domingo, 26septiembre, 2021
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Los náufragos no eligen puerto: capítulo I

Se habla mucho de los principios éticos que deben regir la acción política y de la obligación moral que debe presidir el ejercicio del poder en su vertiente instrumental para que la transparencia sea connatural a la gestión pública, pero a la hora de definir tales normas deontológicas resulta imposible poner de acuerdo a ideólogos y sociólogos, juristas y filósofos

Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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Se habla mucho de los principios éticos que deben regir la acción política y de la obligación moral que debe presidir el ejercicio del poder en su vertiente instrumental para  que la transparencia sea connatural a la gestión pública, pero a la hora de definir  tales normas deontológicas resulta imposible poner  de acuerdo a ideólogos y sociólogos, juristas y filósofos. Es como si el pensamiento y la praxis nunca pudieran coincidir en la misma dirección política. Cualquier ley puede  ser así legítima pero manifiestamente injusta. Cualquier mayoría puede ser tendencialmente ética pero al mismo tiempo imparcial e inmoral, que repugne a nuestras convicciones y nuestra conciencia.

Recomendaba Marco Anneo Lucano un distanciamiento prudente del poder porque debe alejarse de los palacios el que quiera ser justo ya que la virtud y el poder no se hermanan bien. Según la catedrática de Ética Victoria Camps, la democracia necesita una sola virtud: la confianza, precisamente porque la ética actual parte de una realidad plural que asume valores diversos y múltiples que merecen respeto desde el más puro formalismo. Nadie puede situarse por encima de la ley, pero la norma está sujeta a crítica y por lo tanto evoluciona adaptándose a la realidad, es legítima hasta que deja de serlo y cambia sin quebrantar  los valores de igualdad  y libertad que nos conducen a la justicia y a la felicidad, entendida esta siempre desde un universo colectivo en el que no caben distingos entre la moral pública y la privada.

No obstante, el compromiso con los principios éticos sí que es individual y obliga a cada actor político a rendir cuentas. De aquí la importancia de los valores  que consideramos relevantes frente a los abusos de poder y que podrían venir definidos por el reconocimiento de los derechos universales; el respeto a la vida, la apuesta por el diálogo  y el pacto social, la autonomía y la independencia e identidad de los pueblos, la libertad de conciencia y de expresión, de igualdad de oportunidades y en definitiva, la satisfacción de las necesidades sociales, económicas y culturales de todos los individuos.

Aquí tenemos algunos  de esos principios éticos que son fundamentales en el sistema democrático, que deben impregnar el modelo económico y productivo y que de una u otra forma han fallado clamorosamente hasta conducirnos a la crisis global. Si tenemos que repensar el sistema y volver a definir algunas de las normas que rijan la acción política y limiten el poder debemos acudir a estos principios (bromeaba Groucho Marx con la provisionalidad y ductilidad manifestando que si no gustaban tenía otros para sustituirlos).

Es esta doble moral la que ha entronizado la corrupción y la codicia como categorías políticas que sustituyen a la virtud para sostener el poder. Creemos que tenemos una democracia fuerte e institucionalizada y no somos capaces de apostar por lo público; presumimos de un sistema garantista y nos causa pavor el bien común y el interés general. Sólo nos preocupa lo que nos afecta a nosotros mismos y, en consecuencia, emporcamos la política hasta límites insoportables, arrastrando a nuestra conveniencia los principios éticos hasta desvirtuarlos y degenerarlos.

Es preciso regenerar la política desde la responsabilidad porque, en palabras de Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la actual Constitución Española, la democracia o es moral o no es democracia.

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