El Estado español suma una nueva denuncia por presunta corrupción judicial ante los organismos europeos, a la que Diario16 ha tenido acceso, y que fue presentada por un ciudadano español ante la Comisión Europea. Los hechos referidos tienen relación con una causa que el denunciante abrió en el Tribunal Supremo español en el año 2012 donde se exponían “hechos relevantes, como simulaciones procesales de determinados juzgados de primera instancia, juzgado mercantil, de lo social, y juzgados de instrucción de Córdoba, así como de las tres salas de la Audiencia Provincial de Córdoba, junto a actuaciones de altos funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social”, según reza el documento.
Asimismo, el denunciante indica que “los acosos policiales que sufrí y sigo sufriendo por supuestos delitos de calumnias, por denunciar corrupción ante la Fiscalía y los tribunales de justicia, dirigidos por los mismos jueces de instrucción de Córdoba y fiscales, todos ellos denunciados en vía judicial, un caso sin cobertura jurídica dado que los delitos denunciados en sede policial, fiscalía o tribunal de justicia, no son perseguibles por calumnias”.
En el documento se denuncia, además, que “los presuntos calumniados (jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, etc) habían admitido demandas simuladas en sus juzgados y tribunales de justicia, hechos además del delito de estafa, suponía presunto delito de blanqueo de capitales, prevaricación, falsificación de documentos mercantiles, y documentos administrativos, etc”. Además, la denuncia revela que “las administraciones españolas y el gobierno español han Estado dando cobertura a estos hechos, y que han permitido el uso y abuso indiscriminado de las fuerzas policiales españolas”.
En este sentido, la denuncia incide en el hecho de que la policía española “había requerido a los proveedores de telecomunicaciones españoles y servicios de correo privado y público, las intervenciones de los mismos, sin cobertura legal ni procesal, dado que como se ha demostrado por la propia Fiscalía General del Estado de Madrid, los procedimientos penales no existían y también la guardia civil en Madrid certificó que no tenía en sus bases de datos a mi nombre ninguna actuación penal o sanción administrativa”, afirma el denunciante quien, por otro lado, señala que “estuve durante varios años acosados por miembros de la guardia civil de Córdoba”.
Según se expresa en el documento presentado ante la Comisión Europea, una de las denuncias presentadas en España tuvo como consecuencia la destitución del jefe de la Guardia Civil de Córdoba por parte del director general del instituto armado. El denunciante afirma que con el sustituto “tuve graves problemas al que tuve que denunciar nuevamente, y a raíz de la causa” presentada ante el Supremo referida anteriormente y al que acusa de usar a “miembros de la guardia civil para acosarme”.
El denunciante además informa a la Comisión Europea de que existe “una orden de detención a miembros de la policía nacional y policía local contra su persona “sin cobertura judicial o procesal, lo que supone detenciones arbitrales”.
Esta nueva denuncia por presunta corrupción judicial en el Estado español se suma a una larga lista que viene registrándose por el hartazgo de la ciudadanía ante el desamparo que está sufriendo por el funcionamiento del tercer poder de la democracia.
Terrorismo de estado? parece ser que sí. Lo digo por los jóvenes de Altsasua encerrados con falsas pruebas e impedimento de su defensa. Este señor parece que ha tenido la desgracia de ser honrado con las fuerzas de coacción del estado. Europa debería poner en marcha lo necesario para liberarse de esta escoria borbònica.Ja nos está afectando a todos los Europeos.