Manuel García Castellón lleva camino de convertirse en el instructor de la Audiencia Nacional con mayor número de reprimendas por parte de sus superiores. La sala de Lo Penal le ha ordenado que vuelva a reabrir el sumario de la causa por terrorismo contra trece miembros de los Comités de Defensa de la República de Catalunya, CDR.
La Sala considera que no se ha respetado el derecho de defensa de los procesados porque, al declarar secreto del sumario, García Castellón se negó a entregar a los abogados defensores una serie de pruebas que se consideran claves para la resolución judicial del caso: los autos por los que se autorizaban “pinchazos telefónicos”, los archivos de los audios obtenidos mediante estos pinchazos, y los procedimientos, hasta esos momentos secretos, que dieron origen a la apertura de la causa contra los CDR por delito de terrorismo.
A principios de año, la Sala ordenó a García Castellón que facilitase a los abogados todos esos documentos. El juez no se los entregó hasta septiembre. Y en octubre decidió cerrar “precipitadamente”, según sus superiores, el sumario, sin escuchar a las defensas que pedían nuevas actuaciones al conocer los datos entregados un mes antes. Rechazó alargar la instrucción y decidió la apertura de juicio oral y el procesamiento de los trece miembros de los CDR acusados de terrorismo.
La Sala considera que es una decisión “precipitada” y que puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones en el juicio donde los defensores la pueden pedir por haberse conculcado los derechos de sus clientes. Petición que puede llegar a prosperar.
Pero las decisiones controvertidas del titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no terminan ahí. Ahora se niega a admitir a la acusación popular en la investigación de la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales a la que pertenecen el hijastro y el marido de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella.
El secretario general del PSOE en Marbella, José María Bernal, solicitó personarse en la causa como “acusación popular”. La idea de los socialistas consiste en convertir el asunto judicial en una causa en la que se investiguen posibles delitos de corrupción.
“El solicitante pretende personarse en un momento en que ya se ha dictado el auto de procesamiento, que ha trascendido a los medios, pero no precisa por qué hechos pretende personarse”, escribe el juez. García Castellón reduce su instrucción judicial a la investigación de la llamada “mafia sueca de narcotraficantes” a la que pertenecen, presuntamente, el marido y el hijastro de Ángeles Muñoz.
Las razones de Bernal para personarse en la causa es que, a raíz de conocerse las actuaciones policiales que han llevado al desmantelamiento de esta trama mafiosa, se ha sabido que la alcaldesa de Marbella acumula un patrimonio de 12 millones de euros obtenido durante tres décadas dedicada a la política. O sea, que la cosa le huele a corrupción.
Pero García Castellón se niega a aceptar la personación de los socialistas. Una negativa respaldada por la fiscal antidroga, María Dolores Salcedo la cual se opone a la personación de la acción popular a pesar de que, tras el levantamiento del secreto del sumario, se ha podido saber que, en los atestados de la UDEF, de la policía nacional, figuran indicios de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Juez y fiscal creen que ya es tarde para incorporar la acusación popular en el sumario, cuando ya se ha procedido a dictar auto de procesamiento y, además, “no precisa por qué hechos pretende personarse”.
García Castellón cree que la acusación popular debería haberse incorporado cuando estaba la instrucción abierta. Lo que no dice el Magistrado es que, durante la práctica totalidad del periodo de instrucción, el sumario se ha declarado secreto por lo que los abogados estaban atados de pies y manos. No habría servido de nada.
García Castellón es muy dado a abusar de los secretos sumariales. Es su manera de administrar los tiempos. Pero, a veces, incurre en contradicciones. En el sumario abierto para investigar una presunta financiación irregular de Podemos, García Castellón aceptó la personación de Vox cuando las actuaciones estaban bajo secreto sumarial. El partido de extrema derecha pudo apoyar su escrito de personación en las numerosas informaciones en los medios cuando solo el Juzgado de García Castellón y la Fiscalía tenían acceso a la causa.
Pero si contradictoria es la actuación de la juez más contradictoria es la de la fiscal, María Dolores López Salcedo, quien se niega a que la instrucción se derive hacia “derroteros políticos”, o sea hacia la alcaldesa de Marbella. López Salcedo cuenta con el apoyo de la fiscal jefa Antidroga, Rosa Morán que acaba de ser recientemente designada. La “independencia” que se pretende en el Ministerio Público llega a esos extremos. “Nada de indisponerse con los políticos”. Son las instrucciones de la fiscalía general, que sus subordinados están llevando a rajatabla.
Y todo ello a pesar de que en el atestado de la UDEF se recomienda que se “amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”.
La investigación judicial a Ángeles Muñoz no va a prosperar. Y todo por obra y gracia de un juez cada vez más controvertido, Manuel García Castellón. Esperemos a ver que dicen sobre este asunto sus superiores.
