Concentración en la capital onubense de los Corazones Verdes, colectivo de apoyo a los familiares de los dos asesinados.

El colectivo Corazones verdes de Almonte (Huelva), que reclama justicia para los familiares de Miguel Ángel y su hija María de ocho años, asesinados por 151 puñaladas en su domicilio de la localidad en abril de 2013, ha comenzado una recogida de firmas para protestar por la expulsión de uno de sus miembros del supermercado Mercadona de la localidad onubense el pasado sábado 21 de septiembre después de que una de sus empleadas, ex pareja del absuelto por el doble crimen, se pusiera nerviosa ante su presencia y reclamara la intervención de la coordinadora del centro. La responsable del recinto decidió que el individuo no podía portar dicho símbolo en su solapa mientras estuviera en el local y fue expulsado del recinto. A este respecto, el servicio de atención al cliente de esta cadena de supermercados ha recibido decenas de quejas de clientes.

Un corazón verde es el símbolo con el que los familiares de las víctimas y cientos de vecinos de la localidad onubense intentan dar visibilidad al caso para reclamar justicia y para que los investigadores encuentren al asesino de este doble crimen y lo pongan ante la justicia. El colectivo lleva recogidas centenares de firmas de apoyo a este compañero y solicita a la dirección de Mercadona que “tome las medidas disciplinarias oportunas y ejemplarizantes para erradicar de una vez por todas esta problemática, ya que de lo contrario se está consintiendo un atentado a una petición justa como es la de pedir justicia por un hombre bueno y empleado de esta tienda y su hija, asesinados de la forma más cruel que es lo que representa el símbolo de un corazón verde”.

Corazones Verdes, a través de un comunicado al que ha tenido acceso Diario16, considera que “el derecho de admisión de un local no puede estar por encima de los derechos del individuo”. Los firmantes aseguran no tener “culpa” de que una trabajadora de este establecimiento “se ponga nerviosa al ver a alguien portando este símbolo, ya que Mercadona debe saber el por qué esa trabajadora en concreto se pone nerviosa”. Según este colectivo, no es la primera vez que esta trabajadora se ve envuelta en un incidente similar. “Ante esto nos preguntamos si el problema está en quien porta un símbolo que no hace daño a nadie o en la trabajadora que se desestabiliza cada vez que ve a alguien portando ese símbolo”, añade el comunicado de Corazones Verdes dirigido al presidente de Mercadona, Juan Roig.

Marianela Olmedo, madre y esposa de los asesinados, y Aníbal Domínguez, hermano y tío, durante una concentración de Corazones Verdes.

Testimonio clave

En este supermercado Mercadona de Almonte trabajaban cuando se produjo el atroz crimen tanto Miguel Ángel como el absuelto por la justicia, Francisco Javier Medina, así como Marianela Olmedo, madre de la pequeña María, ex pareja de Miguel Ángel y compañera sentimental entonces de Francisco Javier. Raquel Granado, la empleada que presuntamente requirió este sábado 21 de septiembre pasado la intervención de la coordinadora del establecimiento para expulsar al cliente, fue también una anterior pareja sentimental de Francisco Javier y su testimonio fue determinante en el juicio con jurado que absolvió al único imputado hasta ahora por el doble crimen. En el juicio oral aseguró que había visto al imputado en su lugar habitual de trabajo en la franja horaria en la que supuestamente se cometió el doble crimen. Ante la Guardia Civil, esta testigo reconoció que no lo vio allí durante aquellos minutos.

Un portavoz oficial de Mercadona ha asegurado a Diario16 que el cliente “estaba interfiriendo en la actividad ordinaria del supermercado, pero en ningún momento se le expulsó de la tienda, sino que abandonó voluntariamente las instalaciones”. Este portavoz asegura que “ni mucho menos” esta actuación de la dirección de la tienda guarda relación alguna con el hecho de que el cliente portara un corazón verde en su solapa.

Este altercado vuelve a evidenciar la fuerte fractura social que vive un pueblo de apenas 23.000 habitantes que desde el 27 de abril de 2013 sigue conmocionado por aquel brutal suceso. Mientras, un nuevo equipo de la Guardia Civil continúa su investigación para intentar aclarar los hechos después de que la justicia determinara la no culpabilidad del hasta ahora único imputado.

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