jueves, 24junio, 2021
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Los expertos en Servicios Sociales proponen reaprovechar los recursos de los centros cerrados en barrios y pueblos

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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La red de servicios sociales, con medio millón de profesionales, atienden en sus domicilios o en centros residenciales a personas y colectivos especialmente vulnerables, en su salud o en sus condiciones de vida, por la grave epidemia de coronavirus.

Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aclara en un comunicado al que ha tenido acceso diario16.com pide medidas de urgencia para los centros donde se trabaja con mayores y personas vulnerables.

Un de sus propuestas, de hecho, es reorientar la actividad de los centros de servicios sociales de atención primaria de las entidades locales en barrios y pueblos.

Una labor que podrían desarrollar centros de día para mayores, que ahora están cerrados, tanto públicos como privados, y que disponen de medios y profesionales muy válidos para ayudar en esta crisis de estado de alarma.

Su presencia en todo el territorio, explica la entidad, “nos permite conocer la situación que viven estas personas, y las necesidades materiales y de convivencia a las que se enfrentan por las medidas de aislamiento decretadas y por el cierre de centros sociales y educativos”.

Paliar estas necesidades exige adoptar medidas excepcionales, según estos profesionales, “que complemente algunas de las que ya se han adoptado por parte del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, y las que hasta ahora se han contemplado en los Decretos aprobados por el Gobierno en base al estado de alarma”.

Su decálogo de exigencias:

1º.- Financiación excepcional de la red de servicios sociales.

Pedimos al Gobierno central que habilite partidas de crédito excepcionales de, al menos, 400 millones de euros añadidos a los 25 millones ya aprobados por el Consejo de Ministros del día 12 de marzo a la Aplicación Presupuestaria “Protección a las familias y atención a la pobreza infantil. Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales” 26.16.231F.453.07 para que las Comunidades Autónomas puedan responder a las necesidades sociales de las personas más frágiles económicamente y con mayores necesidades de cuidados, en la actual situación, para asumir de forma preferente:

  • El incremento de atenciones y servicios domiciliarios a personas mayores o en situaciones de dependencia.
  • El refuerzo necesario en las plantillas de la red básica de servicios sociales y de los centros residenciales de personas en situaciones de dependencia, en caso de que sea necesario realizar un importante número de substituciones por contagio o prevención.
  • Ampliar la dotación de las partidas destinadas a Rentas Mínimas de Inserción y de las Ayudas de Urgente Necesidad en previsión del importante incremento de familias que van a necesitar las mismas para sus más elementales gastos de supervivencia (alojamiento, alimentación, higiene…)
  • La alimentación adecuada de los niños y niñas de familias cuyos ingresos no les permitan afrontar con eficacia el cierre de comedores escolares.

Los criterios de reparto de estos créditos entre las Comunidades deberían ser los empleados en la distribución en años anteriores del denominado Programa VECA (80% criterios Plan Concertado, 20% tasa Arope), pero incluyendo a las Comunidades de régimen foral.

 

2º.- Medidas excepcionales para agilizar la concesión y pago de Rentas Mínimas de Inserción y Ayudas de Urgencia.

Los cuidados y la alimentación de los menores en hogares en situación económica extremadamente precaria, puede resultar imposible si no se agiliza la concesión de estas ayudas. Por eso exigimos a las Comunidades Autónomas que adopten medidas excepcionales para que se aprueben, de forma automática todos los expedientes de rentas mínimas de inserción que tengan informe social de prioridad, las ampliaciones o revisiones, así como aquellas que estén esperando resolución desde hace más de dos meses. Y que se agilice el pago efectivo de las mismas una vez resueltas. De la misma manera exigimos a los Ayuntamientos que activen procedimientos sumarios, de excepcionalidad en la resolución de solicitudes de ayudas de urgente necesidad, obviando trámites del procedimiento ordinario, en aquellos casos en los que el informe social justifique y proponga esta excepcionalidad.

 

3º.- Establecer prioridades y reforzar las atenciones y servicios domiciliarios.

Las entidades locales han de reorientar las prioridades de sus servicios domiciliarios, con estos criterios:

  • Suspender o limitar a lo imprescindible la atención a aquellos casos en los que el servicio así lo requiera o que puedan ser atendidos por sus familiares en la actual situación, especialmente dependientes grado I o “limpieza a domicilio”, para prevenir la extensión y para preservar la salud de los auxiliares.
  • Destinar todos los recursos del servicio a atender a las personas con mayor grado de dependencia y mayor necesidad de cuidados (preparación de comidas, control de medicación, cambios posturales, higiene personal…), y con menor apoyo familiar.
  • Prestar servicios de compra y otros, para evitar en lo posible la salida del hogar de personas mayores o con situaciones de dependencia.
  • Incrementar la oferta de comidas a domicilio a personas mayores afectadas por el cierre de comedores del mayor, que tengan dificultades para adquirir o elaborar con garantías su comida mientras dure la situación de aislamiento en el domicilio.
  • Asegurar la tranquilidad y seguridad de las personas mayores en sus domicilios, intensificando el contacto con ellas a través de la teleasistencia y en coordinación de esta con los servicios de ayuda a domicilio, para detectar posibles situaciones de necesidad e intervenir de forma rápida y eficaz.

Todas estas medidas se deben realizar garantizando la seguridad de los y las trabajadores/as, para evitar la extensión del virus entre las personas mayores, especialmente vulnerables, y por su propia seguridad. En estos momentos su labor es imprescindible. Entre estas medidas, el Ministerio de Sanidad debe asegurar el abastecimiento de equipos de protección (batas, mascarillas, guantes, …) a las personas que prestan los servicios de atención domiciliaria.

 

4º.- Asegurar la adecuada alimentación de menores de familiar con economías precarias, afectados por el cierre de los comedores de los centros escolares.

La decisión del cierre de estos comedores pone en una situación muy difícil a los niños y niñas de familias con economías precarias, incapaces de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada. De ahí que, donde no sea posible mantener el funcionamiento de estas cocinas para que los padres puedan recoger en ellas la comida y llevarla a su domicilio, hay que priorizar ayudas económicas de manera urgente, con el único requisito de la valoración de esta necesidad por parte de los servicios sociales de la entidad local, y que se abonen con la mayor premura.

 

5º.-Implantar medidas de hospitalización para los residentes en los propios centros de mayores.

Partiendo de experiencias exitosas que ya se están desarrollando en algunos centros residenciales y hospitales, constituiría una buena medida la prestación de atenciones y cuidados hospitalarios en los propios centros residenciales a sus residentes, siempre que ello sea preciso. Contribuirían a aliviar la presión en los centros hospitalarios, reducirían el riesgo de contagio en una población tan vulnerable como son las personas mayores, y constituirían un beneficio evidente para su bienestar y el de sus familiares.

 

6º.-Garantizar el funcionamiento de todo tipo de centros residenciales de servicios sociales

(personas con discapacidad física o psíquica, centros de menores, albergues y centros de alojamiento de personas sin hogar, comunidades terapéuticas, etc.) ya que estos centros no suelen disponer de personal sanitario no material de protección para coyunturas como la actual. Será necesario reforzar estos centros con personal sanitario que ofrezca pautas de prevención y atención además de proporcionar, así como los equipos de protección (EPI) necesarios. Así mismo, hay que habilitar espacios en todos estos centros para mantener en aislamiento de las personas que puedan presentar sintomatologías compatibles con la enfermedad, asegurando la atención que precisen. Una mínima inversión en este sentido, aliviaría la carga del sistema sanitario.

 

7º.- Asegurar atenciones básicas y asistencia sanitaria a las personas sin hogar.

Estas personas constituyen un colectivo vulnerable por sus circunstancias de salud y por no poder cumplir medidas de aislamiento, ya que para ellos no tiene sentido el confinamiento en un hogar, del que carecen. No es solo su salud la que está amenazada, sino la de toda la población, al no poder cumplir las medidas preventivas que se nos exige. A lo que se une el cierre de comedores y otros servicios para personas sin hogar en algunas ciudades. Frente a ello, los Ayuntamientos deben reforzar y adecuar los recursos destinados a estas personas, especialmente centros de acogida y servicios de calle, aplicando su acreditada experiencia en situaciones de emergencia -especialmente en olas de frio intenso-, y actuar de la misma manera, intensificando la información, el apoyo, el acompañamiento necesario y la cobertura de las necesidades básicas que requieran (alojamiento, alimentación, vestido, higiene…). El anuncio de la ministra de Defensa de que el ejército va a prestar asistencia a las personas sin hogar que están en la calle, ofreciendo alimentos y otras atenciones, nos parece una buena noticia, y creemos que será imprescindible su coordinación con los servicios sociales de los Ayuntamientos con responsabilidad en esta materia. Así mismo, consideramos una buena práctica incorporar, con carácter excepcional, personal sanitario de refuerzo a las plantillas de los centros de personas sin hogar. En las circunstancias actuales, todos estos servicios deben realizarse con medidas de prevención que garanticen la seguridad de los usuarios y de los y las trabajadores/as, lo que incluye la provisión de los EPIs necesarios.

 

 

8º.- Mantener y reorientar la actividad de los centros de servicios sociales de atención primaria de las entidades locales en barrios y pueblos.

Esta red de centros y profesionales constituye la red de protección social más extendida en el territorio, abarcando desde los municipios más rurales a los barrios más poblados en las grandes ciudades. Por eso es imprescindible mantener su funcionamiento como servicio esencial, si bien reorientando su papel en función de las necesidades de la situación actual. Así, planteamos suspender toda su actividad que no sea esencial, pidiendo además a la población que no acuda a ellos salvo para situaciones de extrema necesidad, tales como las ya señaladas de garantizar alimentación a menores afectados por el cierre de comedores escolares, cobertura de necesidades básicas de familiares con economías precarias, y asegurar las prioridades y el funcionamiento de las atenciones domiciliarias. Este personal debe contar con el apoyo necesario para llevar a cabo su labor, así como con las medidas de protección que garanticen su seguridad y la de los usuarios.

 

9º.- Promover y apoyar campañas de voluntariado

social entre los/as vecinos/as para atender las necesidades más básicas de las personas vulnerables. Especialmente a los dos millones de personas mayores que viven solas, así como a familiares monoparentales con hijos a cargo, en situación económica precaria y sin apoyos para su cuidado cuando tienen que trabajar. Corresponde a los Ayuntamientos promover, apoyar y coordinar estas iniciativas, para asegurar su eficacia y proveer los medios necesarios para su eficacia, con todas las garantías de seguridad.Así mismo, el Gobierno debe disponer de toda la red de centros y servicios sociales en manos del tercer sector y del ámbito empresarial, para sumarlos a los de las administraciones pública en el afrontamiento de las distintas fases de evolución de la pandemia.

 

10º.- Considerar al personal de servicios sociales que esté prestando sus servicios en activo durante el estado de alarma como un personal esencial.

En las condiciones actuales, el personal que trabaja en los centros y servicios sociales debe tener esa consideración, al mismo nivel que el personal sanitario. Ello incluye permitir la movilidad para realizar sus funciones, y poner en marcha todas las medidas excepcionales para asegurar el cumplimiento de su labor en condiciones de seguridad. Para lo cual, es necesaria la inclusión de los servicios de la Red Básica, domiciliarios y residenciales de los Servicios Sociales como servicios esenciales en cuanto a la dotación, por parte del Ministerio de Sanidad, de los equipos de protección necesarios para el personal que los atiende.

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