Los jueces empiezan a tomar represalias contra los abogados del turno de oficio

Los abogados del turno de oficio tienen miedo a las represalias que puedan tomar contra ellos si van a la huelga, una posibilidad que no descartan dada la situación en que se encuentran. Y no es para menos.

El decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, está pendiente de la sentencia que dicte el juzgado de lo penal nº 15 de Málaga tras el juicio celebrado este miércoles por haber cometido, presuntamente, un delito de desobediencia.

El 6 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del COVID, se negó a mandar a los abogados del turno de oficio a los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Málaga para asistir a cuatro detenidos, sin medidas de protección. “A la jueza de guardia le dije que no iba a mandar a ningún abogado mientras no se cumplieran las medidas de protección. Al final, la magistrada siguió nuestras indicaciones, pero la consecuencia fue que me dedujo testimonio por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial”, señaló Lara en el juicio. Con este tipo de ejemplos no es de extrañar las cautelas de algunas asociaciones que representan a los letrados a la hora de evaluar la posibilidad de promover paros en el sector. Se les puede acabar procesando por desobediencia.

La magistrada que dedujo testimonio por desobediencia al decano del colegio malagueño es Estela Gómez Giner. Su compañero, Juan Carlos Velasco, llevó a cabo la instrucción y se designó como fiscal a Antonio Román. El caso es que la jueza Gómez Giner está casada con Pedro Molero, magistrado de la sección octava de la Audiencia de Málaga con el cual Lara había mantenido diferencias en torno a la posibilidad de llevar a cabo una huelga si el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decidía hacer hábil el mes de agosto para recuperar los días perdidos por la pandemia.

Sea lo que fuere, lo cierto es que esta actuación judicial es inaudita. Esos días no hubo ni siquiera interrogatorios de los detenidos. Y los que hubo se hicieron por videoconferencia. Hasta quince días después no se hizo obligatorio el uso de mascarillas. No existían las mínimas condiciones de protección y el pánico entre la población era evidente. El entonces decano no hizo más que cumplir con su obligación de proteger a sus colegiados.

Por eso existe miedo a la huelga. Algunas de las asociaciones que manejan la idea de convocar movilizaciones de los abogados pertenecientes al turno de oficio plantean una forma de protesta que puede ser eficaz pero que acabaría en procesamientos a los decanos de los colegios de abogados por la comisión de un delito de desobediencia. Los colegios son los encargados de designar a los abogados del turno de oficio diariamente.  Si los decanos ordenan que no se lleve a cabo tales designaciones durante la convocatoria se tendrían que suspender los juicios en los que intervienen los abogados para las partes que obtuvieron el beneficio de la justicia gratuita. Incluso peligrarían las asistencias en comisarías y centros de detención. Los efectos serían considerables. Tanto o más que los de las huelgas de los letrados y los funcionarios judiciales. El colapso estaría asegurado.

Pero si esto ocurre, los jueces pueden tomar represalias. Y procesar a los decanos de los colegios por desobediencia. El delito de desobediencia a la autoridad está contemplado en el artículo 556.1 del Código Penal. Se considera autoridad a quien por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En otras palabras, los jueces. Las penas van desde multa por desobediencia leve hasta 1 año de cárcel por desobediencia grave.

Esta es la hipótesis con la que están trabajando las asociaciones que representan a los abogados del turno de oficio y los colegios profesionales. El miedo a represalias es evidente. Tal vez por ese motivo, el juicio al decano emérito de Málaga se haya convertido en un ejemplo. Y por eso han estado presentes en el mismo figuras emblemáticas de la profesión como es el decano actual de Málaga, Salvador González, y el de Melilla, Juan Jesús Imbroda.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega ha firmado un manifiesto en nombre de la comisión permanente en el que se dice que “seguimos confiando en la justicia y en una resolución favorable, al entender que las actuaciones que se llevaron a cabo por el Colegio en esa fecha fueron bienintencionadas y en defensa de la salud de los abogados de oficio, que tenían el encargo constitucional de asistencia al detenido, atendida la precariedad de los medios preventivos existentes en ese momento”. Todos los colegios de España se han solidarizado con Francisco Javier Lara.

Porque está en juego mucho más que un caso concreto. Es la situación precaria de unos profesionales donde los jueces tienen potestad para acabar, incluso si hace falta, con su carrera. El juez es el que manda. El abogado se calla si no quiere acabar siendo procesado por desacato o desobediencia. Y esa es una de las reivindicaciones del colectivo. Se quiere acabar con los abusos que se están cometiendo en los juzgados.