decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República’
Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional expresaron su respaldo al presidente Vizcarra. Los gobernadores regionales respaldan la disolución constitucional del Congreso
Poder Ejecutivo convocó a elecciones congresales para el 26 de enero de 2020.
La disolución del Congreso está amparada en la Constitución, afirmó el jurista y ex canciller Diego García Sayán. Vicente Zeballos juró como nuevo presidente del Consejo de Ministro.
La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, lamentó que el quinquenio político entre el 2016 y 2021 esté marcado por duras discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo, y previó que estas discrepancias podrían continuar en lo que resta del periodo en mención.
“Creo que debe haber un balance de poderes y evidentemente el Presidente Martín Vizcarra es respetuoso de ello. Por el lado del Congreso (como congresista y presidenta de la Comisión de Economía) proponemos el ejercicio de un diálogo permanente que nos permita encontrar salidas políticas adecuadas por el bien del país”, declaró a Andina, la agencia oficial peruana.
Las voces de respaldo al cierre del llamado primer poder del Estado, se sustenta en las fuertes confrontaciones con el Ejecutivo las cuales impedían la marcha del país dentro de un contexto democrático. No faltan voces que subrayan que el cierre del Congreso de la República generaría una fuerte turbulencia política con repercusiones negativas a la economía (o el Producto Bruto Interno) en el corto y mediano plazo, toda vez que la incertidumbre ahuyentaría a las inversiones y paralizaría el gasto público, además frustraría las reformas políticas que se vienen impulsando.
Este cierre del Congreso y la convocatoria a la elección de los nuevos congresistas, repercutirá sobre la marcha del Poder Judicial, que estaba atrapado por decisiones subterráneas del Congreso en alianza con los fiscales de la nación para dilatar los juicios por corrupción a los expresidentes Toledo, Humala,Kuzcynski. Fujimori cumple condena por 25 años en un penal del Callao y el proceso contra García Pérez, quedó trunco con el sorpresivo suicidio.
Comentario final. No obstante este clima de inestabilidad política desde hace casi tres décadas no se ha traducido en extremo en la economía. Posiblemente se debe a una expansiva economía informal, con narcotráfico, malversaciones de fondos públicos. El caso Odebrecht atraviesa la espina dorsal del Perú y varios países y muestra lo mucho que necesita esta Región de instituciones sustentadas en la Etica individual y colectiva.
