Malas noticias para Casado: España va bien

La economía española, una vez que la pandemia empieza a ser controlada, va como un tiro, tal como vaticinaron meses atrás algunos economistas como Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona. Agosto ha registrado la mayor caída de paro de la historia (el desempleo desciende en 82.000 personas y se crean más de 76.000 puestos de trabajo), un dato espectacular teniendo en cuenta que esta época del año suele ser mala, ya que terminan los contratos temporales de verano. Si al dato de que el paro encadena seis meses consecutivos de caída se une el hecho de que el crecimiento económico para este año puede llegar al 7 por ciento (los expertos están convencidos de que España va a ser el país que más crezca de la zona euro), el Gobierno de coalición tiene motivos más que suficientes para estar satisfecho en el inicio del nuevo curso político. Y Pablo Casado para estar preocupado.

Indudablemente, sin caer en triunfalismos (sigue habiendo más de 3,3 millones de trabajadores que no encuentran un empleo, un auténtico drama nacional), algunas cosas se han hecho bien durante la crisis del coronavirus, la peor desde el final de la Guerra Civil. El escudo social ha supuesto una ayuda para muchas familias que se quedaron sin nada en marzo de 2020, cuando se desencadenó la plaga vírica. El ingreso mínimo vital, aunque empezó al ralentí por los problemas de liquidez y gestión burocrática, empieza a carburar y a llegar a los hogares. Los ERTE se han revelado como una herramienta eficaz en tiempos de recesión, ya que permiten conservar en estado de hibernación cientos de miles de puestos de trabajo hasta que pasa lo peor de la crisis. Se han garantizado las pensiones (la revisión al alza según la subida del IPC, un blindaje justo y necesario, acaba con la infame congelación y recortes de los gobiernos del PP) y se ha subido el salario mínimo interprofesional (la última mejora de estos días supondrá un avance importante en el camino a la homologación de los salarios españoles siempre bajos en relación con el resto de países europeos). Hoy hasta los más acérrimos economistas ultraliberales y los prebostes de la patronal CEOE reconocen que subir el SMI es una medida beneficiosa para la economía, ya que el trabajador puede disponer de más dinero para gastar, lo cual reactiva el consumo y por consiguiente incentiva la producción industrial.

Para completar el panorama de esperanza y optimismo tras la pandemia, conviene no olvidar que ha empezado a llegar el maná de los fondos europeos que deben contribuir a la recuperación y modernización de la economía española en el proceso hacia la transición verde y tecnológica, un paquete de 140.000 millones de euros (más de 72.000 a fondo perdido) de los cuales este verano ya ha llegado una primera partida de 9.000 millones, que servirán para ir parcheando los destrozos ocasionados por el covid.

Es cierto que España no está para tirar cohetes ni para caer en el triunfalismo o en el eslogan “misión cumplida” al que es tan propenso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La economía española sigue lastrada por graves problemas estructurales como la precariedad laboral, la desigualdad, el déficit y la inflación mientras que algunos males endémicos como la pobreza energética provocada por el tarifazo de la luz en los meses más calurosos y fríos (un abuso en toda regla de las compañías eléctricas que castiga a las clases más humildes) no han sido extirpados todavía. El descontrol en la factura de la luz es uno de los fracasos más sonados de este Gobierno socialista, pese a que ha mostrado cierta buena voluntad a la hora de intervenir en el mercado poniendo en marcha medidas como el bono energético y la flexibilización de las tasas e impuestos, ideas que se han revelado ineficaces frente al poderoso oligopolio del mercado mayorista, que con sus especulaciones, subastas e injustas leyes de oferta y demanda ha implantado una especie de gran dictadura energética en nuestro país.

Sánchez anunció ayer que el Gobierno seguirá “actuando” para frenar el atraco que sufren los españoles cada mes a manos de los piratas hidroeléctricos, pero está por ver si tendrá el valor suficiente como para enfrentarse a las multinacionales del Íbex 35 y acometer planes más ambiciosos y efectivos, como la puesta en marcha de una gran compañía nacional que compita en el mercado libre para regular los precios y garantizar el suministro de un bien esencial para la vida como es la energía. El laconismo que muestra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (“la energía es un problema complejo que no tiene una solución sencilla”) no invita a pensar que puedan frenarse a corto plazo las actividades de los bandoleros y asaltacaminos de la luz.

Casado no lo ve claro

No obstante, y pese a los nubarrones, casi todo son buenas noticias para el Gobierno de coalición en el inicio del nuevo curso político. Buenos augurios de estabilidad gubernamental a los que vienen a sumarse la campaña de vacunación contra el coronavirus (un ejemplo de gestión que asombra al mundo y que pone en valor la Sanidad pública española); el tirón de orejas que la UE ha dado al PP por negarse a renovar los altos cargos del Poder Judicial en contra de lo que ordena la Constitución; y la exitosa operación de evacuación de los refugiados afganos, una audaz misión militar humanitaria que ha sido alabada y reconocida por Estados Unidos y por el resto de la comunidad internacional. Haber salvado miles de vidas nos engrandece como país y quedará para la historia frente al infame chiste sobre las alpargatas del presidente que retrató al frívolo alcalde de Madrid, Martínez Almeida.

El buen panorama que se le presenta al Gobierno no es el mejor escenario para la oposición de las derechas PP, Cs y Vox, que daban por seguro que a mitad de Legislatura el Gobierno de coalición ya habría saltado por los aires. No solo no ha reventado el Ejecutivo, sino que se encuentra más fuerte que al principio y con garantías de plantar cara al Partido Popular pese a lo que digan las encuestas coyunturales. Hay partido de cara a las próximas elecciones y en la medida en que a España le siga yendo bien a Pablo Casado le irá mal. De ahí que el líder popular haya recrudecido su discurso apocalíptico, siempre a la contra, negativista y más populista que nunca. Por si fuera poco, Isabel Díaz Ayuso lo puentea descaradamente y ejerce ya como próxima candidata popular al Gobierno de la nación. El navajeo en Génova 13 promete ser apasionante.

La reanudación de las sesiones parlamentarias prevé batallas políticas encarnizadas en un otoño más caliente que nunca. Quedan dos años para saber si los españoles valoran el esfuerzo de un gobierno socialdemócrata en época de crisis, un estilo muy diferente al ultraconservador de Rajoy, que tras la recesión de 2008 se dedicó a permitir los desahucios, a meter la tijera sin misericordia en los servicios públicos como la sanidad y la educación y a inyectar dinero a fondo perdido a la banca: más de 60.000 millones de euros que los españoles jamás volverán a recuperar. Dos formas muy distintas de gobernar. Para que luego digan que las ideologías han muerto y son cosa del pasado. De eso nada.