Otro tic franquista de Vox: tampoco le gustan los sindicatos

Franco odiaba  el sindicalismo, máxima expresión de la movilización obrera en defensa de sus derechos civiles y políticos y de la eterna lucha de clases. De hecho, en cuanto llegó al poder lo primero que hizo fue prohibir los sindicatos en España (la gran venganza del dictador contra el apoyo de la CNT y la UGT a la causa republicana) eso sí, sustituyéndolos por la Organización Sindical Española, más comúnmente conocida como Sindicato Vertical. Esa fue su hábil manera de tener controlada y bajo su yugo a la clase trabajadora española, mientras los topos, comisarios e infiltrados del Régimen pasaban informes al Pardo, constantemente, sobre cualquier posible revuelta, huelga o intento de disidencia. Por supuesto, todo aquel que movía pasquines marxistas era debidamente detenido por la Brigada Política Social y daba con sus huesos en los calabozos.

Durante casi cuarenta años, entre 1940 y 1977, el Sindicato Vertical −en realidad una patraña más del franquismo para dar apariencia de orden, estabilidad y paz social−, se convirtió en el único sindicato legal autorizado. Trabajadores y empresarios pasaron a ser denominados “productores” (ambos debían producir para el Estado) y estaban obligados por ley a afiliarse al mal llamado “sindicato”.​ Tras la muerte de Franco, Adolfo Suárez abolió el esperpento franquista y de esa manera la democracia recuperó la libertad sindical y el derecho al asociacionismo obrero.

Hoy los herederos de Franco, esos que tratan de convencer al pueblo de que no son fascistas −léase la última entrevista de Santiago Abascal en La Voz de Galicia tras visitar a su “abueliña”− también sienten una alergia severa a todo lo que sea organización y estructura del movimiento obrero. Los sindicatos son demonizados por los señores de Vox sencillamente porque una clase trabajadora sin sindicatos es una masa social mucho más desclasada, dividida, desorientada, aborregada y fácilmente manipulable por el patrón, el gran capital y el poder fascista. De ahí que el antisindicalismo −junto al antifeminismo, el anticomunismo, el supremacismo blanco y la homofobia− sea uno de los grandes pilares del nuevo movimiento nacional patriótico en ciernes. Ayer, sin ir más lejos, Vox colgaba uno de sus habituales panfletos reaccionarios en su página web tratando de erosionar la imagen del movimiento obrero: “Los sindicatos vuelven a traicionar a los trabajadores. La Fiscalía denuncia a UGT y Comisiones Obreras por quedarse con 6,7 millones”. La supuesta información (en realidad no es más que propaganda política encubierta) se completa al asegurar que la denuncia ha sido presentada contra las antiguas direcciones de las federaciones regionales de los sindicatos CC.OO y Unión General de los Trabajadores. “Se aprecia un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos y rebaja la cifra que, en un primer momento, habría reclamado la Administración a los sindicatos y que la Junta de Andalucía estimó en más de siete millones de euros”.

Nadie que se considere un auténtico demócrata puede tolerar la corrupción en los sindicatos, como tampoco puede admitirla en los partidos políticos, en la Administración de Justicia o en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por ejemplo. Pero de ahí a generalizar y considerar a los sindicatos, todos los sindicatos y todos los sindicalistas sin excepción, como una cueva de ladrones, sin excepción, hay un mundo. La criminalización de Comisiones Obreras y UGT es un maquiavélico e injusto ejercicio de denigración, una burda campaña de desprestigio que solo tiene un objetivo: acabar con las organizaciones sindicales de izquierdas e implantar, a la larga, un nuevo Sindicato Vertical sumiso con los intereses de la extrema derecha, el caciquismo y las élites económicas.

“El continuo desfalco ha minado la confianza en unos sindicatos ya marcados por el descrédito que adquirieron debido a su cercanía con el poder, que los situaba en la órbita de los grandes partidos de izquierda que pasaban por el Gobierno de turno. Este hecho generó un modus vivendi que, lejos de centrarse en el bienestar de los trabajadores, generó un bienestar para los sindicatos y su estructura, acomodados hoy a la sombra del poder”, dice la nota de prensa. Más claro agua.

El comunicado termina con una declaración de Abascal, que denuncia el asunto en las redes sociales y califica de “comisarios” a los líderes sindicales bajo sospecha: “Los trabajadores españoles se merecen sindicatos honrados. Sindicatos que les protejan. No una pandilla de comisarios políticos y corruptos al servicio del Gobierno y las grandes empresas”. No todos los sindicalistas son honrados, como tampoco lo son los jueces, los policías, los banqueros y mucho menos los políticos. Pretender acabar con los sindicatos por casos aislados de corrupción es una reducción tan absurda y simplista como querer liquidar los juzgados, las fuerzas del orden, los bancos y los partidos por el mero hecho de que haya alguna manzana podrida en el cesto. Lo que exige la lógica es que se investigue cada asunto turbio hasta las últimas consecuencias, sin tratar de arrebatar a los trabajadores sus herramientas más poderosas de reivindicación y lucha contra los abusos laborales. Pero una vez más, el líder de Vox asoma la patita. Parece difícil que el jefe de la extrema derecha española pueda pasar el famoso “test del pato”, ese método de razonamiento inductivo que permite detectar dónde hay un lobo con piel de cordero, un nostálgico encubierto, un posible añorante del Antiguo Régimen. El conocido test (invocado a veces por Gabriel Rufián) viene a decir que si un ser vivo parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Si Abascal no es un pato, hace cua cua con gran destreza.