Lydia Cacho: 14 años de dignidad contra la infamia y la impunidad

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho, periodista mexicana y defensora de los derechos humanos, fue ilegalmente arrestada, torturada durante veinte horas, encarcelada y sometida a juicio durante un año tras haber documentado la existencia de una red de pornografía infantil y lavado de dinero bajo colusión de diecinueve servidores públicos. Entre otros, tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge.

Han pasado ya 14 años de aquello y Lydia Cacho sigue viviendo bajo la amenaza de ser asesinada en cualquier momento. En estos momentos tiene que vivir exiliada en diferentes países porque su vida corre peligro, porque los que la torturaron e intentaron asesinarla quieren callarla.

Hay que recordar cómo el pasado mes de julio cuando dos individuos entraron en el domicilio de Lydia Cacho y robaron equipos de trabajo e información altamente sensible que formaba parte del trabajo de la periodista. Este hecho fue una represalia y una amenaza por parte de aquellos que se ven en peligro por el ímprobo trabajo de investigación periodística de Lydia Cacho. Ese allanamiento, además de represalia, fue una nueva amenaza a su vida porque quienes lo ordenaron estaban enviando el mensaje de que, esté donde esté, ellos podrán encontrarla.

Sin embargo, Lydia Cacho no se arredró ni se acobardó ante esta nueva amenaza a su vida y afirmó lo siguiente: «lo que hicieron en mi hogar tiene que ver con la forma de represalia por el trabajo exitoso que he tenido para evidenciar la violencia contra los niños, las niñas, las mujeres, los feminicidios, las fosas clandestinas, la operación de la delincuencia organizada en México y en el mundo y todas sus redes con la narcopolítica […] Están enojados ese pequeño puñado de hombres cobardes que quieren destruir este país. Yo, como muchas periodistas, trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos, con una perspectiva de género, perspectiva feminista, que integra la visión de los derechos de los hombres, de las mujeres y de las niñas y los niños. Y no voy a dejar de hacerlo. Tenemos que pasar de la indignación a la acción».

Aunque la llegada de López Obrador (AMLO) al poder pudiera haber dado a entender que la situación de Lydia Cacho iba a cambiar, que iba a contar con más seguridad, la realidad es que todo sigue igual que con los gobiernos de Fox, Calderón o Peña Nieto. Por eso se vio obligada a exiliarse, pero sin dejar su trabajo de investigación.

Mientras AMLO se reúne con Ana Patricia Botín y se muestra orgulloso de encontrarse al lado de una de las representantes de las dictaduras privadas, una mujer que es todo lo opuesto a Lydia Cacho, la periodista se ve obligada a dejar su país porque si retornara seguramente sería asesinada.

Mientras AMLO cierra proyectos multimillonarios con el «banco de Ana», como él mismo dijo hace unos días en un vídeo hecho público a través de redes sociales, estrategias en las que se pretende trasplantar el modelo económico de la burbuja inmobiliaria española y que generará miles de millones de dólares de beneficios a las grandes empresas y los grandes bancos, Lydia Cacho se ve obligada a vivir oculta porque los gobiernos de Morena, el partido de AMLO, no le aseguran su seguridad.

La propia periodista afirmó en una entrevista a Periódico Central que «Me queda claro que Mario Marín sigue y seguirá con unos niveles brutales de impunidad que se vinculan ya al nuevo gobernador de Puebla y que tenemos ya que hacerlo corresponsable de esta impunidad en este momento, aunque los actos criminales contra los niños y las niñas y contra mi fueron realizados en sexenios pasados, mientras ellos sigan con la ficha roja de Interpol y sigan sin ser detenidos continúa la impunidad».

Ante esta situación de una defensora de los derechos humanos y de las libertades, ¿qué hacen los organismos y organizaciones políticas de occidente que, en teoría, están obligados a proteger a quienes son perseguidos por sacar a la luz hechos que atentan contra los derechos humanos? ¿Por qué, en vez de tantas palabras, no actúan? La coherencia y la dignidad no están en las palabras sino en llevar a efecto lo que se dice.