Tras el reciente procesamiento de la ex Presidente Cristina Fernández, una nueva causa judicial la vuelve a tener involucrada, en este caso, porque la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal fallecido Alberto Nisman respecto al involucramiento de Cristina Fernández en el supuesto encubrimiento a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA, perpetrado en 1994 y que fuera el peor atentado terrorista en la Argentina.
El fiscal Nisman, hallado muerto hace casi dos años en el baño de su departamento el día anterior a exponer en la Cámara de Diputados su denuncia, había investigado la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina y la República Islámica de Irán que según el gobierno de entonces era la mejor herramienta para avanzar en el esclarecimiento y el posterior juicio de los responsables del atentado terrorista.
Sin embargo, producto de su investigación, el Fiscal Nisman estimó que en realidad lo que se había pergeñado era un acuerdo paralelo con el gobierno iraní para destrabar la relación comercial y facilitar la provisión de combustible, muy en falta en la Argentina en aquellos (y estos) años, a cambio de levantar las alertas rojas que había pedido Argentina a Interpol. En palabras de Nisman el investigó ‘la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina’, todo a cambio de la reactivación de la relación comercial interrumpida tras el atentado.
La denuncia había sido desestimada por la Justicia en reiteradas instancias, pero siempre se sospechó la injerencia política en las decisiones que se adoptaban, inicialmente durante el gobierno peronista y, tras el recambio constitucional, por jueces afines participantes de sectores judiciales enrolados en Justicia Legítima, claramente identificados con el partido gobernante hasta hace un año.
El cambio de gobierno de diciembre de 2015 había arrojado esperanza en la reapertura de la causa, pero sin embargo en las instancias iniciales esto no se logró, y tuvo que avanzar hasta Cámara Federal de Casación Penal que finalmente dio lugar a lo que solicitaron distintas entidades de la comunidad judía como así también diversos colectivos de miembros del Poder Judicial.
Como es de suponer, esta medida provocó un cimbronazo político en el país, puesto que el Fiscal Nisman acusó de encubrimiento del mayor atentado terrorista de la historia a la Presidente de la República en ejercicio, su Ministro de Relaciones Exteriores y otros dirigentes políticos, decía entonces Nisman que ‘La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Marcos Timerman’, pero mayor aún fue el estupor cuando cuatro días después de haberlo denunciado, el Fiscal aparece muerto con un tiro en la cabeza y desde el entonces oficialismo se pretende instalar la hipótesis del suicidio, hipótesis que dos años después parecer desestimarse y que dio lugar a otro proceso judicial por encubrimiento del asesinato del Fiscal.
Dos años después la causa se reabre, ya no estará el Fiscal Nisman para poder trabajar en ella, pero sin dudas que el cambio político posibilitará que quien ocupe su lugar pueda gozar de la libertad e independencia que su puesto requiere para poder contribuir a hacer justicia, las 84 víctimas fatales del atentado y todos quienes fuimos víctimas indirectas del mismo nos lo merecemos.
Cantaba hace unos años atrás Pedro Aznar (ya se ve, no todos los Aznar son malos) y podría haber cantado Alberto Nisman, ‘Mienten y yo puedo atestiguar’… la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la posibilidad de hacerlo.
