El informe de la UCO sobre el ‘caso Erial’ –al que ha tenido acceso Diario16 y que implica al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en una compleja trama de sobornos y evasión de capitales–, revela que “existen evidencias que relacionarían a los investigados con una serie de productos bancarios establecidos en el Principado de Andorra, así como con sociedades radicadas en Panamá. La red también habría operado en otros paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza y Uruguay.
De la información aportada a la Guardia Civil por las autoridades de Andorra, se evidencia la relación de los implicados con operaciones asociadas a dinero en efectivo por importe total de 9.181.700 euros. Parte de estas cantidades, un monto de 4.809.028 euros, fueron transferidas a través de Imison International, la sociedad instrumental que supuestamente canalizaba las mordidas por la adjudicación de los contratos de privatización de las ITV, en 1998, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
Otra empresa cuyo nombre sale a relucir como integrante de la trama es Medlevante, “un elemento dinamizador del lavado de parte de los activos de Imison International por importe de 2,9 millones de euros”. “Cabe expresar que a lo largo de la investigación esta entidad queda retratada como una sociedad pantalla, una ‘puerta de acceso’ para repatriar parte de los fondos presuntamente obtenidos de las contraprestaciones ilícitas desembolsadas por el grupo Sedesa”, la firma familiar de “los Cotino” que tenía una participación del 25% en la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, adjudicataria de varios proyectos en la zona, según informa el diario Levante-EMV.
Según la UCO, la actividad mercantil de Medlevante es “prácticamente inexistente”, se presenta “vacía de contenido, sin actividad ni trabajadores –la única trabajadora que figura es F.L., esposa de J.B., y sólo durante el período 2007 y 2009–”.
En el caso de Gesdesarrollos Integrales, otra de las firmas pantalla investigadas, se trata de otra sociedad instrumental carente de actividad que viene a conformarse en un último eslabón societario de la “fase de integración de los fondos investigados” y que es utilizada por la red para la adquisición de determinados bienes inmuebles –entre ellas las parcelas de Villajoyosa–. Es destinataria de los fondos de Medlevante, que le transfiere un montante de 2,2 millones durante los años 2006 y 2008, es decir, aproximadamente el 75% de los fondos repatriados de Imison International.
Existen indicios de que la estructura societaria utilizada para la integración de los fondos “actúa de manera unitaria y bajo un mismo control”, según la UCO. Prueba de ello es la fórmula articulada en el retorno de los fondos, poco tiempo después de recibir el primer pago en Luxemburgo, donde además de Medlevante, que lo habría hecho de forma directa, aparecen otras dos sociedades de forma indirecta: Gesdesarrollos Integrales y Costera Del Glorio. A este respecto, se evidencia el papel que habría jugado F.G.J., que “parece ser el verdadero administrador de Medlevante”, habiendo participado igualmente en la creación de esta estructura. A él se refiere J.M.B., otro testigo del caso, como “el artífice de toda esta ingeniería”.
Ejemplo de la gran trama organizada por los socios de Zaplana son los documentos intervenidos durante los registros practicados y las conversaciones telefónicas interceptadas. Indicios a los que se suma la compensación de fondos de Imison International a través de dos sociedades panameñas –Milliken e Incaina–, por importe de 540.000 euros. Unas operaciones que, según los agentes, propiciaron el desembolso de estas mismas cantidades en efectivo y que al parecer se entregaron a F.G.
De los hechos investigados se destaca la presunta participación por parte de J. B.LL., donde habría mediado interés económico. Esta persona aparece retratada como un “actor principal” en todos los hechos que se investigan en esta línea. No solo actúa velando presuntamente la titularidad real de los bienes que son objeto de investigación, sino que además interviene de manera destacada en las operaciones económicas y mercantiles de un entramado societario complejo, con permanencia temporal y estabilidad –“ocultando y disfrazando el origen, naturaleza, ubicación, disposición y propiedad de los fondos que se presumen ilícitos”–. Sobre este papel de persona interpuesta de J.B., presunto “testaferro” en favor de los intereses de Eduardo Zaplana, dio cuenta Fernando Belhot, blanqueador confeso del expresident, en su declaración en sede judicial. A la pregunta del juez de si le parecía que J.B. era testaferro de Zaplana, Bellhot respondió con contundencia: “Sí, no tengo dudas que sí, que lo era”.
En un momento dado, en el año 2009, por parte de los investigados se decidió –“Eduardo Zaplana fue quien tomó la decisión de liquidar Imison International”– realizar un traspaso de la gestión fiduciaria de estos activos de Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía español) a Belhot. Este traspaso se materializó mediante un proceso de liquidación de Imison International, que transmitió sus activos a dos sociedades uruguayas: Disfey SA y Misnel Y SA. Los activos resultantes son: 2.900.000 euros de la participación societaria en Medlevante y la suma de 7.887.086,53 euros del saldo en productos bancarios.
Así las cosas, Fernando Belhot, según su propia declaración y los indicios recopilados y expuestos a lo largo de la presente investigación, llevó a cabo la administración fiduciaria de estos bienes desde ese momento, valiéndose para ello de un acuerdo verbal con Eduardo Zaplana.
Se ha determinado que las transacciones económicas que se desarrollan desde Suiza –activos de las cuentas tituladas por Disfey SA y Fernando Belhot–, tienen su origen en los fondos investigados y que se vinculan a los ingresos obtenidos por Imison provenientes de Sedesa y de una serie de transferencias emitidas desde el Principado de Andorra.
A juicio policial, lo que Fernando Belhot relata en su comparecencia judicial, considerando los indicios acumulados en este mismo sentido, “concuerda con la realidad de los hechos investigados”. “No sólo por el hecho de que aporta datos concretos que se han podido contrastar a través de otros elementos de prueba tanto antes como después de esta manifestación; sino porque, en lo que a juicio policial supone un indicio de especial relevancia, este hizo entrega de una abultada suma económica –superior a 6,5 millones– que administraría fiduciariamente en nombre de Eduardo Zaplana y otros de los investigados de forma minoritaria”.
