Fotos Agustín Millán

La ultraderecha populista y los grupos neofascistas avanzan en España sin que ningún poder del Estado ‒ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Judicial‒ haga nada por frenar este fenómeno. El auge de Vox tras las pasadas elecciones en Andalucía parece haber paralizado cualquier medida restrictiva, como si la democracia española hubiese quedado noqueada ante un hecho sin precedentes desde el final de la dictadura en 1975. Y eso a pesar de que ya existen normas suficientes para perseguir la proliferación de grupos ultras que ensalzan el franquismo. Así, la Unión Europea dictó el pasado mes de octubre una propuesta de resolución para que los estados miembros ilegalicen todos aquellos partidos políticos y grupos sociales que hagan apología de regímenes totalitarios.

Sin embargo, el Gobierno español sigue sin mover ficha al respecto, mientras la extrema derecha avanza no solo en nuestro país sino en todo el mundo. La propuesta de la cámara europea parece haber caído en saco roto, sin duda porque el Ejecutivo de Sánchez tiene ahora mismo otras prioridades más acuciantes, como tratar de reconducir la crisis catalana y sacar adelante sus presupuestos generales, los más sociales de los últimos años.

En concreto, el texto suscrito por varios grupos políticos del Parlamento europeo recuerda que en España se investiga a doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio; que miembros de los grupos fascistas españoles Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional fueron detenidos y condenados por el Tribunal Supremo español tras atacar el Centro Cultural Blanquerna en Madrid durante la celebración de la Diada Nacional de Cataluña en 2013; y que en 2016 la oenegé SOS Racismo documentó 309 casos de violencia xenófoba. Además, el presidente de esta organización ha recibido amenazas de muerte tras denunciar dichos casos y ha condenado la falta de mecanismos eficaces para perseguir tales delitos.

El documento del Parlamento europeo incluye entre los grupos neofascistas a la Fundación Francisco Franco y recuerda que diecinueve personas han sido acusadas por esta asociación de varios delitos que podrían sumar hasta trece años de prisión tras realizar una acción pacífica y simbólica en la que desplegaron dos grandes pancartas en el Pazo de Meirás para instar a las autoridades públicas a intervenir y reclamar la devolución de esta propiedad al pueblo gallego. La UE asegura en su propuesta de resolución que la Fundación Francisco Franco es una “entidad que glorifica una dictadura y sus delitos por la familia Franco”.

Los grupos de izquierda (socialdemócratas, verdes e Izquierda Unitaria) en el Parlamento europeo plantearon varias mociones que finalmente prosperaron, por lo que la resolución contiene una mención específica a la Fundación Francisco Franco y pide a España que elimine toda la simbología franquista o bien se someta a la “necesaria interpretación y contextualización”.

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Barcelona presentó una propuesta dirigida al Gobierno central de Pedro Sánchez para que inicie los trámites necesarios que permitan ilegalizar la fundación que glorifica al dictador. “No podemos banalizar la existencia de la única fundación con estas características en Europa, que reivindica una dictadura, que se levantó sobre fosas comunes y que tiene en el ADN la apología del fascismo”, aseguró el teniente de alcalde Jaume Asens.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, el PSOE registró una moción en el Senado para iniciar los trámites de ilegalización de la Fundación Francisco Franco. La medida ha quedado en papel mojado, pese a que organizaciones ciudadanas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya han llevado al Congreso de los Diputados 218.000 firmas con el fin de impulsar una reforma de la ley de fundaciones que dejaría fuera a la asociación presidida por el general Juan Chicharro.

La Fundación Nacional Francisco Franco, una institución de carácter privado, tiene como uno de sus objetivos principales “difundir la memoria y obra del dictador”. En su página web asegura que “el actual sistema democrático no tiene otra legalidad y legitimidad que la procedente del Régimen de Franco y fueron los cambios sociales y económicos ocurridos entonces los que han posibilitado el sistema político presente”. Es decir, la peligrosa y falsa tesis de que la democracia que hoy disfrutan los españoles fue construida por el general golpista.

La democracia española sigue mostrándose cuanto menos timorata a la hora de reprimir a grupos que tratan de acabar con ella con el fin de instaurar un régimen político totalitario. En Alemania e Italia hacer el saludo fascista en público es delito. La legislación española tolera esas conductas y además permite enarbolar banderas preconstitucionales con total impunidad. El debate está servido: ¿se debe permitir que el monstruo siga creciendo hasta ocupar las instituciones democráticas o habría que impulsar una ley específica para cortar su avance de raíz? Probablemente nadie responda a esa pregunta. Resulta más cómodo seguir mirando para otro lado mientras la larva se desarrolla por momentos.

Apúntate a nuestra newsletter

1 Comentario

  1. Con la secta borbònica hemos topado. Las aberraciones son tantas y tan variadas que, Europa, tendrá que dedicar muchas leyes y Cascos Azules para, enderezar el árbol nacido del crimen y el genocidio. Sin olvidar que, una secta cómplice del genocidio, aprovecha las buenas voluntades pera intentar imponer su criterio, el criterio franquista. Aquí el demonio viste de sotana. Negra como su alma y vil como sus fechorías.

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre