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Maduro y Cuba

Germán Gorraiz López
Analista económico y geopolítico, colabora habitualmente en varias publicaciones digitales e impresas españolas y latinoamericanas.
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El acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China), por lo que EEUU juró lograr la defenestración de Maduro.

Asimismo, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, fue vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que fue aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ( Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez), para intentar un golpe de mano contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EEUU, verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”.

Asimismo, en unas declaraciones Tillerson afirmó que “Estamos evaluando nuestras opciones políticas, revisando lo que podemos hacer para crear un cambio de condiciones a partir de las cuales, Maduro decida que que no tiene futuro y decida dejar el Poder por su propia cuenta o que podamos regresar los procesos constitucionales a su Constitución”, toda una declaración de intenciones que se plasmó en la implementación de sanciones contra Venezuela de los países que lo circundan para convertirla en “territorio asediado y presto para ser fagocitado”.

Tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora basada en el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la obscena especulación, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición y la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pagos y el fiasco de Guaidó, estaríamos asistiendo a la fase final de la trama para lograr la defenestración de Maduro, para lo que se antoja inevitable el visto bueno de Putin.

Trump y Putin habrían mantenido una reciente conversación telefónica en la que Putin habría confirmado a Trump su voluntad inequívoca de “no respaldar militarmente a Maduro” y en este contexto, asistimos a la presentación por el Fiscal General de EEUU, William Barr de cargos contras la cúspide chavista a la que acusan de “tramar una conspiración con las FARC para inundar los Estados Unidos de drogas” así como al ofrecimiento de una recompensa millonaria en dólares que oscila entre los 10 y los 15 millones por “facilitar informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de la cúspide chavista”, entre los que se encuentran Maduro, Cabello Diosdado, los generales retirados Carvajal Barrios y Clíver Alcalá así como el Ministro de Industria, Tareck el Aissami.

Cuba sería clave para lograr el exilio a la Isla de Maduro y el resto de la cúpula chavista a cambio de suspender EEUU el bloqueo energético a la Isla. Así, Mike Pence, anunció la implementación de nuevas medidas contra dos compañías que transportan el crudo venezolano hasta Cuba así como contra los 34 buques que utiliza PDVSA para tal cometido aunado con un posible bloqueo naval con el objetivo confeso de provocar la “asfixia energética de Cuba” mediante la amputación del cordón umbilical que unen Venezuela y Cuba. Caso de persistir el bloqueo naval de EE.UU. al crudo venezolano, la Isla se vería abocada a una asfixia energética de resultados imprevisibles tras el hundimiento del turismo provocado por la irrupción en la Isla de la pandemia del coronavirus.

Finalmente, en el supuesto de ser insensible la cúpula chavista a los consejos cubanos, EEUU procedería a la Invocación de la Carta Democrática Interamericana que declara “que los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, lo que permitirá a EEUU intervenir en cualquier país del llamado “patio trasero” cuando estime que “son negados los derechos universales o cuando la independencia de la justicia o la prensa esté amenazada”, contando con la inestimable ayuda logística de Colombia, convertida en el portaaviones continental de EEUU para lograr que Venezuela vuelva a la senda de las “democracias tuteladas por EEUU”.

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