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Luis Abinader: ética y transparencia frente a los Pandora Papers

El presidente de República Dominicana ha reconocido, tanto al ICIJ como a través de un comunicado oficial, que sí utilizó una sociedad offshore durante los años en que era legal en su país pero que, una vez que se legisló en este sentido, regularizó la situación y tributó en su país

Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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análisis

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La presencia de Luis Abinader, actual presidente de República Dominicana, en los «Pandora Papers», ha provocado una verdadera conmoción en el país caribeño. Sin embargo, tanto a través de un comunicado oficial como en su respuesta al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Abinader ha sido transparente, no se ha escondido y ha reconocido que lo que incluyen esos documentos es cierto, pero que no existió ninguna actividad contraria a lo indicado por la ley cuando lo hizo.

En el comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia de República Dominicana se señala que la principal razón por la que utilizó este tipo de compañías se debió a que hasta final del año 2008 la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Este hecho provocaba que adquirir activos y realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas «presentaba obstáculos importantes», señala el comunicado.

Abinader no se esconde y no duda en afirmar que tanto él como su familia usaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales pero que él cumplió con las «obligaciones tributarias en el país».

Además, cuando accedió a la Presidencia en agosto de 2020, incluyó en su declaración jurada de patrimonio dos compañías panameñas que son señaladas en los documentos de la investigación periodística, en concreto, Padreso S.A. y Litlecot Inc., cuya propiedad Abinader comparte con sus hermanos.

Por otro lado, el comunicado de Presidencia señala que cuando Abinader accedió al cargo de jefe de Estado, constituyó un fideicomiso de administración en la República Dominicana para manejar su patrimonio y el de su familia, como parte de un proceso de reestructuración para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares.

Además, Abinader le dijo al ICIJ que Littlecot Inc. tiene una propiedad familiar en República Dominicana. Respecto a Padresso SA posee acciones de otras seis entidades y de la universidad privada propiedad de su familia. En concreto, Abinader señaló a ICIJ que «estas empresas fueron constituidas por consultores que contratamos para adquirir las empresas en las jurisdicciones seleccionadas. Para facilitar las transacciones comerciales con los clientes y reducir la carga administrativa de las empresas durante la incorporación, algunos abogados tienden a utilizar acciones al portador. Una vez que cualquiera de las empresas es asignada a un cliente en particular, en nuestro caso, las acciones al portador se convierten en acciones ordinarias y se incluyen dentro de la estructura familiar de manera expedita».

Desde un punto de vista político, cuando se posee la razón no hay que dar tantas explicaciones porque éstas se pueden volver contra uno. Este es uno de los principios fundamentales de la comunicación política. Hay que explicarse y el pueblo dominicano tiene derecho a saber. Pero no hay que profundizar más allá de lo que requiere la transparencia.

Para poder realizar una comunicación política que no vaya reñida con la exigencia de transparencia, el presidente Abinader encargó a ESIHC, una empresa española especializada, entre otras cosas, en comunicación, un trabajo que el Ministerio de Cultura de España certificó como «Investigación Científica», en el que se señalan las herramientas precisas para una comunicación política efectiva. Entre los aspectos destacados en dicho trabajo, se señala la transparencia como uno de los elementos clave para una buena gobernanza. En este sentido, la reacción de Abinader respecto a los «Pandora Papers» ha sido transparente. No se hizo nada ilegal en el momento en que se hizo y cuando accedió al poder incluyó esas empresas en su declaración jurada de patrimonio.

Por otro lado, esta supuesta polémica da una oportunidad que a muy pocos dirigentes políticos se le presenta: Abinader tiene la posibilidad de legislar para prohibir que en República Dominicana nadie pueda crear empresas offshore en paraísos fiscales, sobre todo en Panamá. Esto es aplicable tanto dominicanos como a otras personas llegadas de otros países que constituyan empresas en el país.

El comunicado de Presidencia es claro cuando finaliza afirmando que «es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales».

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