Manuela Carmena se alinea con argumentos del eje de la derecha

La situación de Venezuela tras la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó está generando comportamientos inexplicables, sobre todo en el sector progresista de la política española. No se trata de que estar en contra de la injerencia del mundo Occidental, España incluida, en la política de un país soberano sea sinónimo de posicionarse en favor de Nicolás Maduro. El hecho es sencillo: el pueblo venezolano debe ser el que decida el futuro que quiera, sin ningún tipo de intromisión exterior porque, además, el comportamiento de Occidente vulnera el derecho internacional.

El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino lleva implícito la subversión del orden constitucional y los resultados de las elecciones venezolanas. Otro aspecto es si esos comicios tuvieron todas las garantías necesarias, un hecho por el que habría que preguntar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien estuvo en Caracas como observador.

Cada día que pasa es obvio que la única postura adecuada para solucionar los problemas políticos y, sobre todo, sociales de Venezuela pasa por la celebración de unas elecciones libres y con todas las garantías democráticas. Esto sólo se puede lograr si hay una mesa de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición que ahora está liderada por Guaidó. Cualquier otro arreglo o imposición no es otra cosa que una injerencia exterior semejante a lo que ocurrió en tiempos pasados en otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, los intereses de Occidente y de las élites que gobiernan a los países desde la sombra, se anteponen incluso a lo estipulado por el derecho internacional. El propio Guaidó dijo que se autoproclamaba presidente de Venezuela con el compromiso de convocar de inmediato unas elecciones. En los últimos días ya se puso un plazo de seis a nueve meses. Por otro lado, Nicolás Maduro se enroca en el palacio de Miraflores mostrando el apoyo del Ejército como advertencia por si el pueblo decide tomar las calles para apoyar a la oposición. ¿Qué hace Occidente para intentar arreglar la situación? En vez de mediar, de buscar lugares comunes y abrir una mesa de negociación entre ambas partes, ha decidido de manera unilateral reconocer a Guaidó como «presidente interino». En ese lugar se ha situado la Unión Europea, los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Bolsonaro, entre otros. El hecho de que Manuela Carmena, la UE o el gobierno de Pedro Sánchez estén de acuerdo con el reconocimiento de Guaidó la lleva a posicionarse en la misma línea que la Administración de Donald Trump, la misma que ha afirmado, a través del vicepresidente Mike Pence, que el tiempo del diálogo ha terminado, es el tiempo de entrar en acción, en clara referencia a una posible intervención militar.

En España no sorprendió el posicionamiento de Felipe González, un viejo socialdemócrata que cada vez está más cercano a los postulados de la derecha, ni, por supuesto, el de Pablo Casado y Albert Rivera quienes, además, van más allá al pedir, directamente, la imposición de Guaidó como presidente.

Lo que sí es sorprendente es la postura adoptada por una parte del progresismo español, desde Pedro Sánchez, pasando por Josep Borrell, hasta llegar a Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid, en una entrevista en Espejo Público, declaró que apoyaba el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente porque en Venezuela «se está viviendo una dictadura horrorosa, y es imprescindible acabar con esa dictadura». Desde luego, Carmena tiene razón, pero tiene que ser el pueblo venezolano quien decida cómo acabar con el régimen de Nicolás Maduro, no por la injerencia de los países de Occidente, que es, precisamente, lo que defienden los partidos de la derecha contra los que ella se enfrentará en las elecciones de mayo.

Por otro lado, en ningún momento Carmena se ha posicionado respecto a los ciudadanos venezolanos que viven en Madrid, blanqueando dinero (tal y como está en distintas querellas y en documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional), especulando con la compra compulsiva de propiedades en los barrios más exclusivos de la capital o de empresas que son utilizadas como método para lavar dinero que llega desde Luxemburgo, Hong Kong, Islas Vírgenes o Andorra. La alcaldesa de Madrid debería ser consciente de que esos capitales provienen del desfalco que se produjo de los recursos del pueblo venezolano que está pasando necesidades.

Manuela Carmena, en la misma línea de incongruencia que está invadiendo al progresismo español mientras la derecha crece asentándose, precisamente, en una unidad ideológica que les hace consecuentes con sus comportamientos y reivindicaciones, ha defendido en la misma entrevista la Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Norte, afirmando que «Hemos roto el proyecto de Botella, porque no era bueno para Madrid. Hicimos la propuesta Puerta Madrid Norte, y empezamos a negociar con el Ministerio de Fomento, los propietarios del terreno, Adif, etc. Empezamos a trabajar poco a poco, y creo que es un proyecto precioso. Por fin Madrid va a tener la estación que tiene que tener, 4.000 viviendas y un centro de negocios». Sin embargo, estas declaraciones muestran nuevamente la incoherencia en su discurso puesto que, para un equipo de gobierno municipal sensibilizado por la vivienda accesible, sólo han destinado un 20% a pisos sociales, es decir, sólo 800 viviendas, con las necesidades que tiene Madrid, sobre todo tras la venta de los inmuebles del IVIMA a los fondos buitre. ¿A quién beneficia realmente la Operación Chamartín? Evidentemente, a los poderes contra los que, teóricamente, se debería luchar.

Por esta razón, Carmena se ha alineado con el eje de la derecha porque, tanto en el tema de Venezuela como en el asunto de la Operación Chamartín, los puntos de unión con algunos de los postulados conservadores son demasiados para alguien como la alcaldesa de Madrid.