Los grandes bancos protegieron al constructor Nicolás Osuna

Nicolás Osuna, constructor y promotor inmobiliario granadino, tenía una deuda con BBVA y Banco Popular de 600 millones de euros en el año 2014. Según El Confidencial, el BBVA contrató los servicios del ex comisario Villarejo para que averiguara si Osuna estaba ocultando activos a través de familiares, testaferros o sociedades instrumentales para vaciar parte de los activos de su «holding» para que no pudieran ser ejecutados para minorar el impago de préstamos inmobiliarios.

Villarejo solicitó información confidencial sobre Osuna al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado por medio de un procedimiento irregular, según adelantó El Independiente.

Con el informe presentado por Villarejo, el BBVA rebajó las deudas de Osuna y refinanció el pago de las cantidades restantes en mejores condiciones.

Sin embargo, esta no es la única operación por la que un gran banco protegió los intereses de Osuna. A finales de la pasada década, Santander pasaba por dificultades. Se había visto envuelto en la estafa de Madoff y sus grandes clientes se estaban viendo afectados por ello, tal y como hemos publicado en la revista mensual Diario16. También las consecuencias de la crisis financiera estaban golpeando a la entidad cántabra. Tras una serie de compras de entidades de tamaño mediano, Santander anunció la compra de Sovereign, un banco de Philadelphia, cotizado y en el que el propio Emilio Botín había recomendado invertir facilitando financiación para ello a algunos clientes elegido, cosa que reconocían en privado. Esta financiación es legal, sin duda, pero el banco prestamista sabe que, si la inversión no va bien, pueden tener problemas a la hora de recuperar el dinero prestado, además de problemas reputacionales.

Uno de estos clientes elegidos por Emilio Botín fue Nicolás Osuna, quien tomó un 2% de Sovereign financiado por el Santander. Sólo unos meses más tarde, la inversión no fue bien porque el banco americano había resultado afectado por el estallido de la crisis financiera. La valoración de la participación del Santander había pasado de 28 a 8 dólares por acción y su opción de compra para hacerse con la totalidad del banco la podía ejercer a 38 dólares. Por tanto, el descalabro de la inversión era enorme y en muy poco tiempo.

En el año 2.012 el constructor Osuna solicitó al Banco Popular una solución imaginativa para su situación. Tenía una participación relevante en una importante entidad española financiada por BBVA y éste le amenazaba con ejecutar sus garantías y dejarlo sin acciones y sin garantías. El empresario necesitaba que ese banco le echase una mano para evitar el escándalo que suponía que BBVA le ejecutase a él.

En el Popular no le veían solución, a lo que el constructor contestó que Santander lo había hecho con su financiación de las acciones de Sovereign. Sin embargo, en la entonces sexta entidad española le dijeron que eso no era posible sin transgredir la norma o perjudicar al resto de accionistas por la minusvaloración de sus títulos. El constructor granadino insistió en que Santander le había ayudado a paliar las pérdidas sufridas con Sovereign, inversión a la que había sido invitado por Emilio Botín, Enrique García Candelas y con el conocimiento del resto del Consejo, órgano al que ya pertenecían Ana Patricia Botín y Rodrigo Echenique.

Para justificar sus palabras, Nicolás Osuna aportó los documentos. Se trataba de una operación realizada por una empresa del constructor con el Santander y carecía de sentido financiero pues se trataba de un regalo. El banco cántabro contrataba con la sociedad del granadino una opción de venta sobre acciones del propio Santander, acciones que, posiblemente, no pudieron colocar en su ampliación de 2.008 por 7.200 millones de euros. Las dos partes habían concertado una opción de venta de acciones de Santander, opción concedida gratuitamente a favor de dicha empresa. La opción consistía en la posibilidad de vender unas acciones a unos determinados precios y periodo de ejecución temporal. Aquí no había riesgo alguno para el inversor porque, si la acción bajaba, el empresario no ejercería la opción de venta, pero si subía, la podría ejecutar a los precios pactados.

Tras la ampliación de capital del Santander de 2.008, la acción subió. El efecto del contrato fue simplemente demoledor para los firmantes: por ejercicio de la opción la empresa del constructor ganó en unos meses en el año 2.009, según los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, 70 millones de euros. La liquidación se hacía «por diferencias» porque al contratar la opción no se pagó nada, al ejercer la opción gratuita el empresario se embolsó la diferencia entre el valor de la acción el día de la supuesta contratación y el día de la venta, eso sí, menos una comisión para el Santander. La operación fue perfecta para el constructor que recuperaba 70 millones de euros de lo perdido con Sovereign.

Una pregunta está presente en toda esta operación: ¿por qué el Santander le hizo este favor a este empresario, sobre todo porque fue un regalo que fue en perjuicio de todos los accionistas?

Razones económicas o financieras no existen porque no se puede conceder una opción gratuita ya que las opciones tienen un precio en la medida que posibilitan el ejercicio de un derecho que tiene como consecuencia la obtención de un beneficio o la mitigación de una pérdida. Conceder gratuitamente una opción supone una especie de compensación entregada por Santander al constructor, posiblemente por los motivos reputacionales apuntados.

Se trató de una operación hecha en perjuicio del resto de los accionistas del Santander y en beneficio de un empresario privado. Se trataría, en definitiva, de un contrato sin causa con el resultado de trasladar al constructor granadino un beneficio económico en detrimento del patrimonio del Santander, un regalo no contemplado en la regulación vigente.