Susana Díaz y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

Salud, educación y servicios sociales son los tres ejes sobres los que pivota lo que la presidenta de Andalucía ha definido como sus “joyas de la Corona” y que el ejecutivo andaluz asegura mimar con una dotación presupuestaria más que suficiente. Pero la realidad de los hechos desmonta esta imagen publicada por el Gobierno de Susana Díaz. Su proyecto de fusión hospitalaria fue rechazado ampliamente por la ciudadanía con manifestaciones multitudinarias. La educación pública que tanto se defiende no deja de aupar la financiación del sistema de colegios privados concertados y de no dotar de forma adecuada la sostenibilidad y climatización de los centros educativos públicos. Y la tercera punta de esta corona, los servicios sociales públicos, se desmorona a pasos agigantados, como han denunciado los profesionales del sector, en una comunidad donde el 41,7% de la población vive actualmente en situación de riesgo de pobreza, según la tasa Arope, a una distancia de casi el 14% de la media de España.

Los colegios de Trabajo Social denuncian el “colapso” de los servicios sociales comunitarios, con un incremento del 26% en la carga de trabajo en seis años

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social han presentado un informe demoledor sobre la “caótica” situación de los servicios sociales en Andalucía, en la que su presidente, Julio Piedra, denuncia que “la situación de colapso de los servicios sociales comunitarios en Andalucía está íntimamente relacionada con la pobreza” y subraya que combatirla “es tarea de todos, y por supuesto del Gobierno regional”.

Pese a valorar “positivamente” medidas y prestaciones que se han ido implementando en los últimos años por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, los profesionales de Trabajo Social en Andalucía denuncian que ello ha traído consigo también tras estos años de crisis económica brutal “un incremento exponencial tanto de la carga de trabajo como de las responsabilidades que recaen sobre el personal de servicios sociales comunitarios”.

Los datos aportados por este colectivo son contundentes en Andalucía y dejan en evidencia que la lucha para evitar la exclusión social de miles de andaluces es desproporcionada entre la diferencia sideral entre los medios disponibles y el número de profesionales encargados de llevarla a cabo. “Todo ello ha supuesto un incremento exponencial tanto de la carga de trabajo como de las responsabilidades que recaen sobre el personal de servicios sociales comunitarios”, denuncian desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social.

Un dato incuestionable que resalta esta precarización de los servicios sociales en Andalucía es que la figura del trabajador social ha disminuido un 21% entre los años 2008 y 2015 en el conjunto de Andalucía, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo inasumible. La ratio entre los profesionales existentes y el número de expedientes familiares ha pasado de 380 casos por trabajador social en el año 2010 a 482 expedientes durante el año 2015. El incremento en la sobrecarga ha sido del 26%. “La situación empeora y se vulnera la dignidad de las personas”, apunta la vicepresidenta del colectivo, Pilar Tubío.

Cada trabajador social de Andalucía ha pasado de atender 380 expedientes familiares en 2010 a 482 en 2015

El informe de los profesionales de Trabajo Social en Andalucía resalta que varios factores concatenados han provocado un incremento de las personas atendidas en más del 40%, tras la ampliación de las competencias por la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la gestión de medidas contempladas en los decretos para luchar contra la exclusión social de Andalucía y la solicitud de la renta mínima de inserción, entre otras nuevas prestaciones.

La falta de personal para atender estas demandas de atención social no sólo está afectando a la prestación ciudadana sino que pasa factura a los profesionales que, según Julio Piedra, “soportan diariamente mucha presión”, que llega a provocar “deterioro de su salud física y mental”. También hay que sumar una alarmante falte de medios y recursos materiales y el aumento de amenazas y agresiones a estos profesionales en el desempeño de su trabajo diario “debido a la larga lista de espera, agendas saturadas y ralentización de las prestaciones”.

Otro aspecto destacado que lamentan estos profesionales del Trabajo Social en Andalucía es que se está reduciendo su intervención a personas y familias y han tenido que renunciar prácticamente al trabajo social comunitario y de grupos. “La presión de la atención inmediata nos está sacando de las calles”, apunta el presidente de estos colegios de Trabajo Social, quien lamenta además que sus instrumentos propios de trabajo, como son el informe social o el proyecto de intervención social, “se están viendo reducidos a meros trámites por las administraciones públicas que ejecutan las políticas sociales.

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