La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid19 está mostrando que uno de los mayores enemigos de la democracia es la desinformación y la proliferación de noticias falsas o bulos. Esta es una de las estrategias más utilizadas por la extrema derecha mundial gracias a los sistemas de big data aplicados por Steve Bannon durante la campaña electoral de 2016 y que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Este fue el ejemplo de la efectividad de la desinformación y de la propagación de bulos y, a través de Bannon, se ha ido formando a los partidos de la extrema derecha mundial para que los apliquen en sus respectivos países.

En España, desde que se comenzó el estado de alarma, todos hemos recibido en nuestros teléfonos móviles noticias falsas que han tenido que ser desmentidas por las autoridades porque estaban generando desafección. El nivel al que la extrema derecha y sus altavoces han llegado provocó que el Gobierno, a través del ministro del Interior, planteara la aplicación de una serie de medidas para frenar esos bulos.

El anuncio provocó una reacción furibunda por parte de la extrema derecha que calificó esas medidas como censura o que iban en contra de la libertad de expresión. Suena cuanto menos curioso escuchar a los autoritarios apelar a las libertades reconocidas en la Constitución. Sin embargo, con esa reacción demostraron su ignorancia respecto a lo que significa una democracia porque los bulos y la desinformación no entran dentro de los límites de la libertad de expresión.

Lo preocupante es que haya medios de comunicación que se presten al juego de la extrema derecha. Vivimos en unos tiempos en los que la máxima de Lenin «miente, miente, que algo quedará» está siendo utilizada con cada vez más peligrosa asiduidad para lograr fines espurios y favorecer intereses corruptos. Hace pocos años la publicación por parte de los medios de comunicación de noticias que rozaban la injuria, la superaban o que, directamente, eran mentira, estaba acotada a la prensa amarilla. Que a un medio se le incluyera en esa categoría era una infamia y generaba el desprestigio de la cabecera.

Sin embargo, en la actualidad, con la globalidad que da a la información el formato digital con el soporte de las redes sociales está provocando que los bulos tengan mucha más penetración entre la gente y esté por encima de la información veraz que se le exige a cualquier medio serio y digno que trabaja bajo los parámetros fundamentales de la deontología periodística y de la ética.

La utilización del sensacionalismo, la manipulación o, directamente, la mentira, es un modo de desacreditar al cuarto poder y de estafar a la sociedad en su conjunto. Podrá ser más o menos divertido, pero, desde luego, eso no es periodismo.

La vicepresidenta Carmen Calvo afirmó hace unos meses que «la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo». A raíz de estas palabras muchos medios de comunicación tuvieron la misma reacción que Vox cuando se anunciaron medidas contra los bulos y no dudaron en afirmar que el gobierno de Pedro Sánchez pretendía amordazar la libertad de prensa.

Esa regulación anunciada por Carmen Calvo tuvo más que ver con la lucha contra el fenómeno de las fake news y, por supuesto, nada que ver con una restricción de las libertades reconocidas en la Carta de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Realmente, la vicepresidenta se adelantó en su diagnóstico a lo que está ocurriendo en la actualidad.

Hay una corriente de pensamiento que afirma que la mejor ley para regular la libertad de expresión es la que no existe, algo que, evidentemente, nos lleva a la anarquía. Ya hay límites establecidos dentro de la libertad de expresión y se encuentran en el Código Penal en sus artículos 205 y 208. Si se hace una lectura detenida de ellos podremos encontrar la siguiente definición para el delito de injurias: «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por grave» y, respecto a las calumnias, el Código Penal indica que «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Además, el artículo 211 hace referencia a las calumnias propagadas a través de los medios de comunicación y la responsabilidad de la comisión de dicho delito recae en «la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria».

Por tanto, ya existe una regulación de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Hay que endurecerla aún más? No. ¿Hay que reformar el Código Penal para que sea mucho más exacto en las definiciones de los actos delictivos que se pudieran cometer con las fake news y los bulos? Probablemente haya que realizar dichas reformas. No se trata de coartar o amordazar la libertad de prensa. Hablamos de otra cosa.

Para mejorar nuestra salud democrática es fundamental que un gobierno valiente como el de Pedro Sánchez y Carmen Calvo actúen ante la cantidad de suciedad que está impregnando las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y a algunos medios y que está contagiando a los que históricamente se han caracterizado por, desde líneas editoriales totalmente antitéticas, el rigor y la ética profesional. La libertad de prensa representa, no sólo ser libre a la hora de publicar tal o cual contenido, sino que implica la responsabilidad de dar al pueblo una información veraz y contrastada porque los ciudadanos, además, tienen el derecho al acceso libre a la información. La publicación de noticias falsas o tendenciosas son, por tanto, un atentado contra esa libertad de prensa y de expresión.

Paradójicamente, son muchos de esos medios que caen en la tendenciosidad para favorecer intereses espurios los que ahora están siendo más virulentos contra el gobierno. Tal vez pretendan convertirse en los paladines de la defensa de unas libertades en las que ni siquiera ellos creen.

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2 Comentarios

  1. ¿Es bulo o desinformación afirmar que el Coronavirus era una simple gripe o que las mascarillas no sirven?. Y que se debe hacer con quienes desde puestos de responsabilidad gubernamental han hecho esas afirmaciones?. ¿Se les debe enjuiciar, y si procede dadas las trágicas consecuencias de su irresponsabilidad, encarcelar?

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