Las colas del hambre son tan voraces como el coronavirus, trituran seres humanos y se propagan y crecen sin parar. La miseria que deja la pandemia se está cebando con millones de españoles en todo el país, principalmente los que viven en los extrarradios de las grandes ciudades como Madrid, donde algunos barrios como Moratalaz o Vallecas corren serio peligro de convertirse en auténticos guetos. Los comedores de Cáritas y otras oenegés que se dedican a la beneficencia están desbordados y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿dónde demonios están los servicios sociales? ¿Dónde está la red asistencial pública que tanto el Ayuntamiento de la capital como el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma deberían haber fortalecido durante todos estos años? Hoy mismo, un voluntario que se dedica a atender a diario a los más necesitados lanzaba un grito de auxilio en la Cadena Ser. “La atención administrativa a la gente empobrecida ha dejado mucho que desear porque no ha llegado a todos; en Madrid, los servicios sociales creo que todavía no han abierto. Cada día nos siguen entrando familias, cada día nos sigue llegando gente. Hay que donar alimentos pero hay que exigir a las autoridades que se hagan responsables de esto. Está reconocido el derecho a la alimentación y no nos podemos permitir vivir en una ciudad donde haya niños, niñas que pasan hambre”, asegura Roberto Borda, de la Asociación Apoyo.

El informe de Oxfam Intermón publicado ayer resulta demoledor. Más de 700.000 personas pasarán a engrosar las listas de pobreza severa tras esta pandemia, mientras los políticos se dedican a sus batallas dialécticas y rencillas personales. Pero sobre todos ellos destaca Isabel Díaz Ayuso, una mujer que se ha caracterizado por su nefasta gestión en la crisis de las residencias de ancianos y que va camino de superarse a sí misma en el segundo capítulo del drama: el descontrol y el colapso de los Servicios Sociales dependientes de su Gobierno, tal como denuncia Borda. ¿Qué ha sido de las inversiones y de los presupuestos para asistencia social? ¿Dónde están los técnicos encargados de abastecer de alimentos, dónde están las viviendas de protección oficial para las personas que han perdido sus casas, los voluntarios, los psicólogos, los educadores que deben atender a los niños traumatizados por el confinamiento y la epidemia? Una vez más, nos encontramos ante el desmantelamiento de lo público y ante una deficiente gestión política derivada de años de gobiernos neoliberales que han abandonado por completo el Estado de Bienestar. Esa es la gran y terrible verdad que Díaz Ayuso no podrá ocultar tras sus lágrimas de cocodrilo.

Al desastre de los geriátricos, vendidos al mejor postor por el Gobierno de Madrid –con frecuencia a empresarios sin escrúpulos que solo se han preocupado de lucrarse mientras las residencias se convertían en aparca-abuelos sin unas mínimas condiciones sanitarias de seguridad− se une ahora el caos en los Servicios Sociales. ¿También esa parcela de las competencias autonómicas depende de Pablo Iglesias? ¿Va Díaz Ayuso a eludir sus responsabilidades en el desmantelamiento de un departamento al que no se ha prestado la debida atención durante décadas de gobiernos conservadores? Ahora se entiende a la perfección cómo en los territorios gobernados por la derecha muchos pensionistas y personas enfermas o discapacitadas morían antes de que les llegara la paga asignada por la Ley de Dependencia, esa misma que el Partido Popular ninguneaba una y otra vez, como ocurre cada vez que se trata de invertir dinero en lo público.

Mientras llega el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno central (entre 462 y 1.015 euros, según los casos) la ayuda social de las Comunidades Autónomas se ha convertido en el único salvavidas para muchos hogares. Pero el dinero no llega. Fueron demasiadas sangrías a causa de la corrupción institucionalizada, demasiadas tramas “púnicas” y “gurtelianas” que dejaron vacías y esquilmadas las arcas madrileñas.

“Me dijeron que lo único que tenía eran las comidas de Telepizza para mis hijos. ¿Y los fines de semana? ¿Y para desayunar?”, se lamenta en la Cadena Ser una persona que frecuenta las colas del hambre en Madrid. Moratalaz es uno de los barrios obreros madrileños donde la miseria aprieta con fuerza estos días. Tras las paredes de sus edificios de austero ladrillo rojo malviven cientos de familias sin ningún tipo de ingreso, hogares donde ya no entra ni un solo céntimo, personas que para obtener un plato de comida dependen totalmente de la solidaridad de sus vecinos y de las oenegés que llegan donde los servicios sociales de Madrid no están llegando. “Es una situación muy delicada, porque me pregunto yo: ¿Cómo hago para sacar adelante a mis hijos?”, se lamenta una madre de 34 años con dos niños pequeños a la que hace unos meses suspendieron la renta mínima de inserción.

La Cañada Real es otro infierno que empieza a parecerse bastante a las imágenes de pobreza extrema que nos llegan por la televisión desde lejanos países del Tercer Mundo. Un miserable Kabul en el corazón de Madrid, un Bagdad en las calles de Lavapiés. “Ahora estoy fatal, ¿y si pierdo la casa?”, se pregunta otra madre angustiada. “Si estuvieran en nuestra situación, no pensarían así. Hay que tener empatía. Somos personas humanas”, se lamenta. Roberto Borda, uno de los veteranos de la Asociación Apoyo, vuelve a lanzar un desesperado SOS para concienciar a la clase política española: “Empezamos atendiendo a gente que por el tema de la crisis sanitaria no podía salir de casa y cada vez fueron más las vecinas que se acercaron a nosotros diciendo que su problema era que no tenían para comprar alimentos”, explica. La Asociación Apoyo permite a la persona con problemas económicos elegir qué comida prefiere que le lleven a casa ese día. El menú está entre una bolsa de lentejas y una de arroz, el triste privilegio que le queda ya a mucha gente.

A su vez, Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, advierte de que los efectos de la pandemia se notarán con toda su crudeza en los próximos meses. Es decir, lo peor está por llegar. “En esta crisis entra gente que no ha tenido nunca contacto con los servicios de protección social”, alega. Son los nuevos pobres del coronavirus, personas que han tenido que recurrir a la humillante limosna porque sus gobernantes han echado el cerrojo a las ventanillas oficiales o porque les niegan el derecho constitucional a una ayuda esencial para sobrevivir un día más. La “paguita”, como peyorativamente la llama la extrema derecha y aquellos que como Díaz Ayuso pactan con ella de una forma infame y obscena.

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