Todo. Y cuando se dice todo es todo. Incluso un acuerdo de Gobierno. Albert Rivera está dispuesto a negociar con Rajoy su investidura y más: “un posterior acuerdo de gobierno a medio plazo”, si el PP acepta seis condiciones: separación inmediata de cualquier cargo político imputado en un caso de corrupción, eliminación de los aforamientos, nueva ley electoral en la que se dispongan listas abiertas, modificación de la proporcionalidad por circunscripciones y supresión del voto rogado, limitación de los mandatos a dos legislaturas u ocho años, acabar con los indultos por corrupción política, y creación de la comisión parlamentaria que investigue el Caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP. La contestación se espera que se produzca en la reunión de este miércoles.
“Es la llave para abrir la puerta que permite el desbloqueo de la situación política de este país”, dice Rivera quien avisa al PSOE por si llega el caso de que, al final, hay acuerdo de investidura. “Luego le toca al sr Sánchez con la salvedad de que si mantiene su postura, va a crear una grave crisis institucional”. Y es que Rivera es consciente de que, incluso si llega a un acuerdo con el PP, todavía faltan votos para alcanzar la mayoría que permita a Rajoy formar gobierno.
En una primera lectura de la decisión alcanzada por la ejecutiva de Ciudadanos, parece que la misma es lo más razonable que se puede plantear en estos momentos. Es una cuestión de desbloqueo y para eso, ellos dicen estar dispuestos a dar el primer paso, “por España con visión de Estado”, dice Rivera que parece querer, de esta manera, frenar la sangría de apoyos que le pronostican las encuestas, la última, la del CIS.
Ahora falta por saber lo que va a decir Rajoy. En principio hay que tener en cuenta las declaraciones efectuadas por un miembro de la dirección del PP, Javier Maroto. Este ha dicho que “todo es negociable”. Pero una cosa es negociar y otra “firmar” las condiciones sin ningún tipo de matiz tal y como ha señalado Rivera. Es decir, que el líder de Ciudadanos no ha dejado abierto ningún resquicio. “O lo tomas o lo dejas”. Otra cosa, y ahí es donde puede estar la trampa, es que algunos de estos asuntos requieren de la apertura “normalizada” del periodo legislativo. Una reforma de la Ley Electoral no se puede llevar a cabo sin un proyecto aprobado en Consejo de Ministros por un gobierno con capacidad para ello, y que sea debatido por un Parlamento que, a día de hoy, ni siquiera se pone de acuerdo en la situación física que va a ocupar cada grupo.
Y todavía está algo por decidir. Rivera no ha pasado de largo cuando ha insinuado que ya es el momento de fijar fecha para la investidura. En este asunto, las presiones sobre Rajoy comienzan a ser muy fuertes. Según señalan fuentes de Génova, no es una cuestión de “falta de reflejos” como se dice por ahí, sino de la conveniencia de convocarlas antes o después del 25 de septiembre, fecha en la que, recordemos, hay previstos dos comicios autonómicos: en Euskadi y en Galicia. En la primera territorialidad de las mencionadas participa la otra formación que puede apoyar parlamentariamente a Rajoy, el PNV. Y está claro que este hipotético apoyo no se producirá hasta que se conozca el resultado electoral.
