Los resultados del VIII Informe FOESSA, (Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) confirman “una situación que aunque mejora claramente respecto al 2013, que no alcanza los estándares de 2007 y que, si bien nos sitúa en una época nueva, sigue anclado en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión”, ha señalado Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación.

¿Qué está sucediendo en nuestro país?

Se confirma que la exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país. El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”.

La vivienda se convierte en el primer factor de exclusión social

Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable que acumulan tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.

Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna.

La investigación trae, sin embargo, una buena noticia, que está protagonizada por esa sociedad integrada que representan aquellas personas que no tienen dificultades para su supervivencia, que llevan una vida digna en términos materiales y que se ha recuperado a los mismos niveles de antes de la Gran Recesión. Son el 48,4% de la población.

Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin casa

Se detecta, sin embargo, una novedad. Dentro de esta sociedad integrada se está produciendo una reconfiguración en dos grandes sectores: un primer grupo, que es el mayoritario, denominado la sociedad de las oportunidades, que integra a dos tercios de la población de España; y un segundo grupo, que conforma lo que hemos llamado la sociedad insegura y en la que estarían unos 6 millones de personas.

Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja. Está en la antesala de la exclusión. E intuye que ante una eventual acudida, en una nueva crisis, su sostén económico se quebrará. Le indigna que la sociedad segura se desentienda del resto y coja más impulso hasta desconectarse. Son los que votan salir, los que quieren sentir que aún tienen el poder de interrumpir la dinámica de la sociedad de los seguros y de impedir la entrada de foráneos.

El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social

Los que se encuentran en la sociedad de las oportunidades, en cambio, están en una situación acomodada, creen tener la razón en sus ideas y en sus prácticas cotidianas. Consumen en exceso, apenas sin conciencia y tienen capacidad para que se pongan sus necesidades en la agenda política. Muestran cierta fatiga de la solidaridad. En realidad, los acomodados no practican la empatía, pues suelen echar en cara, a los excluidos, su desafección y su responsabilidad por estar en esa situación y, a los inseguros, que manifiesten su malestar de forma airada.

Pérdida de calidad de nuestra democracia.

Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.

Esto provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social.

La desigualdad

La vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.

El desempleo. La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es, además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.

Las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.

El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.

El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.

La Encuesta FOESSA constata que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad.

Brecha salarial de las mujeres

Las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.

Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.

Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología).

Los hogares sustentados por mujeres tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.

Las mujeres soportan, además, mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda, mayores cambios de residencia, mayores estrategias de tener que compartir casa con gente que no conocen, o tener que alquilar una habitación a otros, o mayores retornos a la casa paterna.

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