Este no es el gobierno que deseábamos, pero es nuestro gobierno, el mejor para los pensionistas. Confiamos plenamente en que funcionará como un equipo y creemos que los temas sociales nos unen, fortalecerán el trabajo en equipo y evitarán la entrada de la mochila austríaca.

A la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) les gustaría conocer qué va a pasar con el trabajo realizado en los dos últimos años por la Ministra Valerio. “La ministra tenía un compromiso para que los autónomos este año pasaran a cotizar en función de sus ingresos reales. ¿Se va a respetar ese compromiso?”, se preguntan.

Por otro lado, afirman que el mayor problema que tiene la Seguridad Social, además de imputársele los gastos impropios, son los casi 7.000 millones que existen de diferencia entre lo que se está pagando a los autónomos jubilados y lo que están ingresando los trabajadores autónomos. “En muchos casos patronos, con altos rendimientos económicos y pudiendo, no han querido cotizar más”, afirman.

Del nuevo ministro de la Seguridad Social aseguran que no tienen todavía mucha información, aparte del trabajo que hizo sobre la Seguridad Social y del que se desprende que la edad real de jubilación debe acercarse a los 67 años o que el cómputo de años cotizados sea toda la vida laboral. También, desde la Asociación son conocedores de que el ministro es consciente de que la Seguridad Social está asumiendo pagos que deberían efectuarse desde los Presupuestos Generales del Estado, como los salarios de Funcionarios, ayudas a las Empresas, permisos de paternidad y maternidad, o el déficit de los Regímenes Especiales. “Un Total de más de 18.000 millones, según nuestros cálculos”.

Escrivá también aconsejó que parte del dinero que se aporta para el desempleo podría destinarse a pagar pensiones.

Desde ADDEPU piensan que las medidas son acertadas, pero “deberían ser complementadas con subir un punto en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, algo que daría tranquilidad al sistema, a los pensionistas, a los trabajadores, etc”. La Asociación En Defensa de las Pensiones Públicas recuerda que no hace muchos años los empresarios bajaron 4 puntos de cotización sin lo que, a su juicio, no existiría déficit alguno.

“Por primera vez en este país, un Alto Organismo ha sido capaz de identificar la realidad de la Seguridad Social y proclamarlo”, dicen, “La Seguridad Social no tiene problemas financieros”, “Tanto el Banco de España, como el BBVA y la mayoría de economistas y tertulianos proclamaban la inviabilidad de la Seguridad Social, mentían como bellacos”, dicen.

“Esperamos que el nuevo ministro presente a la ciudadanía el plan para la anulación del falso déficit y que la Seguridad Social no vuelva a pagar ningún gasto impropio” y que, además de tener buena cabeza, tenga la sensibilidad social necesaria para el desempeño del cargo.

ADEPPU no entiende que si en el año 2019, con igual presupuesto, se subieron las pensiones, en mayor porcentaje las mínimas, y las cotizaciones, este año 2020 se haya optado por dejarlos para cuando lleguen los Presupuestos. “No tiene lógica”, afirman. El año 2019 ha sido el primero que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han subido más que los gastos desde 2011.

Para la ADEPPU “este Gobierno es el mejor posible para los pensionistas” ya que se ha comprometido a derogar la ley de sostenibilidad, volver a establecer por ley la subida en base al IPC real, la desaparición progresiva del déficit de la Seguridad Social, blindar las Pensiones en la Constitución, derogar las medidas más lesivas de la Ley Laboral, eliminar progresivamente el copago farmacéutico y aumentar las ayudas a la Dependencia.

Ante todas estas medidas, un sector de jubilados, fundamentalmente del País Vasco y Navarra, han planteado una huelga general. La posición de ADEPPU es que ante estas medidas del Gobierno, “no tiene el menor sentido la convocatoria de huelga”, y que si hay que plantear alguna prueba de fuerza, sea cuando se “discutan en el Pacto de Toledo las soluciones a nuestras peticiones”.

El Pacto de Toledo está conformado por todas las fuerzas políticas parlamentarias. El colectivo de pensionistas, siendo más de 9 millones, carece de representatividad. Para ADEPPU deberían estar presentes en cuantas negociaciones les atañen. “El Gobierno debería ver la manera de darles representatividad mediante una ley”, concluyen.

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