Pedro Sánchez regala la Moncloa a Ayuso o Feijoo con la derogación del delito de sedición

La derogación del delito de sedición por parte del Gobierno va a tener como principal consecuencia un elevado coste electoral para la izquierda española, tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas y, sobre todo, en las generales que deben celebrarse dentro de un año. Para una ciudadanía muy quemada por la situación económica del país, la presentación por parte del PSOE y de Unidas Podemos de esta reforma del Código Penal, sólo quedaba echar gasolina a un fuego que ya estaba prácticamente apagado.

Pedro Sánchez ha cometido un error de cálculo, no ha sabido marcar los tiempos a la hora de lanzarse a una medida que tiene mucho calado en los sentimientos de la ciudadanía. El presidente del Gobierno ha entregado al PP y a Vox la munición necesaria para volver a reanudar una guerra patriótica que ya estaba olvidada.

Las medidas del gobierno para paliar las consecuencias de la crisis habían ido dejando sin argumentos tanto a Alberto Núñez Feijoo como a Isabel Díaz Ayuso. En el caso de la presidenta madrileña se encuentra en una posición muy difícil por culpa de la nefasta gestión de la sanidad. Sin embargo, la derogación del delito de secesión le ha dado aire y argumentos suficientes para continuar su guerra contra Sánchez y, sobre todo, para crear una cortina de humo por la que no se hable de sus problemas de gestión y la mirada de la ciudadanía se vuelva a focalizar en el gobierno central.

¿Había que derogar el delito de secesión? Sin duda. ¿Este era el momento político adecuado? Evidentemente, no.

El coste electoral que va a sufrir el PSOE va a ser incalculable. El mero hecho de que Patxi López afirmara en su comparecencia que «el PSOE arriesga para buscar soluciones y sabe que por encima de sus siglas está la convivencia en nuestro país, y no enfrenta a los territorios ni a los ciudadanos como hace el PP. Este es el PSOE que sabe que hace política para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, aunque le cueste votos, y es el PSOE que sabe que moviéndose dentro de la Constitución y del Estado de Derecho la traición estaría en no intentarlo» es el reconocimiento explícito de ello.

Sánchez impulsa a Ayuso

Tanto Alberto Núñez Feijoo como Isabel Díaz Ayuso estaban en un momento difícil. Se les estaban viendo las costuras y perdido apoyo popular. Sin embargo, Sánchez les ha regalado las llaves del gobierno. Desde hoy hasta el día de las elecciones sólo tendrán que recoger el argumentario patriotero. Además, en este escenario quien sale más beneficiada es la presidenta de la Comunidad de Madrid en su carrera no reconocida hacia la Moncloa.

Ayuso se mueve muy bien en los discursos patrióticos porque entran dentro de los parámetros del «trumpismo» en el que ella mejor maniobra. No en vano, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar al anuncio de la presentación del proyecto de ley.

«Sobre el delito de sedición, sobre todo, lo que estamos viendo es que con esta reforma Sánchez firma la rendición del Estado de Derecho ante los que quieren romper España. Es un paso más para romper el orden constitucional y reducir a España a una república federal y España no se vende y España no puede rendirse y esto lo tienen que tener claro tanto Sánchez como sus socios», ha dicho Ayuso.

Expresiones como «España no se vende» o «España no puede rendirse» están muy bien calculadas porque calan, no sólo entre los ciudadanos más conservadores, sino en una parte de los votantes del PSOE que están totalmente en desacuerdo con cualquier concesión a los nacionalistas o los independentistas. Los propios barones socialistas han mostrado siempre su oposición a las medidas de Sánchez que contuvieran concesiones a las reivindicaciones catalanas o vascas. Por eso desde el PP se ha lanzado un llamamiento a esos líderes socialistas para que se unan a ellos contra Sánchez.

Derogación del delito de sedición

Esta polémica no habría tenido ninguna trascendencia si no hubiese existido el procés. Sin embargo, el 1 de octubre de 2017 se produjo el referéndum ilegal y 10 días después la declaración unilateral de independencia, aunque duró sólo unos pocos segundos. A partir de ese momento se encarceló a algunos líderes independentistas y otros se fugaron de España. Posteriormente, las condenas fueron por sedición y malversación de fondos, no por rebelión.

Para los líderes independentistas que se encuentran fugados se lanzaron órdenes de captura y peticiones de extradición que fueron rechazadas porque, precisamente, el delito de sedición no se encontraba en los ordenamientos jurídicos de Alemania y Bélgica. Es precisamente esta la razón que esgrime el gobierno para justificar: la adecuación del ordenamiento jurídico español al europeo.

Precisamente, España era el único país con este delito incorporado a sus códigos legales y, además, era una reminiscencia más, de las muchas que quedan, del franquismo. El ordenamiento jurídico español tiene suficientes figuras para penar los atentados contra la unidad territorial del país. El delito de sedición no aportaba nada, salvo para quienes pretenden el sometimiento de Cataluña y Euskadi.

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, escribió en eldiario.es que «el mantenimiento o reforma o supresión del delito de sedición es un problema de qué democracia queremos tener. Es un indicador de la calidad de nuestra democracia. No es un problema especialmente complejo. Todo lo contrario». El problema está en que la derecha de este país no quiere reformar la democracia nacida del franquismo y el coste para la izquierda va a ser demoledor.