El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, si cumple los Estatutos del partido, respecto al acuerdo de expulsión de un político afectado por delitos de corrupción en la apertura de juicio oral, tiene el serio dilema de echar del PP al número tres de Canarias, Lope Afonso, al desestimar la Audiencia Provincial de Tenerife el recurso interpuesto por este alcalde del Puerto de la Cruz, imputado por prevaricación en el caso “Mercadillos”, y devolver las actuaciones al procedimiento abreviado para iniciar el juicio. Afonso ha perdido la apelación ante la Audiencia al confirmar el tribunal “la omisión del investigado de la tramitación del correspondiente expediente administrativo para la concesión o licencia para la ocupación de espacios públicos para tres mercadillos”, “que resulta cuanto menos indiciaria de la arbitrariedad y conciencia de su injusticia exigida por el tipo penal”. La Acción Popular, representada por la asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados (VDPP), solicita tres años de cárcel para Lope Afonso por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en esta causa.
La Acción Popular solicita tres años de cárcel para el alcalde popular Lope Afonso, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos
Este varapalo judicial para el PP en el Archipiélago pone en jaque al presidente regional de los populares, Asier Antona, y al presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, igualmente denunciado por la asociación Vigía (VDPP), ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso Mi Tierra TV, así como la denuncia por la aprobación del PP para crear el cargo de confianza del Director de Seguridad, José Marrón, en Los Realejos. No solo Rajoy debe cumplir los Estatutos del partido, también Antona y Domínguez han de aplicar el mismo rasero con las expulsiones a todos los populares en las Islas. En este caso, Lope Afonso, ocupa el número tres en el PP Regional de Canarias, con lo que el organigrama del partido se resiente vertiginosamente.
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial, presidida por el Magistrado, Jaime Requena, en la ponencia de la Magistrada Esther Nereida García, ha denegado la pretensión del alcalde del PP, Lope Afonso, que solicitaba el sobreseimiento del caso Mercadillos. La Audiencia ha estimado la actuaciones del Juzgado de Primera Instancia Número 1 del Puerto de la Cruz, que concluyó “concurren indicios racionales bastantes de la presunta comisión por el investigado, de un delito de prevaricación, al constar de forma indiciaria en las actuaciones por un tiempo prolongado de dos años, Lope Afonso concedió autorizaciones verbales y escritas para ocupación y uso del espacio público, con vulneración de la norma aplicable”.
Los citados permisos, -sin expediente administrativo-, para la celebración de los mercadillos fueron concedidos a Álvaro Luis Hernández, representante de la Mercantil Mercadillos del Atlántico S.L, y David Semelak, según se explica en autos.
Mariano Rajoy tiene el dilema de expulsar del PP al alcalde Lope Afonso, al reconfirmar la Audiencia Provincial su imputación
La asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, interpuso la denuncia contra el alcalde Lope Afonso (PP) por el caso Mercadillos, que la juez instructora, María Antonia Benito, estimó en base al artículo 404 del Código Penal en el tipo de la prevaricación en conexión con el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro de una pena no superior a nueve años de privación de libertad. Este auto de la Magistrada de Primera Instancia dictado en 2016, fue recurrido en la Audiencia Provincial por Afonso, que mantiene la condición de imputado y se enfrenta a la apertura de juicio oral tras esta resolución.
El secretario de la asociación Vigía (VDPP), Pedro Pérez Rolo subraya en Diario 16 que “esta plataforma como Acción Popular solicita tres años de cárcel para Lope Afonso, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de seis años”. Así mismo, desde este colectivo agradecen “el buen hacer del abogado que los apoya en las causas que denuncian, el letrado José Regalado”.
Lope Afonso (PP) concedió autorizaciones para ocupación y uso del espacio público con vulneración de la norma aplicable
Pérez Rolo sostiene que “el caso Mercadillos pone a prueba los Estatutos del PP y la vara de medir de los populares con los cargos públicos del partido a la hora de expulsarlos por corrupción”, sin embargo, “el PSOE no está haciendo ninguna oposición a la corrupción del PP en Canarias, ni plantea mociones sobre los casos denunciados en Anticorrupción, ni hace política de denuncia en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Los Realejos, el Cabildo de Tenerife y el Parlamento”, señala el secretario de Vigía.
“Lo que no vamos a permitir en nuestra asociación Vigía, es que el PSOE quiera subirse al carro de nuestros éxitos judiciales, cuando no ha dado la cara contra las irregularidades del PP”, aclara Pérez Rolo, “mientras Izquierda Unida, Unid@s Se Puede y Podemos si se han confrontado políticamente con el PP en estos ayuntamientos y en el Cabildo de Tenerife, denunciados por el caso Mi Tierra TV”. “No se entiende la pasividad política de los socialistas ante la corrupción del PP, el silencio del PSOE intentando sacar rédito, mientras otros luchamos en los juzgados”, argumenta la plataforma.
El único miembro del PSOE en Canarias, que denuncia públicamente la corrupción del caso Mi Tierra TV, es el concejal Francisco Goya, que ejerce la oposición política en el ayuntamiento de El Sauzal. Este edil criticó “el respaldo de Mariano Rajoy al presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, a pesar de estar denunciado en Anticorrupción”. Goya también destapó el escándalo de las facturas de El Sauzal que acreditan los pagos con dinero público a la cadena ilegal Mi Tierra TV, que sufraga el gobierno local del alcalde Mariano Pérez, de Coalición Canaria.
