Cuenta atrás definitiva para exhumar los restos mortales del genocida Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, en Sevilla. Así lo ha confirmado este miércoles en comisión parlamentaria el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, a preguntas de la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Martina Velarde. “Es una cuestión que en función de la ley de 2007 no se podrá acometer lógicamente, otra cosa es que desde la ley andaluza sí se podría acometer, pero es cuestión de voluntad de la Junta de Andalucía. Sí le indico que, una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática, están puestas todas las condiciones para que este tipo de anomalías en la vida democrática no vuelva a producirse, ni que estén en esos lugares públicos”, ha señalado Martínez a la diputada de Unidas Podemos y secretaria general de la formación en Andalucía.
La Junta sólo mira “al futuro”
La última declaración pública del ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla sobre la decisión de trasladar los restos del militar franquista de la basílica de la Macarena, donde reposan desde la construcción del templo a iniciativa de él mismo a finales de los años 40, la realizó el pasado septiembre la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, competente de la Administración andaluza en materia de memoria histórica, quien aseguró que “las prioridades de los andaluces están en el futuro, no en el pasado”, añadiendo que, según ella, “no es bueno buscar el enfrentamiento o el conflicto desenterrando esos horrores”.
Precisamente la propia consejera andaluza de Cultura ha sido quien ha intermediado con la familia del genocida franquista y con la Hermandad de la Macarena para lograr el traslado definitivo de sus restos a un columbario que tiene la propia basílica con el objetivo de lograr “una solución que cumpliera con la legalidad vigente y fuera satisfactoria para la corporación y los descendientes de Queipo”.
El artículo 32.4 de la Ley andaluza de Memoria Histórica, de 2017, señala que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. Hasta hoy mismo, el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en la Junta ha dado largas a esta flagrante vulneración de la ley que numerosas asociaciones memorialistas han venido denunciando reiteradamente.
El pasado julio, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes y actualmente está en tramitación parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, subrayó, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda, difusión y reivindicación de los valores democráticos y los derechos fundamentales, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.
“Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea”, ha subrayado Bolaños. La futura ley tramitada por el Gobierno de la Nación contempla que las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.
