El Ministerio del Interior ha autorizado que los policías entren por la fuerza en los pisos turísticos donde se celebran botellones, guateques y orgías en contra de las normas sanitarias contra el coronavirus. Lo cual que ha vuelto la patada en la puerta, como en los tiempos de Corcuera. Ya era hora de que los agentes del orden público tomaran cartas en el asunto contra la muchachada nihilista y cafre que para saciar su apetito juvenil y su sed vampírica de alcohol pone en serio peligro la vida de los demás, la economía nacional y el futuro del país. Estamos ante auténticos gánsteres de la salud, como aquellos del Chicago años 20 que se saltaban la Ley Seca y se montaban el bar y la timba en las trastiendas de las funerarias (véase Con faldas a lo loco, la peli de Wilder).

Lo que están haciendo los subversivos del estado de alarma, ya sea en el Madrid libertario de Díaz Ayuso o en Villanueva del Pardillo, no tiene nombre. Y que no nos digan que no les hemos aguantado las tonterías a estos horteras de la libertad y la diversión porque llevamos soportándolos más de un año. Solo Dios sabe el calvario que han tenido que soportar muchos de nuestros ancianos que en estos meses de confinamiento no solo han tenido que hacer frente al terror por el contagio, sino a otra pesadilla aún peor, la del macarrismo organizado de estos perros de paja que, noche sí noche también, convierten un piso turístico o de alquiler en un aquelarre o rave salvaje para insomnio del vecindario.

“Vienen los fines de semana, se reúnen diez o doce en el piso de arriba y montan la juerga hasta las dos o las tres de la madrugada. Las paredes tiemblan, dan coces en el suelo como si fuesen caballos y se ríen a sonoras carcajadas. Y así me he tirado muchos fines de semana, sin poder pegar ojo. Creía que me iba a volver loca”, asegura Trinidad B., una mujer de 76 años que ha sufrido los rigores del clan de la diversión.  

Testimonios como el de Trinidad claman al cielo. No hay derecho a que nuestras personas mayores, que han pasado por una guerra civil, una posguerra, una convulsa Transición y varias crisis económicas angustiosas tengan que sufrir el calvario generado por unos niñatos totalitarios del botellón que imponen su ley de la jungla y se comportan como auténticos cabestros, bárbaros, mermados o imbéciles. No hombre no, mano dura, patada en la puerta y a otra cosa. Bien por los maderos.

Pocas imágenes televisivas provocan tanta satisfacción como ver a los aguerridos agentes derribando a trompazos la puerta de uno de esos pisos franco de la kale borroka turística (un nido de ratas habría que decir) antes de acceder al inmueble al grito de “quietos, Policía”. Pocas cosas producen tanto placer como ver a esa recua de cretinos saliendo de sus absurdos escondrijos –de debajo de la cama, de detrás de una maceta o de dentro de un armario ropero– con caras compungidas y ruborizados, como si se sintieran avergonzados de su conducta tras ser arrestados, que no es el caso, porque están deseando que papá pague la multa para seguir montando juergas y contagiando el covid por ahí en un macabro genocidio vírico silencioso.

En el Madrid de Ayuso hace tiempo que se ha impuesto un mundo de fantasía, una realidad paralela (mejor habría que decir para lelos) donde la pandemia queda debidamente anulada por vía de la insumisión y la desobediencia civil contra el Estado. Y así es como, aunque rige el confinamiento y están prohibidos los desplazamientos entre comunidades, el futbolista Marcelo se escapa a la playa de Valencia con su familia creyéndose el rey del mambo. El buen alcalde valenciano Joan Ribó ya ha dicho, con buen tino, que estas cosas pasan por el mal ejemplo que da la presidenta del Gobierno de Madrid. Como la delfina de Pablo Casado lo permite todo, “este señor se lo debe haber tomado al pie de la letra”, ha sentenciado el primer edil a propósito de la irresponsabilidad del jugador del Real Madrid.

Al convertir la capital de España en un parque temático de la dipsomanía en todas sus variedades y formas (siguiendo el primer mandamiento trumpista de primero la economía y ancha es Castilla), Ayuso ha promovido la idea nefasta de que el chavista Pedro Sánchez quiere acabar con la libertad del individuo. Pues mira no. Aquí sigue habiendo un Estado que dispone del legítimo recurso del uso de la fuerza, aquí hay unas leyes que cumplir, unas mínimas normas de convivencia que garantizan la supervivencia de la civilización frente a la dictadura del pandillero o Mad Max del cubata.

A la Policía no podemos sino agradecerle esa justiciera patada en la puerta que nos libra de los incívicos y los vándalos de la litrona, una patada en la puerta que no es la de Corcuera y el infame rodillo felipista, sino por la dignidad y la justicia, una patada más justificada que nunca y que habría que blindarla en la Constitución, junto al derecho de toda persona a vivir en paz y a no ser molestada por los pequeños monstruos adictos al garrafón.

Tal como era de prever, las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo y han tachado de “desproporcionada” la actuación de los heroicos agentes de la Policía Nacional que han derribado la puerta de uno de esos tugurios/antros para llevar la ley allí donde hay barbarie, allí donde se practica el totalitarismo hedonista y el asesinato silencioso de otros como forma de vida. Son tan puristas sus señorías de la judicatura con los derechos fundamentales que a veces se pasan de papistas. Se conoce que ellos viven en buenas casas con piscina y jardín, y no en un modesto piso de jubilado del casco antiguo, y los vampiros no les molestan. “Ya estamos hartos, somos jóvenes y queremos divertirnos”, dice uno de esos jovencitos franceses que parecen salidos de la saga Crepúsculo para hacer de figurante de Ayuso sin miedo al virus. Definitivamente, gente así merece una patada en la puerta. Y en el culo.

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2 Comentarios

  1. Los aprovechados de los pisos turísticos saben a quien los alquilan y para que. Aparte de sancionar a los tarados que no tienen en cuenta a los demás en sus juergas, se debiera de sancionar a los arrendadores de estos pisos. A los primeros con multas y trabajos sociales, y a los segundos con una buena sanción económica.

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