Este jueves el secretario de Estado de Justicia, Txontxu Rodríguez, se reúne con el comité de huelga de los letrados de la administración de justicia, LAJ, en un intento de acabar con un conflicto que dura ya tres semanas, y que ha supuesto la suspensión de 140.000 actuaciones, entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según cifras de las organizaciones convocantes: el Colegio de Letrados, la Asociación Profesional de Letrados y la Unión Progresista de Letrados.
Si en esta reunión no se llega a algún acuerdo, la cosa puede ser peor porque los letrados han advertido que una de sus funciones es “ser los garantes de todos los procesos electorales que se efectúan en España”. En otras palabras: amenazan con paralizar los comicios del 28 de mayo si no se atienden sus reivindicaciones.
En un comunicado conjunto, las asociaciones convocantes de este paro indefinido señalan que “uno de los miembros esenciales de las juntas electorales de zona y de las provinciales, así como de las comunidades autónomas donde existan estas juntas, fundamentales para el buen hacer de dicho cometido, son los secretarios de las juntas electorales, cargo que asumen los letrados de la administración de justicia”.
Y añaden que “los secretarios de las juntas electorales constituyen un cargo inamovible que recae sobre el letrado de la administración de justicia del juzgado decano o, donde esté implantada la oficina judicial, el que sirva al servicio común general de cada uno de los partidos judiciales existentes (junta electoral de zona) y en el letrado de la administración de justicia más antiguo de la audiencia provincial (junta electoral provincial)”.
El comunicado termina con un aviso a navegantes: “Todo ello hace que el letrado de la administración de justicia, con orgullo y dignidad, eso sí, y en situación de huelga indefinida, garantice que el próximo 28 de mayo de 2023, las elecciones municipales en todo el territorio nacional y autonómicas se celebren con seguridad jurídica y de un modo transparente, democrático y objetivo”.
En medios judiciales se interpreta este último párrafo como una amenaza velada al gobierno de que, si no llegan a un acuerdo, corre peligro la constitución de las juntas electorales encargadas de velar por el correcto cumplimiento de los comicios. O sea, que habría que aplazarlos.
Así pues, la cosa empieza a adquirir tintes de gravedad. Ya no se trata de que se hayan suspendido juicios, estén sin cumplirse ejecutorias, la burocracia de los juzgados se encuentre paralizada y las cuentas de embargos y consignaciones bloqueadas, sino que, también, el proceso electoral puede verse afectado.
Y es que ya no son sólo los letrados de los juzgados y audiencias los que secundan la convocatoria. Se han unido a ellos los de las instancias superiores como son los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde, precisamente, estos funcionarios no se pueden quejar de sus retribuciones. Llega a los 60.826,79 euros brutos anuales, entre un 80% y un 145% más que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado.
Tal circunstancia ha llevado a pensar, en amplios sectores jurídicos que estamos ante una “huelga política”. El Partido Popular ha mantenido varios encuentros con los representantes de las asociaciones convocantes y ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados.
Los huelguistas han pedido el cese de la ministra, Pilar Llop, y del secretario de Estado, Txontxu Rodríguez, con el que, precisamente, se van a reunir. Además, algunos letrados que secundan el paro (más del 70% según los convocantes), están impidiendo la entrada en las oficinas de los juzgados a los funcionarios que desean ejercer su derecho al trabajo. Estos dicen que nada tienen que ver con lo que hacen “sus jefes”. Los letrados, antiguos secretarios judiciales, tienen la mayor categoría del funcionariado, la A1. Se les considera altos funcionarios.
No se conforman con este rango y exigen cobrar, por lo menos, el 85 por ciento de la masa salarial de la carrera judicial, es decir, lo que perciben jueces y magistrados. El ministerio de justicia se ha comprometido a subirles el 14,76% en tres años, mediante un complemento con el que compensar el aumento de la carga de trabajo que llevan a cabo desde la reforma de 2009 mediante la cual a este colectivo se les incrementó sus competencias. Entre otras, la gestión de más de 4.000 millones de euros procedentes de fianzas, embargos y consignaciones, los depósitos de las cuentas judiciales.
No está siendo, precisamente, una huelga bien vista por la ciudadanía. Se ha llegado a decir que esta convocatoria “va en contra del usuario de la justicia”. Y no faltan razones para pensar así. Si los juzgados, ya de por sí se encuentran colapsados, con la huelga la paralización es total en todas las instancias. Ya no se trata de la cobertura de plazas de jueces que pide el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Ahora, con el paro indefinido del segundo escalafón judicial, la justicia ya se puede decir que es todo un caos muy difícil de arreglar a corto plazo. Pero la cosa puede ser peor si a los dirigentes de este colectivo les dan por llamar a la desobediencia durante el proceso electoral. Y ya han avisado.
Pues eso ,y estos del PSOE piensan cargase la ley del solob Si es Si con la ayuda del PP que esta maniobrando para hacerle la cama a los socialistas (lo dudo) estos personajes secretarios sus respresentantes son como los del CGPJ y luego diran que consigieron la plaza por oposiciones o lo abran hecho como lo que dice el imprensentable del PP referente a Irene Montero esto que ocurre es una verguenza de pais o yo o el caos como añoro la plaza de la Bastilla