El último ha sido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Jesús María Barrientos ha criticado con dureza la falta de jueces y el colapso que vive la comunidad. Y ha culpado de esta situación a la “pasividad” de los responsables políticos por no dedicar “ni un euro de sus abultados presupuestos” para corregir los problemas. Pero Barrientos no es el único.
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho suya la demanda del Tribunal Supremo y pide al Congreso y al Senado que busquen “el imprescindible remedio inmediato de la situación insostenible en que se encuentra el alto tribunal por la imposibilidad de cubrir sus vacantes”.
El órgano de gobierno de los jueces ha pedido que, mientras se resuelve la anomalía, se designen 15 letrados de la administración de justicia para que vayan asistiendo a las secciones donde se produce el mayor numero de vacantes de magistrados que ya suman 19, y que, en los próximos meses, alcanzará la cifra de 24 de los 79 que componen el alto tribunal.
No sólo las altas instituciones judiciales se encuentran en una situación límite. Desde 2020, en La Rioja no tienen presidente de la Audiencia Provincial. En esa instancia sólo hay cuatro magistrados. Se han pedido más medios. El Ministerio de Justicia les va a mandar un juez de refuerzo. En Catalunya, 32 juzgados carecen de un juez al frente, ni titular ni sustituto. En Murcia tienen los juzgados de primera instancia más lentos. Lorenzo Hernando Bautista, su juez decano, se queja del sambenito que les han colocado: “nuestra respuesta es tan buena e intensa, si no más, que en otras comunidades. Sin embargo, nuestra carga es rotundamente mayor”. El CGPJ ha pedido la creación de 32 nuevos juzgados de lo social en toda España.
Y otra cosa que es un verdadero disparate es el reparto de las competencias judiciales existente en este país. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los letrados de la administración de justicia, del ministerio, y los funcionarios, de las comunidades autónomas. La descoordinación es tal que incluso existen diferentes formas de digitalización según el territorio, de tal manera que una comunicación entre Madrid y Catalunya no es posible porque los sistemas informáticos con que cuentan cada uno de estos territorios son diferentes.
En 2022, el presupuesto de Justicia creció un 11,6% respecto a 2021, un total de 2.247 millones de euros, y el de este año ha experimentado una ligera subida hasta los 2.304 millones. Un presupuesto a todas luces insuficiente según los organismos judiciales. Las comunidades autónomas con competencias en la materia también tienen sus propios presupuestos, pero no llegan para dotar de medios a los juzgados. Existe un ambicioso plan para reformar su funcionamiento convirtiéndolos en oficinas judiciales que todavía no se ha desarrollado por falta de dinero.
Toda esta problemática es lo que ha desembocado en la huelga de los letrados de la administración de justicia que se quejan de que cada vez se les dotan de más competencias sin ser compensados con una mayor retribución. Los jueces también se lamentan de que sus salarios disminuyen si se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida. Cada vez hay menos “cultura opositora” en palabras de las asociaciones profesionales. Es decir, cada vez hay menos aspirantes a ocupar las plazas de jueces en este país. La oferta supera a la demanda.
Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2021, la última que se ha hecho pública, en España hay 5.408 jueces, 2.553 fiscales y 3.748 letrados de la administración de justicia. La tasa de litigiosidad es alta: cada año entran en los juzgados 190 asuntos por cada mil habitantes. Y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia indica, con datos de 2020, que en este país hay 11 jueces y 5 fiscales por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media europea. Y con estos datos en la mano, no es de extrañar la lentitud de la justicia. El Constitucional ha llamado la atención sobre este asunto y la impresión general es que “una justicia lenta no es justicia”.
El voluntarismo de los jueces que trabajan con escasos medios no se puede cuestionar. Basta con un dato: en 2021 ingresaron en los tribunales algo más de 6 millones de asuntos. Se resolvieron la casi totalidad, aunque todavía se arrastran 3 millones de expedientes de ejercicios anteriores.
La tasa de congestión en la jurisdicción penal es de 1,26% lo que significa que se resuelven menos casos de los que entran. Pero para matizar este dato, hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho: que se arrastran 3 millones de casos de ejercicios anteriores. En realidad, hay que tener en cuenta otra tasa: la de efectividad es del 1,01% lo que quiere decir que los tribunales españoles resuelven casi los mismos asuntos que les entran.
Claro está que todos estos datos contradicen la alarma que cada cierto tiempo se encargan en difundir las asociaciones profesionales y los colectivos de jueces, magistrados y fiscales. Una alarma que periódicamente recoge la Comisión Europea quien advierte al gobierno de la necesidad de “reformar y modernizar” la justicia. Por supuesto que queda mucho para acabar con el estado de esas oficinas siniestras donde se apilan sumarios y expedientes mientras el frio y las goteras las hacen inhabitables. Es increíble que en un país como este todavía se trabaje prácticamente “a mano y con manguitos”, sin medios digitales que permitan la agilización de los trámites.
Es verdad que es necesario atender las reivindicaciones de los colectivos que administran la justicia en este país. Pero si tenemos en cuenta que la derecha no hace mas que prometer una bajada de impuestos, la pregunta que la ciudadanía se hace es: si se baja la presión fiscal, ¿de donde se va a sacar dinero para la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales y la justicia? .
Es la asignatura pendiente de un país donde nadie quiere pagar y, a cambio, se exigen unos servicios públicos eficaces.
