El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia. 

Sin embargo, al cabo de 4 décadas,la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición,  todavía pendiente de su finiquito legal. Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya «ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada», lo que atribuyen a «una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).

La deriva totalitaria del Estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). 

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima. En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá.

Imperceptiblemente, se habría  producido una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”, anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y que alcanzó el paroxismo con la implementación de un Golpe blando en Cataluña tras la suspensión de facto de la Autonomía catalana mediante la aplicación del 155 y la entrada en prisión de Oriol Junqueras, los Jordis y  demás ex-consellers. 

Asimismo, la libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional que constreñirá hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y cuyo penúltimo episodio sería la próxima entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona”. Dicha cruzada involucionista  tendría a la Audiencia nacional y al Tribunal Supremo como brazos ejecutores del tardofranquismo judicial, tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y cuyo objetivo confeso sería la implementación de la llamada Doctrina Aznar que tendría objetivo último ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”. 

La mencionada deriva involucionista del Tardofranquismo judicial del Estado español estará amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. A ello contribuye el encefalograma plano de la conciencia crítica de la sociedad actual favorecida por una práctica periodística peligrosamente mediatizada por la ausencia de la exégesis u objetividad en los artículos de opinión y el finiquito del código deontológico periodístico que tendría su plasmación en la implementación de la autocensura y en la sumisión a la línea editorial de su medio de comunicación, con lo que parece evidente la necesidad de una nueva Transición para lograr la anhelada normalidad democrática.

GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista

El relat oficial diu que entre la mort de Franco el 1975 i el fallit cop d’Estat de Tejero (23 de febrer de 1981), Espanya seria una Arcàdia idíl·lica (de cognom Transició), en la qual els líders de l’oposició a el règim de Franco i els reformistes de l’interior van pactar una agenda per preparar a l’Estat espanyol per a la seva anhelada entrada a Europa així com garantir la democràcia i el progrés generalitzat, tot això sota la supervisió de el rei Joan Carles i com a valedor de la balbucient democràcia. No obstant això, a l’cap de 4 dècades, la crisi econòmica, la desafecció política de la societat espanyola motivada pels sagnants casos de corrupció de l’elit politicoeconòmica i el creixent descrèdit de la institució Monàrquica han fet revisar tals esquemes, inclosa la tesi de la suposada reconciliació nacional propagada per la «mass media» de l’època de la Transició, encara pendent de la seva liquidació legal. Així, el grup de treball de l’ONU sobre desaparicions forçades ha conclòs en el seu informe preliminar que «l’Estat espanyol hauria d’assumir la tasca d’aclarir les més de 114.000 desaparicions forçades que es van produir a Espanya durant la guerra civil i la dictadura franquista» i ha lamentat que no hi hagi «cap investigació judicial efectiva en curs ni cap persona condemnada», el que atribueixen a «una combinació de diversos factors, com la interpretació de la Llei d’Amnistia de 1977», (coneguda com a Llei de la Reconciliació a la terminologia transicionista). 

La deriva totalitària de l’Estat Espanyol arrenca amb la implementació de la doctrina de l’alternança en el poder de l’bipartidisme PP-PSOE com a defensa i garant de l’esmentat establishment dominant, fruit de l’acord tàcit entre els partits polítics després del simulacre de cop de mà de Tejero (23-F de l’1981) i va aconseguir la seva majoria d’edat amb l’arribada a el poder de el PSOE i el nomenament com a President de Govern de Felipe González (1982), amb qui vam assistir a la liquidació de la idíl·lica Transició i a l’inici de la deriva totalitària de el sistema mitjançant la implementació de l’anomenat «terrorisme d’Estat» o «guerra bruta» contra ETA i el seu entorn, de què serien paradigma els Grups Armats d’Alliberament (GAL). Una fita fonamental en l’espiral involucionista de el règim de l’78 seria la implantació pel Govern socialista de Felipe González de la Llei Antiterrorista de 1985, definida per José Manuel Bandrés en el seu article «La Llei antiterrorista: un estat d’excepció encobert», publicat el diari «el País», com «l’aplicació de facto de l’estat d’excepció encobert». Aquesta Llei Anti-terrorista (encara vigent malgrat l’absència d’activitat per part d’ETA), seria un anacronisme propi de la dictadura franquista, uns llimbs jurídic que hauria convertit els soterranis de casernes i comissaries en escenaris distópicos de naturalesa real (no ficitica) i en Guantánamos virtuals refractaris a el control de jutges, fiscals i advocats. 

La deriva regressiva tindria la seva continuació amb la Llei Orgànica 7/2000 de Govern Aznar que va incloure com a novetat l’aparició de l’anomenat «delicte d’exaltació de l’terrorisme» i va prosseguir la seva escalada amb la signatura per Aznar i Zapatero de l’anomenat «Pacte per la Justícia i les Llibertats «de 2003 que instaurava de facto» la cadena perpètua estratosfèrica «a l’elevar la pena màxima de presó fins a quaranta anys, superant la» crueltat de el règim de Franco «que contemplava els 30 anys de presó com a pena màxima. En el paroxisme de la involució, hem assistit a la recent modificació de el Codi Penal per constriñir fins a la seva nimietat els drets d’expressió (Llei Mordassa) ia la signatura entre Rajoy i Sánchez de l’anomenat «pacte antiyihadista» que sota la fal·làcia de combatre el terrorisme jihadista «converteix en delictes terroristes infraccions menors o conductes lícites i suposa un atac a la línia de flotació de sistema constitucional» en paraules de Manuel Cancio Meliá. 

Així mateix, la llibertat d’expressió a Espanya agonitza davant la nova ofensiva repressora de l’Audiència Nacional que constreñirá fins al paroxisme la llibertat d’expressió mitjançant la imposició sistemàtica de multes estratosfèriques i el penúltim episodi seria la propera entrada a la presó de l’raper Pablo Hasel per presumptes «delictes d’enaltiment de el terrorisme i injúries a la Corona». Aquesta creuada involucionista tindria a l’Audiència nacional i a el Tribunal Suprem com braços executors de l’tardofranquisme judicial, tribunals que estarien controlats per l’anomenat «clan dels polítics» en paraules de l’ex-president de sala de TS, Ramón Trillo i l’objectiu confés seria la implementació de l’anomenada Doctrina Aznar que tindria objectiu últim «criminalitzar grups i entitats díscols i refractaris a el missatge de l’establishment dominant de l’Estat espanyol».

L’esmentada deriva involucionista d’el Tardofranquismo judicial de l’Estat espanyol estarà emparat per la «espiral de el silenci» dels mitjans de comunicació de masses de l’establishment (PRISA, Vocento, Grup Planeta, Grup Godó, Grup Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unitat Editorial, TVE i Mediaset Espanya), teoria formulada per la politòloga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann en el seu llibre «l’espiral de l’silenci. Opinió pública: la nostra pell social «(1977). Aquesta teoria simbolitzaria «la fórmula de solapament cognitiu que instaura la censura a través d’una deliberada i sufocant acumulació de missatges d’un sol signe», de manera que es produiria un procés en espiral o bucle de retroalimentació positiva.

A això contribueix l’encefalograma pla de la consciència crítica de la societat actual afavorida per una pràctica periodística perillosament mediatitzada per l’absència de l’exegesi o objectivitat en els articles d’opinió i la liquidació de el codi deontològic periodístic que tindria la seva plasmació en la implementació de la autocensura i en la submissió a la línia editorial del seu mitjà de comunicació amb el que sembla evident la necessitat d’una nova Transició per aconseguir l’anhelada normalitat democràtica.

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