Manifestación por la vivienda del 25 de abril 2015, foto Agustín Millán .

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Perpinyà, ha registrado este jueves una Proposición No de Ley exigiendo que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida también como ‘banco malo’, paralice todos los procesos de desahucio en los que sea parte.

Esta iniciativa se ha emprendido después de que este miércoles conociéramos el desahucio de la familia de Pan Bendito, en el distrito de Carabanchel, con cuatro menores de entre uno y cinco años en pleno estado de alarma.

Más Madrid, tras haber hablado con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Carabanchel, ha decidido así presentar esta PNL pidiendo que la Asamblea inste al Gobierno de España para que, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), traslade a los órganos de gobierno de la SAREB suspenda todos los alzamientos en proceso y que ésta garantice los contratos de alquiler previos de todos los inmuebles que adquiera y que no establezca cláusulas de enajenación en los contratos de alquiler que suscriba.

“se propone utilizar los fondos Covid para adquirir un parque de vivienda pública que garantice este derecho»

Además, también se propone utilizar los fondos Covid para adquirir un parque de vivienda pública que garantice el derecho a la vivienda de todos los madrileños y que permita aportar soluciones de emergencia a las personas más vulnerables en caso de perder su vivienda en procesos judiciales.

La Comunidad de Madrid se encuentra actualmente en una situación de emergencia social, con una desigualdad cronificada y ahora inmersa en la crisis económica derivada de la pandemia, con una tasa de paro del 13,25%, 253.154 trabajadores afectados por ERE entre enero y agosto y miles de personas que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital sumándose a las más 18.032 familias que tienen concedida la Renta Mínima de Inserción. Además, tal y como se recuerda en la exposición de motivos de la PNL, Madrid, con un 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, está por debajo de la media española (0,5 viviendas sociales por cada 100 habitantes) y completamente fuera del contexto europeo, con una media de 3,8 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Por último, un 27% de la población está en riesgo de perder su vivienda

Por ello, ante esta situación de crisis, Más Madrid apuesta “por un mayor esfuerzo de los poderes públicos por garantizar el derecho a la vivienda” y, sobre todo, “por no ser los responsables de impedir que dicho derecho se pueda materializar”.

Así, el Gobierno de España debería dar instrucciones al FROB, como máximo accionista de la SAREB, para que no actúe meramente como un accionista guiado por un interés netamente mercantil si no que siga los principios rectores que le indican la constitución y priorice el derecho a la vivienda al beneficio. Esto debe sustanciarse en una inmediata suspensión de todos los alzamientos en los que la SAREB es parte ejecutora de los procedimientos de desahucio garantizando que ninguna persona durante la situación que vivimos es expulsada de su casa.

La Comunidad de Madrid debe garantizar que ninguna familia madrileña se verá en la calle debido a un desahucio y debe, con los fondos específicos que permitirán afrontar la pandemia y sus consecuencias, crear un parque de vivienda público que garantice una vivienda digna y adecuada. La Comunidad puede adquirir vivienda por si misma o en colaboración con las empresas municipales de vivienda para garantizar soluciones habitacionales a todas las familias madrileñas.

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