Dentro de nueve días, el periodista español Pablo González cumplirá 41 años, y lo hará en la prisión polaca de Rzeszów. Será su segundo cumpleaños en el centro penitenciario en calidad de recluso. Prácticamente incomunicado, sin haber recibido, apenas, visitas. El cónsul español, su abogado, Gonzalo Boyé, y su mujer Oihana son los únicos que le han podido ver. Oihana recibe, periódicamente, cartas donde dice que se encuentra bien.
No. Esto no ocurre en un país africano. Esto ocurre en el territorio de un socio de la UE, Polonia, donde parece ser que los detenidos no tienen derechos y más si son acusados de ser espías de Rusia. Y a todo esto, Bruselas no ha dicho ni mu en este asunto.
Al término de la Segunda Guerra Mundial los países vencedores decidieron dotarse de una estructura lo suficientemente consistente como para garantizar la independencia, la imparcialidad y la eficacia de la justicia. La influencia de la Unión Soviética provocó que esas garantías quedasen en papel mojado en los llamados “países satélites de la URSS”. Cuando éstos recuperaron sus libertades y aspiraron a entrar en la Unión Europea adecuaron sus sistemas judiciales a los parámetros de los miembros del club de Bruselas. Pero, con el tiempo, alguno de esos miembros, Polonia y Hungría principalmente, han modificado este sistema judicial hasta convertirlo en una correa de transmisión del poder ejecutivo donde apenas se respetan los derechos humanos. La Comisión Europea les ha llamado al orden. Incluso les ha sancionado. Hay sentencias desfavorables del Tribunal de Justicia. De nada han servido las advertencias.
Y de esos lodos vienen estos barros. Polonia se permite el lujo de tener en la cárcel sin juicio y sin acusaciones consistentes a un ciudadano de otro país perteneciente a la UE. El tribunal que le tutela volverá a revisar su estancia en prisión el 24 de mayo y todo parece indicar que prorrogará su encarcelamiento. Mientras tanto, el ministro de exteriores, José Manuel Albares, asegura que le están tratando bien en la cárcel.
No se le debe estar tratando tan bien cuando lleva, ya, 14 meses encarcelado y no se ha fijado una fecha para celebrar el correspondiente juicio con todas las garantías legales. Ni siquiera su abogado, Gonzalo Boyé, ha podido acceder al expediente. Sólo se han podido conocer algunos detalles de las acusaciones que se le hace.
Tiene dos pasaportes: uno español y otro ruso. Y eso levanta sospechas entre las autoridades polacas. Pero la posesión de esos dos pasaportes está plenamente justificada. Es ruso por parte de padre y español por parte de madre. Sus progenitores se divorciaron y la esposa decidió volver a España y llevarse a su hijo el cual se dedica al periodismo “free lance” especializándose en política y geoestrategia de los países del Este. Un poco antes del comienzo de la guerra con Ucrania, González estaba en la región de Donbás, al este del país, tramitando los permisos para hacer unos reportajes cuando fue llamado a Kiev para ser interrogado por las autoridades ucranias. González, no teniendo nada que ocultar, se presentó. Y allí se encontró con las primeras acusaciones de espionaje. Paralelamente a su mujer, Oihana, miembros del servicio de espionaje español, el CNI, la interrogaron en su domicilio de Sestao. La operación para detener al periodista estaba en marcha.
A González le acusan de recibir “periódicamente” dinero en una cuenta de la “sospechosa” Caja Laboral en Euskadi. Ese dinero está comprobado que se lo ingresa su padre en concepto de rentas de los alquileres de unos inmuebles propiedad de la familia: en total son 350 euros al mes. Pablo González no gana más de 600 euros al mes por sus colaboraciones en publicaciones españolas, Público y Gara entre otras. Por publicar en Gara le acusan de ser periodista de un “medio de ETA y de influencia rusa” como si eso fuese un delito. Todo lo contrario, el periodista puede ejercer libremente su profesión en cualquier medio que le garantice la libertad de expresión. No parece que, con esos medios, Pablo González pueda tener una “vida de espía”. Más bien todo lo contrario. Como el mismo dijo una vez “voy a ganarme el pan”. Eso nada más.
Acusaciones sin consistencia jurídica que en un juicio con las debidas garantías sería desmontado por los abogados defensores. Claro está, a no ser que a la ciudadanía española se le esté ocultando otras cosas de las actividades de Pablo González.
Éste, cuando fue detenido, se encontraba en la frontera ruso-polaca cubriendo la información de la llegada de refugiados procedentes de las localidades ucranias más castigadas por la contienda. González nunca ha ocultado sus simpatías hacia la causa rusa. Eso es verdad. Pero eso no es ningún delito.
Sí es delito que un estado presumiblemente democrático y de derecho, mantenga a un ciudadano retenido en la cárcel durante 14 meses sin acusaciones concretas y sin haberse llevado a cabo diligencias judiciales conocidas. En otras palabras, preso al mas puro estilo de las repúblicas bananeras, pero con la diferencia de que Polonia es un miembro de la Unión Europea donde imperan unos principios diferentes a los de las dictaduras.
Una de dos. O se pone fin a este estado de cosas o se corre un serio peligro de que la UE se diluya como un azucarillo en un vaso de agua debido a que se están vulnerando sus principios fundamentales por parte de algunos países.
