Los informes policiales demuestran que Ábalos evitó un grave incidente diplomático con Venezuela

La “caza al hombre” que las derechas han abierto contra José Luis Ábalos a cuenta de su saludo protocolario, reunión, contacto o entrevista en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no se sustenta en realidad en ningún hecho ilícito ni ilegalidad que supuestamente pudiera haber cometido el perseguido ministro de Transportes del Gobierno español. Antes al contrario, la gestión de Ábalos resultó impecable desde el punto de vista de las relaciones internacionales con un país al que estamos unidos por estrechos lazos históricos y de amistad y no solo eso: sirvió para evitar un grave incidente diplomático entre España −por tanto la Unión Europea−, y el régimen bolivariano de Nicolás Maduro.

Según fuentes policiales consultadas por Diario16, los agentes del puesto fronterizo del aeropuerto madrileño deben seguir estrictos protocolos de actuación en el caso de que detecten la presencia de algún emisario o político sobre el que pesen sanciones efectivas de la UE. Ese era el caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afectada por la resolución aprobada en Bruselas en 2017 contra el régimen de Maduro que obliga a España, como Estado miembro, a adoptar “las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él” las personas sometidas a una prohibición de viajar a la Unión Europea. Esto supone que de haber entrado en España la emisaria venezolana, los funcionarios de Policía se habrían visto obligados a abrir un expediente gubernativo contra ella, “quedando recluida en una sala bajo custodia policial hasta regresar a su país de origen con la mayor brevedad posible”. Así es la ley europea y eso es lo que sin duda habría ocurrido, dando lugar a un incidente diplomático de incalculables consecuencias para nuestro país.

La noticia de la retención de Rodríguez estaba destinada a convertirse en una bomba en manos de Maduro, al que le hubiese faltado tiempo y argumentos para, con su habitual victimismo, comparecer en televisión y arremeter contra la España autoritaria y los jerarcas neoliberales de Bruselas. Si ese escenario no llegó a producirse fue precisamente por la rápida, eficiente y pragmática gestión de Ábalos, quien dicho sea de paso, hiciese lo que hiciese iba a quedar atrapado en la tela de araña que le habían tejido sus enemigos políticos del PP y Vox. En efecto, de haberse quedado el ministro de Transportes con los brazos cruzados, el Gobierno habría cometido el error de dejar que la Policía pusiera en marcha la maquinaria legal, consumándose el incidente diplomático; por contra, adelantándose al protocolo policial y zanjando la cuestión de raíz, el final de la historia no podía ser otro que el que todos conocemos: la delirante acusación contra el número 2 de Pedro Sánchez de haber participado en una extraña conspiración judeo-comunista que no tiene ningún sentido, por mucho que Pablo Casado y Santiago Abascal se empeñen en fabricar bulos y montajes contra la impecable gestión del ministro.

Pero vayamos a las pruebas. Ábalos mantiene que se ha limitado a hacer un servicio al Estado y así es. El protocolo del Ministerio del Interior establece que los policías de frontera tienen que dejar constancia de la denegación de entrada en España mediante una “resolución motivada y notificada”. En lugar de esto, la dirigente venezolana pasó la noche en Barajas y, a primera hora del lunes, cambió de terminal para tomar otro vuelo y seguir con la agenda prevista en Turquía, haciendo escala en Doha. El expediente gubernativo no llegó a abrirse ni a tramitarse, según informan las fuentes policiales consultadas por este periódico, ya que la delegada de Maduro “no llegó a ser rechazada en frontera, puesto que no entró en territorio nacional”. Es decir, no hubo caso porque el gabinete Sánchez, con la gestión de Ábalos, se adelantó a la jugada y evitó un problema todavía mayor.

Pero aún hay más datos que prueban la eficacia de un funcionario, en este caso el ministro, que no ha hecho más que evitar un grave conflicto internacional. El protocolo de Interior establece que “los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada estarán obligados a regresar a su punto de origen”. Tras serle denegado el paso, los identificados deberán permanecer en las instalaciones destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta que, “con la mayor brevedad posible, retorne al lugar de procedencia o continúe viaje hacia otro país donde sea admitido”.

Si la orden de rechazo se retrasa más de 72 horas, la ley establece que debe ser la autoridad competente la que se dirija al Juzgado de Instrucción de Guardia “para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento” los retenidos. Y ahí es donde se hubiese abierto un escenario peligroso con consecuencias imprevisibles para las buenas relaciones entre España y Venezuela. Recluir a Delcy Rodríguez en un centro de internamiento, conducirla hasta algo así como un establecimiento penitenciario, previo informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada o Consulado de Venezuela, era tanto como asumir un riesgo innecesario y la posibilidad de entrar en grave colisión con un país hasta hoy amigo. El protocolo fija que “los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios”, pero en realidad no dejan de ser centros de detención, con el consiguiente menosprecio o humillación para un funcionario o alto cargo extranjero en tránsito.

Ábalos ha respaldado en todo momento la actuación de la Policía e insiste en que todo se hizo para “evitar”, como se hace “habitualmente”, que entre en territorio nacional alguien sometido a sanciones europeas. Por tanto, el procedimiento seguido se ajustó escrupulosamente a la ley. Fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) aseguran a Europa Press que el Ministerio de Asuntos Exteriores español tuvo confirmación del viaje de Delcy Rodríguez a España el domingo 19 de enero sobre las 20.00, es decir, unas cuatro horas antes de que la vicepresidenta venezolana aterrizase en Madrid. A su vez, Exteriores informó al Ministerio del Interior, que desplegó un amplio dispositivo preventivo en el aeropuerto. El propio Ábalos ha reconocido que al llegar a Barajas se encontró con un fuerte despliegue policial, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. La alerta se había dado, como era preceptivo.

No hubo reuniones secretas ni conspiraciones de ningún tipo. En todo momento, el ministro Ábalos hizo lo que debía: advertir a la persona afectada de que pesaba una sanción de la UE sobre ella y que por tanto estaba obligada a finalizar su escala en Barajas en cuanto fuera posible. Y lo hizo con todo el tacto con el que se pueden hacer estas cosas, ya que impedir el paso a suelo español a una representante diplomática, ponerla “de patitas en la calle” sin provocar males mayores, como se diría coloquialmente, exige, qué duda cabe, de un mínimo talento político y diplomático. Poco importa ya si el contacto o famoso saludo entre ambos personajes de la historia duró cinco minutos, veinte o media hora. Ábalos comunicó cuál era la situación a Delcy Rodríguez y esta lo entendió sin poner objeción alguna, continuando su viaje con normalidad. Es decir, el ministro socialista manejó la difícil papeleta que le había tocado en suerte con destreza y buen hacer. Otra cosa es que el Gobierno haya fallado en explicarse a la hora de transmitir los hechos a la opinión pública, ofreciendo una versión que por momentos parecía contradictoria. Esa es otra cuestión. Pero de ahí a convertir este incidente en un casus belli, como está haciendo exagerada e injustamente la siempre neurótica y sobreactuada ultraderecha española, media todo un abismo.