El montaje judicial de las derechas para llevar a los tribunales a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber ordenado la suspensión de la manifestación feminista del 8M en los días previos a la propagación de la pandemia de coronavirus va camino de cobrarse una nueva víctima entre las instituciones del Estado: la Guardia Civil. La imagen del benemérito cuerpo policial está quedando por los suelos, un precio demasiado alto pero que tanto Partido Popular como Vox, en su descabellada caza de brujas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han asumido como bueno. 

Desde que se abrió este caso en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, todo han sido polémicas, aromas de conspiraciones y la constatación fehaciente de que los informes periciales elaborados por los investigadores de la Benemérita, bajo la coordinación del jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no tenían otro objetivo que contribuir a perjudicar la imagen del Ejecutivo de coalición. Tales informes, plagados de inexactitudes, de errores de bulto, de noticias de corta y pega extraídas de la prensa amarillista y otros bulos, están dañando gravemente la reputación de un cuerpo policial que en los últimos años siempre se había destacado por su profesionalidad y por la eficacia y éxito de sus misiones en la lucha contra la delincuencia, especialmente contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Sin embargo, todo lo que tocan PP y Vox acaba contaminado irremediablemente. Se ha visto cómo en los últimos años la Administración de Justicia, otro poder fundamental de la democracia, ha perdido buena parte de su crédito ante los españoles por la burda politización, cuyo máximo exponente fue la instrucción del sumario contra el procés en Cataluña, un expediente plagado de arbitrariedades probatorias e interpretaciones jurídicas subjetivas, tal como quedó demostrado cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia y desmontó el delito de rebelión (piedra angular de la acusación ejercida con tesón por la Fiscalía teledirigida por Mariano Rajoy).

Afectados los jueces y magistrados por el virus de la politización de la Justicia, esta vez le tocaba el turno a la Guardia Civil, un cuerpo casi siempre ejemplar, salvo cuando el Partido Popular ha tratado de convertir a algunos de sus miembros en parte de las cloacas del Estado o en agentes de la siniestra policía patriótica. Desde que la jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió la causa del 8M para tratar de averiguar si altos cargos del Gobierno Sánchez cometieron alguna imprudencia en la autorización de la manifestación cuyo resultado fue la propagación exponencial del coronavirus en Madrid y en el resto del país, las filtraciones del sumario a la prensa de derechas han sido constantes. Desde el principio se ha podido advertir el tufo a manipulación y espectáculo que tales filtraciones desprendían con un solo y único objetivo: contribuir al clima de crispación y desestabilización en medio de una situación tan grave como es el estado de alarma por la mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea de España. Los dosieres de la Benemérita han resultado escasamente rigurosos, cuando no tendenciosos, sobre todo teniendo en cuenta que ningún estudio científico ha podido determinar hasta la fecha una relación de causa efecto entre la manifestación feminista y la pandemia. Por si fuera poco, aquellos días se celebraron multitudinarios mítines políticos (el Congreso nacional de Vox, por ejemplo), partidos de fútbol y grandes fiestas en discotecas. Nada de eso está siendo investigado, lo que pone de manifiesto que el proceso abierto apunta a una causa general contra el feminismo, y ahí estaban los dosieres filtrados con el propósito claro de dañar al Gobierno. Todo ello lleva a pensar que la decisión de Marlaska de cesar al coronel Pérez de los Cobos se debió a la “pérdida de confianza” del alto mando de la Guardia Civil, tal como mantiene la versión oficial del ministro. La historia está plagada de casos en los que los diferentes gobiernos del PP han prescindido de cargos policiales y militares que no eran de su cuerda.

Sin embargo, la operación de acoso y derribo sigue en marcha y nada ni nadie va a detenerla hasta conseguir una crisis institucional. Ayer mismo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, las derechas continuaron dando rienda suelta a la teoría de la conspiración y volvieron a exigir la dimisión de Marlaska. Por la mañana los periódicos habían recibido la consiguiente munición y veneno de las cloacas, como esa nota interna en la que María Gámez, directora general de la Guardia Civil, expone que el cese de Pérez de los Cobos se produjo porque este no dio cuenta a sus superiores de la existencia del sumario del 8M. En ese documento Gámez reconoce por escrito que el coronel fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, según publicó El Confidencial. En realidad no se dice en esa circular que Marlaska pidiera saber el contenido concreto y detallado de los informes policiales −que forman parte del secreto de sumario por orden judicial y a los que ni siquiera un ministro puede acceder sin quebrantar el sagrado principio de separación de poderes−, sino que Pérez de los Cobos, como cargo de confianza que era, debió haber informado al menos de que algo se estaba moviendo en los juzgados.

En cualquier caso, la ‘operación 8M’ tramada por PP y Vox para derrocar al Gobierno a cuenta de la pandemia está causando un grave daño a la Guardia Civil. Hoy mismo se ha sabido que la Benemérita ha incluido en sus dosieres secretos para la jueza (quizá no tan secretos, ya que siempre terminan aireándose en los periódicos) otra prueba de dudosa procedencia: en este caso una conversación informal y a micrófono abierto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una reportera de la cadena ETB, antes de una entrevista, en la que la titular del departamento llega a reconocer que la menor afluencia de público a la manifestación del Día de la Mujer se debió al miedo al coronavirus. Una vez más, una prueba de escaso valor jurídico que vuelve a poner en cuestión la profesionalidad de ciertos miembros del benemérito cuerpo.

Como era de esperar, PP y Vox se han lanzado sobre la carnaza fresca. El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha considerado que el “caso Marlaska” es ya “el caso Sánchez” y supone “una injerencia como ninguna otra había ocurrido en la Guardia Civil” desde la época de Luis Roldán y el Gobierno socialista de Felipe González. En el colmo del esperpento y la exageración, los populares le han colgado el cartel de “señor X” a Sánchez, atribuyéndole el carácter de muñidor de un supuesto nuevo caso GAL. Un espectáculo político denigrante que sin duda salpicará a la Guardia Civil, una institución que hasta ahora gozaba del respeto y el cariño de la ciudadanía. El rigor científico y legal y la capacidad operativa del cuerpo fundado por el Duque de Ahumada habían sido alabados y reconocidos por organismos como Interpol y por las policías occidentales. Toda esa brillante hoja de servicio puede quedar ahora emborronada, manchada por las maniobras y sucias componendas políticas del dúo PP/Vox en su oscura estrategia de derrocar al Gobierno a toda costa. Otra nefasta noticia para la democracia española.

Apúntate a nuestra newsletter

1 Comentario

  1. Tanto la GC como la PN y jueces de altos vuelos; Marchena, Llarena, Lamela, etc. estan al servicio de la extrema derecha

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre