El ‘Acuerdo de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)’ aprobado por el Consejo Territorial el pasado 28 de junio supone un cumplimiento sólo parcial del Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque para la plena implementación del Sistema de Dependencia, suscrito en enero de 2021 por los agentes sociales y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Acuerdo de Dependencia
El elemento más destacable del texto aprobado consiste en la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención integral centrada en la persona. Un modelo que es compartido por UGT y CCOO.
Para los sindicatos, “la concreción material que se le ha dado no define de forma suficiente la importancia que la dimensión laboral despliega”, en el propio modelo. Sin un número suficiente de trabajadoras y trabajadores que presten los servicios profesionales de atención y cuidado en unas condiciones laborales de calidad, el nuevo modelo de atención quedará condicionado a una serie de protocolos formales. Entre ellos, el tamaño de centros, definición de unidades de convivencia, actualización de régimen interior, etc.
Calidad en la atención a la dependencia
Para CCOO y UGT, estos protocolos son necesarios, pero insuficientes por sí mismos para alcanzar el objetivo de calidad. Por ello, la atención que persigue la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, no se cumplirá.
Los sindicatos lamentan que el Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), no garantice la calidad en el empleo. Tampoco, la calidad en el servicio. A lo largo de todo el proceso de negociación, tanto UGT, como CCOO han asistido a una “edulcoración de las propuestas presentadas. Hasta que prácticamente han quedado diluidas”, han denunciado en un comunicado.
Unas propuestas, que para los sindicatos son básicas a la hora de asegurar unos servicios de calidad. Qué deben ser atendidos por profesionales del sector y con unas ratios de plantilla que permitan dispensar unos servicios suficientes.
Igualdad en el sistema de dependencia
El resultado global del acuerdo ha dejado los conceptos más abiertos y en muchas ocasiones al arbitrio de la aplicación en las Comunidades Autónomas. Para los sindicatos, este acuerdo en muchas de las cuestiones planteadas es de mínimos. Denuncian, que más que favorecer la igualdad en el sistema de dependencia, “favorece las diferencias territoriales. También la inequidad de los y las ciudadanas en función del territorio de residencia”.
El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal. Que estaría condicionando a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD.
Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios. Además, reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.
Aumento de la financiación estatal a la dependencia
Pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023. “El Ministerio de Derechos Sociales, no ha vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación. Tampoco al aumento de la calidad del empleo”, denuncian CCIOO y UGT. Además, señalan que el Acuerdo de acreditación de centros y servicios “renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023”. Y condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.
Condiciones básicas de empleo
Se establece un nuevo punto de financiación en el que el grado de cumplimiento del acuerdo estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria. Que será acordado en los convenios de colaboración. Entienden que según se cumplan los criterios y objetivos pactados, el Ministerio realizará la distribución de las partidas económicas. Todo, según el nivel de logros observados, siempre en el interés de una mejora continua del Sistema.
Los sindicatos recuerdan que el Acuerdo a la Dependencia “regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros. Así como el servicio que operan en el sistema de dependencia”. Entre los que se encuentran, las ratios de plantilla (el número de trabajadores/as por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad.
Garantías mínimas de contratación a la dependencia
También las garantías mínimas de contratación (temporalidad, jornada, etc.). En este Acuerdo, “las ratios presentadas especialmente para las plazas residenciales resultan insuficientes para los y las trabajadoras del sector”, denuncian. Además, para UGT y CCOO tiene unos porcentajes que quedan por debajo de la media de todo el territorio y además amplían el tiempo de exigencia hasta diciembre del año 2029.
Todo ello, incorporado en un nuevo modelo de proximidad y autonomía para el beneficiario que se pretende implantar y que “claramente se contradice con las ratios de exigencia aprobadas”, señalan.
Congelación indefinida de las ratios de plantilla
Destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla (el número de profesionales por cada persona beneficiaria que debe estar atendida) en los centros de día para personas mayores dependientes en 1 cuidador/a, gerocultor/a o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Una cifra que se mantiene sin cambio desde 2008.
Personas mayores dependientes
Y, más grave aún, para los sindicatos es que, en los centros residenciales de personas mayores dependientes, la norma estatal dejará de exigir un número mínimo de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023. Aún entonces, hasta el año 2029 el requisito será inferior al que hoy se exige en algunos de los territorios.
Cuando el 31 de diciembre de 2023 vuelva a operar la exigencia de una ratio mínima de atención, cada una de las gerocultoras/es tendrá que atender a 3,2 personas residentes. Está previsto que esta ratio se incremente anualmente hasta el año 2029 pero sólo de forma moderada ya que entonces cada gerocultor/a tendrá que atender a 2,3 personas mayores. Y, aun así, estas ratios quedan expresamente condicionadas a que el Estado aumente aún más su aportación a la financiación del sistema.
Contratación de personal que haga funciones de enlace
Para CCOO y UGT, se pierde una oportunidad inaplazable a la hora de regular, “la tan esperada coordinación sociosanitaria, dejando sin desarrollar los instrumentos permanentes de colaboración entre niveles”. Se hacen referencias a la contratación de personal que haga funciones de enlace, pero parece una definición excesivamente laxa o poco concreta respecto de las características de cualificación profesional que se le han de exigir de este trabajador/a. La propuesta de los sindicatos ha sido siempre, que “en los centros residenciarles de más de 30 plazas cuenten con, al menos, con personal médico o enfermera/o enfermero”.
UGT y CCOO reivindican el cumplimiento de los objetivos del Plan de Choque, en listas de espera, prestaciones profesionales, calidad en el empleo. Así, también el aumento de las intensidades de las prestaciones que, pese a la inversión económica realizada por el Ministerio, es importante pero todavía insuficiente.
Por último, exigen al Ministerio de Derechos Sociales y a las CCAA que se cumplan estos requisitos y sean ratificados en los distintos presupuestos del 2023.
