La semana pasada conocíamos la noticia que le ha costado su escaño como diputado a José Miguel González, número 2 del Partido Popular de León y su secretaría provincial en el partido.

Precisamente fue el diario local León Noticias quien informó sobre la dudosa veracidad de la titulación del diputado. José Miguel González les hizo llegar un título para «acreditar» su licenciatura en Derecho. Sin embargo, desde el diario de León pudieron comprobar que se trataba de un título falso al cotejarlo con la numeración y la coloración de los títulos oficiales que se expiden por parte  de la fábrica de moneda y timbre.

En un primer momento, desde el Partido Popular le conminaron a denunciar al medio, si es que lo que estaban publicando era falso. Pero no lo hizo.

A continuación apareció en Radio León donde negó que fuera licenciado. En ese momento trató de justificarse diciendo que «solamente había dicho que tenía estudios en Derecho».

Títulos que se venden por internet y sus consecuencias

La noticia del Diputado de León ha descubierto algo que muchos desconocían: la posibilidad de comprar titulaciones académicas a través de internet.

Existen páginas que ofrecen la venta de titulaciones «falsas». En algunos casos, se trata de una estafa, según indican desde la Policía Nacional. En otros casos, facilitan documentación falsificada, que no tiene ningún tipo de validez oficial en realidad y que además puede ser un hecho constitutivo de delito para quien utilice este tipo de documentación, concretamente, falsedad documental (que puede conllevar una pena de multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años).

Presentar un título falso en el CV a la hora de buscar empleo puede suponer un despido procedente sin derecho a indemnización.

El problema de los títulos académicos y la clase política

Parecía que el escándalo por los títulos obtenidos de manera irregular había quedado atrás. Casos como el de Cristina Cifuentes, que según El Diario.es «obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas», o el de Pablo Casado, que «obtuvo el título presentando cuatro trabajos sin acudir a clase y con Enrique Álvarez Conde como interlocutor» abrieron la caja de las sospechas sobre la titulación de nuestros políticos.

Fue en ese momento, cuando esta información vio la luz, que algunos de los CV de los políticos cambiaron ipso facto. Javier Maroto, Ana Pastor, Eloy Suárez, Jorge Moragas, del Partido Popular, retiraron o cambiaron algunos de los datos que aparecían en sus CV. En el PSOE, Pedro José Muñoz, eliminó su licenciatura en Derecho, y Toni Cantó ya no aparecía como «pedagogo» titulado. Carlos Salvador, diputado de UPN tenía un máster en Derecho de Empresa que ya no aparece. Como en el caso de Juan Merlo, de Podemos Galicia, que hizo desaparecer de su CV un título de ingeniero que en realidad no tenía.

Pero estas mentiras no son nuevas. Recordemos casos tan sonados en su día como el del subsecretario de Estado por el PSOE, director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, quien aseguraba ser ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Empresariales, y tener un máster económico. La realidad era muy otra: no había terminado el Bachillerato.

En aquella época también vimos cómo el que fuera Secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social con el Partido Popular, Tomás Burgos, hacía constar en el expediente facilitado por Moncloa y en la web del Congreso una licenciatura en Medicina, algo que después ha sido modificado a «formación universitaria en Medicina».

Juan Manuel Moreno Bonilla, ni más ni menos que el actual presidente de la Junta de Andalucía, mostraba en su CV una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Una legislatura después, según señala La Vanguardia, la carrera se diluía a «estudios en la materia» y en 2008 en su CV no aparecían ni siquiera estudios superiores. Fue en 2012 cuando apareció un grado en protocolo y organización de eventos por la Universidad Camilo José Cela.

La que fuera alcaldesa del Partido Popular en Santander, Gema Igual, aparecía en los perfiles públicos como «diplomada en Magisterio», algo que ella misma describió como «un error sin mala fe». Actualmente aparece «estudios en magisterio».

En Cataluña uno de los casos más conocidos fue el de Joana Ortega, de CIU, quien reconoció no haber terminado la carrera de Psicología.

En Ciudadanos tampoco se han quedado atrás a la hora de maquillar sus perfiles. Hay que recordar que en su acuerdo de investidura con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid hacían constar expresamente en un punto que los cargos públicos que hubieran falsificado su CV o su cualificación profesional, dimitirían de manera inmediata. Pues bien: el caso de Cifuentes ya lo conocemos. Pero lo llamativo es que el secretario general en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, decía en su CV que era doctor en ingeniería, cuando no había concluído el doctorado. A su compañero César Zafra le pasó algo similar, que admitió haber ejercido como abogado sin estar colegiado.

Pero sin duda, el caso más paradigmático en Ciudadanos ha sido el conocido «CV menguante de Albert Rivera«: en plena polémica por el máster de Pablo Casado y la tesis de Pedro Sánchez, el CV de Rivera se analizó desde distintos medios y pudo comprobarse cómo había «menguado» desde 2015. En un principio se presentaba en algunas webs a Rivera como doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona. Se trató de explicar que había sido un error, porque Rivera estaba estudiando el doctorando, pero no lo había terminado; sin embargo, la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona desmintió la totalidad de lo dicho, puesto que Rivera no constaba matriculado en esa universidad.

Es habitual que algunos dirigentes políticos dieran por terminados sus estudios, a pesar de que les quedasen asignaturas para terminar la carrera. Sucedió así con Elena Valenciano, que había cursado estudios tanto en Derecho como en Ciencias Políticas pero no había terminado ninguna de las dos carreras, y sin embargo el CV que figuraba en el Parlamento Europeo hacía constar las licenciaturas, y tuvo que modificarlo. Ada Colau es otra de las políticas que, a pesar de haber estudiado en la Universidad, no llegó a culminar la carrera, pero en su caso es un hecho que nunca ocultó ni trató de maquillar. Siempre ha explicado que no tuvo posibilidad de terminar la carrera por tenerse que poner a trabajar ante la falta de recursos económicos de su familia.

Pero no solamente en España tenemos estos casos, sino que se conocen escándalos en otros países, como en la administración Trump, donde recientemente se ha conocido que Mina Chang, subsecretaria adjunta en el Departamento de Estado, alteró su CV con falsos logros profesionales. Incluso, llegó a crear una falsa portada de Time con su cara.

En Italia, el escándalo Conte azotó al candidato a la presidencia de Italia en 2008. Infló su CV, que tenía 13 páginas en las que señalaba haber estudiado en prestigiosos institutos  internacionales (desde Yale a la Sorbona), y luego tuvo que matizar lo escrito.

En 2015 acusaron al primer ministro moldavo, Chiril Gaburici, de haber falsificado su diploma universitario.

Los políticos no son los únicos

La falsificación de titulación no solamente se da en aquellos que quieren lucir llamativas carreras ante la ciudadanía. En 2015 se destapó una red de falsificación de títulos para los trabajadores que accedían a puestos en seguridad privada. Concretamente, el juzgado penal de Tenerife condenó a una docena de responsables de seguridad privada por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato que eran necesarios para poder presentarse a la candidatura de «director de seguridad». La red vendía los títulos de Bachillerato por un precio entre 700 y 1000 euros. Entre el material incautado a los condenados, encontraron 500 diplomas en blanco y 250 que simulaban el título de bachiller y 250 que falsificaban el diploma de FP, según informó en su momento el Confidencial.

También fue conocida la compra de permisos de conducir, con casos en los que se denunció que se habían pagado entre 1500 y 2500 euros a grupos organizados. Concretamente, entre los casos que se denunciaron, había involucrada una funcionaria de la DGT y su marido, un policía retirado que eran los jefes de la trama. Era la denominada operación «academia»

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