Las 507 personas físicas que se declararon en concurso de acreedores, en julio y junio pasado, ya superan a las 446 empresas en quiebra en el mismo periodo, según los datos publicados por La Celosía. A día de hoy, existen más ciudadanos que empresas en situación de quiebra.
El pasado mayo eran 191 las empresas concursadas y 183 las personas físicas también en concurso. El pasado mes de junio se declararon en bancarrota 270 particulares. En julio fueron a la quiebra 237 particulares.
Llama la atención pero no sorprende a los expertos este cambio de tendencia cuando las empresas son las que tradicionalmente utilizan la vía del concurso de acreedores.
La Ley concursal en 2003 estaba centrada en las personas jurídicas aunque también podían acogerse las personas físicas. La Ley de Segunda Oportunidad, en lo que se refiere a la declaración de concurso, permite al deudor persona física solicitar, una vez concluido el concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa, la exoneración de las deudas que no hayan sido abonadas. Las deudas que quedarían exoneradas son las derivadas de los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual del deudor, así como el exceso que hubiera quedado en caso de entrega en dación en pago de la vivienda al banco.
El único requisito exigido para que una persona física pueda solicitar la declaración de concurso es que se encuentre en estado de insolvencia, esto es, que no pueda cumplir de manera regular y puntual con sus obligaciones de pago. Un 10% de los particulares que se declaran en quiebra son extranjeros establecidos en España.
La mayoría de los particulares que se declaran en bancarrota son autónomos a los que les fue mal su negocio y que buscan no perder todos sus bienes, especialmente la vivienda.
