La Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue debatiendo estos días la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en octubre para solicitar una suspensión temporal de las patentes durante la pandemia que permita aumentar la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para luchar contra la Covid-19. A pesar de que la apoyan 103 de los 162 países que conforman la OMC, los estados más ricos —entre ellos, los de la UE— siguen bloqueando esta iniciativa.
La falta de vacunas y los incumplimientos de las farmacéuticas han vuelto a poner en el centro del debate la propuesta, que tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El propio Gobierno de EE. UU., uno de los países que más se ha opuesto hasta el momento, ha reconocido que está estudiando la suspensión de las patentes —tras la presión del partido demócrata con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a la cabeza— y el debate se ha instalado ya en muchos otros países, incluidos los europeos. En España, hace tan solo unos días, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pidió al Comité Europeo de Regiones la revisión del sistema de patentes para solucionar la escasez de vacunas.
En este contexto de negociaciones, algunos países han puesto sobre la mesa, una nueva propuesta, conocida como ‘la tercera vía’, para acabar con los problemas de producción a nivel mundial. Su planteamiento, del que todavía se desconocen los detalles, es promover acuerdos bilaterales entre las empresas que comercializan las vacunas —propietarias de las patentes— y otras compañías que tengan capacidad de fabricación, mediante la fórmula de las licencias voluntarias. A raíz de esta propuesta, 240 organizaciones de todo el mundo —entre las que se encuentran Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras— han enviado hoy una carta a la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para mostrar su preocupación por este nuevo giro que, lejos de ser una verdadera propuesta alternativa, sigue dejando el control del suministro de vacunas en manos de la industria farmacéutica. Una industria, advierten, que se ha mostrado incapaz de hacer frente a la respuesta que necesita la pandemia y cuya capacidad de producción es, a todas luces, insuficiente.
Las organizaciones denuncian que estos acuerdos no son ninguna novedad y la experiencia evidencia que son, en su mayoría, “poco transparentes, contienen términos y condiciones restrictivas que refuerzan el control vertical de los holdings tecnológicos y limitan artificialmente la producción y el suministro para restringir las opciones de abastecimiento mundial”. Uno de los ejemplos más claros, aseguran, es el caso de AstraZeneca, que concedió una licencia de fabricación al Serum Institute de India para suministrar su vacuna a 92 países a través de la iniciativa COVAX. Estos países suman la mitad del mundo, es decir, casi 4.000 millones de personas, por lo que un tercio de la humanidad depende ahora, principalmente, del suministro de vacunas de una única empresa de la India.
En la mayoría de estos acuerdos bilaterales, aseguran las organizaciones, la compañía propietaria de la patente mantiene el control total sobre el uso de su tecnología y el reparto de vacunas. Eso quiere decir que, aunque las empresas que se incorporaran a la producción “pueden ayudar a aliviar cierta presión a corto plazo”, las compañías que ostentan la patente no están obligadas a compartir todos los componentes de las vacunas. Por tanto, estos acuerdos pueden limitarse a que las empresas que se incorporan al proceso solo participen en una de las fases de fabricación; que se dediquen a tareas secundarias o marginales de la cadena de producción; o que en los contratos se impongan restricciones territoriales como, por ejemplo, que la compañía no pueda producir vacunas para determinados países.
Asimismo, las entidades recuerdan que ya existe el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), una herramienta que la OMS puso en marcha al inicio de la pandemia para que las empresas farmacéuticas propietarias de la tecnología pudieran poner a disposición de los fabricantes licencias voluntarias, no exclusivas y transparentes a nivel mundial. Sin embargo, esta iniciativa ha sido rechazada por las farmacéuticas, que prefieren los acuerdos bilaterales porque les permiten controlar la producción y el suministro, en favor de los mercados más lucrativos, y mantener en secreto las condiciones de estos acuerdos.
En la carta dirigida, las organizaciones recuerdan también que la mayoría de las empresas farmacéuticas se han beneficiado de una gran cantidad de fondos públicos invertidos en I+D, pero no se han incluido condiciones que garanticen el acceso a las vacunas resultantes de esa investigación. Mientras, las compañías prevén obtener enormes beneficios. Por ejemplo, en 2021, Pfizer y Moderna esperan alcanzar unos ingresos de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares por la venta de las vacunas para la Covid-19. Por ello, las organizaciones insisten en que “es hora de hacer realidad la responsabilidad fundamental y colectiva de los gobiernos de colaborar entre sí y enfrentar los monopolios tecnológicos”.
Concluyen con un llamamiento a la OMC para que se continúe trabajando en la aprobación de la propuesta de India y Sudáfrica. “El camino a seguir debería ser la eliminación de las barreras para el desarrollo, la producción y la aprobación de vacunas, terapias y otras tecnologías médicas, para que más fabricantes, especialmente de los países en desarrollo, puedan contribuir de forma independiente al suministro mundial. El suministro mundial no debería depender de las prerrogativas puramente comerciales y los derechos exclusivos de las empresas farmacéuticas que poseen la tecnología. Hay demasiado en juego”.
