La patronal del juego tacha de oportunista el borrador que regula medidas de protección a los menores

La Comunidad de Madrid (CAM) reaccionó el pasado mes de diciembre ante la polémica y la alarma social generada por, en primer lugar, la proliferación de salones de juego y casas de apuestas, en segundo término, el acceso de menores a estos establecimientos y, en tercer lugar, por la cercanía de los locales a zonas donde hay concentración diaria de menores de edad como, por ejemplo, colegios e institutos.

Para ello publicó un borrador de decreto en el que se indican, entre otras cosas, como motivación principal del texto el refuerzo de las medidas de protección para menores de edad «con el fin de operar preventivamente en relación con las conductas que puedan predisponer a tomar parte en actividades de juego presencial […] la iniciativa pretende pues impedir de manera plena y eficaz el acceso al juego en salones y locales específicos y zonas de apuestas de aquellas personas que tienen prohibida su participación en los mismos, de tal manera que se controle, no solo el acceso a los juegos como se hace en la actualidad, sino su acceso a los propios locales, a fin de paliar las posibles externalidades negativas que esta actividad pueda generar», indica el borrador.

En base a estos parámetros, la Comunidad de Madrid, dispone la modificación del régimen de control de acceso en dichos locales estableciendo el deber de situar a la entrada un servicio de control de admisión y registro en el que obligatoriamente se tenga que identificar y registrar a todas aquellas personas que quieran acceder a los mismos, a fin de conseguir que no se permita el acceso a ningún usuario que lo tenga prohibido. Con ello se pretende conseguir el principio de tolerancia cero a la entrada de menores y personas vulnerables en locales de juegos y apuestas que preside la actuación de la Comunidad de Madrid en esta materia, « haciendo obligatorio que la totalidad de estos establecimientos cuenten con barreras físicas reales que impidan el acceso y admisión de persona que no hayan entrado en la mayoría de edad y/o de personas inscritas en el RIAJ», señala el borrador del decreto.

En otro orden, la Comunidad de Madrid también pretende evitar las confusiones que pueden inducir a los usuarios de estos salones de juego en referencia a la rotulación exterior.

Sin embargo, la medida más importante que propone la Comunidad de Madrid, en relación con la protección de los menores, es el establecimiento de un requisito adicional para la obtención de las autorizaciones de funcionamiento de salones de juego y de locales de apuestas, consistente en el establecimiento de restricciones de la posible ubicación de este tipo de locales de juego respecto a determinadas zonas y espacios frecuentados por menores, con un mínimo de 100 metros de distancia.

Estas medidas, a todas luces lógicas, aunque insuficientes teniendo en cuenta los problemas de ludopatía que están empezando a aflorar en edades cada vez más tempranas, no han sido bien recibidas por el sector del juego, quien las ha calificado como de «oportunistas» y que contiene medidas desproporcionadas.

El Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO) y la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) han presentado alegaciones a este borrador y cuestionaron en una rueda de prensa la disposición que establece únicamente una distancia mínima de 100 metros entre salones de juego y locales de apuestas y centros escolares, puesto que no aborda la situación real de la Comunidad de Madrid ni la proliferación de estos establecimientos en ciertas arterías comerciales.

Además, se oponen radicalmente a que una disposición que está creada como un sistema de protección del menor afecte a las empresas que en el momento de la renovación de la autorización estén instaladas a menos de 100 metros de un centro de enseñanza porque atentaría, según estas dos asociaciones, contra la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados.

En referencia a los puntos de control para menores y personas incluidas en el RIAJ, las asociaciones empresariales del juego se oponen al hecho de tener que contar con personal dedicado de forma exclusiva al control de admisión ya que, según su versión, los actuales sistemas de control funcionan y, para demostrarlo, pusieron sobre la mesa el dato de la propia Comunidad de Madrid por el que de más de 22.000 inspecciones realizadas sólo se encontraron en los locales de juego o apuestas a 22 menores.

Según la patronal del juego, implantar esta medida pondría en riesgo de cierre al 25% de los establecimientos, añadiendo que el aporte económico de este sector a la Comunidad de Madrid supera los 140 millones de euros, además de que crea más de 37.000 empleos. Sin embargo, siempre según las patronales, la aprobación de este borrador de decreto supondría una pérdida de más de 1400 puestos de trabajo.

Sin embargo, a pesar de los datos y las explicaciones de la patronal, los menores siguen entrando no sólo en los locales de apuestas o los salones de juego, sino que lo hacen en los Sport Bar donde, mientras están disfrutando de un partido de fútbol, tienen al alcance de su mano las máquinas expendedoras en las que pueden realizar sus apuestas. La proliferación de estos establecimientos en zonas cercanas a los colegios sigue ahí y, según denuncias interpuestas por asociaciones de vecinos o testimonios recogidos por Diario16 en distintos institutos de la ciudad de Madrid o zonas de ocio con locales de juego cercanos, los menores reconocen que entran y que apuestan.