Encarna Rosillo, portavoz de la recién creada Comisión de Comunicación del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, exige “una vuelta a las aulas de manera presencial”, porque “al hablar de cómo organizar provisionalmente el inicio de curso, estamos desviando la atención y olvidando que lo que realmente necesitamos es repensar una alternativa para, al menos, todo un curso”.
Para este colectivo, “las medidas anunciadas desde la mayoría de las comunidades autónomas no ofrecen la seguridad de que sea posible un inicio de curso de forma presencial”, además en varios territorios se ha derivado en los equipos directivos “toda la responsabilidad sin ofrecerles apoyo ni asesoramiento”.
El derecho a la salud debe ser compatible con el derecho a la educación, entendida ésta como resultante de unas vivencias de aprendizaje colectivo y no meramente una mera transmisión y adquisición de contenidos académicos.
Para Encarna Rosillo, “en la infancia y adolescencia, la escuela, con todo lo que aporta de relación, de aprendizaje ente iguales o de compensación de situaciones de desigualdad, es un elemento fundamental de su bienestar. Y sin ella, no podemos hablar de cuidar la salud de gran parte de los niños y niñas y de sus familias”.
En estos meses de pandemia y de cierre de las aulas, han surgido bastantes informes de diversas asociaciones y organismos internacionales (desde Save the Children hasta la ONU), que ponen su mirada en los perjuicios y daños que han supuesto las escuelas cerradas para un amplio porcentaje de población infantil que no disponen de un entorno y unos medios suficientes para una vida digna.
Llama la atención y sorprende, que mientras en los parques, plazas o playas los niños y niñas juegan y se relacionan, se plantee que eso no es posible en las escuelas. Por otra parte, la economía hace que los adultos se reincorporen al puesto de trabajo, se utilicen los transportes públicos y se permita la apertura de centros de consumo. Y al mismo tiempo, ante el riesgo de contagios, se ponga en duda la reapertura de los centros.
Una escuela cerrada agranda las diferencias y ahonda la pobreza.
La falta de recursos en tecnologías o de apoyo personal, hace que la desigualdad todavía se acentúe más en el alumnado con discapacidades, y en el más desfavorecido. La desigualdad produce mayor desigualdad.
Desde este movimiento entienden que “la vuelta a las aulas es importante y necesaria. Es algo que no admite discusión y debe considerarse como un servicio esencial. Y por tanto es cuestión de estudiar de forma decidida el cómo y con qué recursos hacerlo”.
Encarna Rosillo ha defendido que “otra pedagogía es posible”. La educación y el aprendizaje “son el resultado de una convivencia democrática y participativa, donde los intereses y propuestas del alumnado toman protagonismo, donde el intercambio y la investigación del entorno, son elementos fundamentales y necesarios de la vida del aula”, ha señalado a Diario16.
Para este colectivo es preciso, desde el principio, favorecer la participación e implicación de la comunidad educativa y administraciones locales promoviendo reuniones conjuntas, foros entre docentes, familias, sindicatos, alumnado y demás agentes educativos para el intercambio, la autogestión de los centros y la adaptación a cada realidad.
Por eso reclaman que se considere “la educación como la actividad prioritaria e imprescindible”, reivindicando que la salud “sea algo más que tratar de protegerse del contagio de Covid”.
Reclaman que, igual que se están dedicando recursos y estableciendo normativas para facilitar la continuidad de la vida social y económica, también se tomen todas las medidas necesarias para ofrecer a los niños y niñas unas mejores condiciones de aprendizaje y socialización, en entornos lo más saludables y seguros posibles.
