De todas las asignaturas pendientes que tenemos, la de la Justicia es de las más importantes. Siempre se habla acerca de la necesidad de dotarnos de una Justicia realmente independiente, pero a la hora de abordarlo se suele hacer de forma que suena muy bien, como por elección directa de los jueces y magistrados.
De hacerse por éste procedimiento, con toda probabilidad los problemas que venimos soportando con ésta Justicia en muchas ocasiones injusta, persistirían y según están amenazando la derecha extrema y la extrema derecha, piensan utilizar los tribunales para hacer oposición al Gobierno progresista y de izquierda recientemente constituido, en leyes democráticamente aprobadas en el Parlamento, pero que denunciaran y procuraran cuando menos paralizarlas, por mediación del Tribunal Supremo y en determinados casos por el propio Constitucional.
Éste fue el tribunal en el que se apoyo el Partido Popular para cuestionar y abortar las reformas del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido inicialmente aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 y posteriormente, en noviembre de ese mismo año con modificaciones por el Congreso de los Diputados. Siendo sometido a referéndum de los catalanes el 18 de junio de 2006 y aprobado por el 74% de los votantes.
El Partido Popular ganó un recurso de inconstitucionalidad que presentó el 31 de julio de 2006. La sentencia se alargo cerca de cuatro años, concretamente hasta el 28 de junio de 2010 que fue cuando se dictó y publicó.
Desde ese entonces venimos sufriendo las consecuencias, con la radicalización y enfrentamientos entre la nefasta derecha nacionalista española y la catalana independentista que ha incrementado sus apoyos de un 11% en 2011, cuando el PP con Mariano Rajoy accede al Gobierno, hasta un 48 % al tener que abandonarlo por prosperar la moción de censura de la oposición con Pedro Sánchez y el PSOE al frente, motivada con arreglo a la sentencia condenatoria por corrupción del Partido Popular en el Caso Gurtel. Fue presentada el 25 de mayo de 2018 y debatida el 31 de mayo y 1 de junio de ese mismo año y habiendo prosperado cuando se voto en éste día, posibilitó el acceso de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Lo cierto es que los enfrentamientos entre ellos ha venido crispando y agravando cada vez más la situación política y la convivencia, hasta hacerse realmente insoportable, pero como se puede comprobar les ha venido reportando a ambos réditos electorales. De una parte debido al victimismo practicado por los catalanes independentistas y de la otra, como consecuencia del rancio españolismo patriotero desplegado por la derecha española.
Igual que otros poderes, el Judicial es mayoritariamente conservador y le será muy difícil al Gobierno, abordar y sacar adelante leyes de alto calado social y económico, lo mismo que otras decisiones y acuerdos políticos que pretenda adoptar, como se ha comprobado con la elección de la Fiscalía General del Estado. Cumpliendo todos los requisitos, es potestad del presidente del Gobierno su designación, y es lo que en ese sentido ha hecho Pedro Sánchez, otorgándole esa responsabilidad a la anterior ministra de Justicia Dolores Delgado. De inmediato, el Partido Popular ha amenazado con llevar el caso a los tribunales y VOX directamente plantea llevarlo tipificándolo como prevaricación al propio Tribunal Supremo.
Es evidente que si queremos de verdad y sin retórica una Justicia independiente, ésta debe emanar del Pueblo y en consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido por Sufragio Universal. Después y con toda la autoridad moral que le ha dado esa formula de elección, podría designar a los Tribunales Supremo y Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. De lo contrario, seguiremos sufriendo las consecuencias y agravándose cada vez más, como desean las derechas conservadoras y la reaccionaria ultraderecha.
