El expresidente Donald Trump dio mucho poder a los asociados de su club privado para seguir un plan para que el Departamento de Asuntos de Veteranos sacara rendimiento económico los datos de los pacientes, según una serie de documentos a los que Diario16 ha tenido acceso.
Un trío de personas cercanas al ya expresidente, con sede en el resort de Trump en Mar-a-Lago, intervino en las decisiones políticas y de personal del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), la segunda agencia más grande del gobierno federal, a pesar de carecer de experiencia en el gobierno o el Ejército de los Ejército
Era conocido que este trío participó en la elaboración de presupuestos y contratos. Sin embargo, se desconocía su interés en convertir los datos de los pacientes en una fuente de ingresos. El VA brinda atención médica a más de 9 millones de veteranos de guerra en más de 1.000 instalaciones en todo el país.
Uno de los correos de la investigación iniciada por el Congreso de los Estados Unidos señala claramente que «los datos de los pacientes son, en mi opinión, los activos más valiosos [sic] que tiene el VA». El mail, con asunto «VA Data Base» (base de datos de la VA) fue enviado en 2017 por un consultor que llegaba a afirmar que se podrían sacar varios cientos de millones de dólares vendiendo acceso a grandes empresas.
El consultor, Terry Fadem, dirigía una organización privada sin ánimo de lucro para Bruce Moskowitz, un médico de West Palm Beach, Florida, que fue uno de los tres asociados de Trump que tuvieron una gran influencia sobre el VA.
En respuesta al correo electrónico de Fadem, Moskowitz le dijo al entonces secretario de VA, David Shulkin, que había discutido el plan con empresas interesadas, incluidas Johnson & Johnson, CVS y Apple. Shulkin respondió que le gustaba la idea, según indican los documentos.
Los altos funcionarios se apresuraron a contratar a Fadem como contratista, según muestran los correos electrónicos, pero no está claro si su contrato fue adjudicado. «Estoy tratando de entender por qué y dónde [h] está atascado el contrato», dijo Poonam Alaigh, entonces el principal funcionario de salud de VA, en un correo electrónico de junio de 2017. «Estoy de acuerdo, tenerlo a bordo lo antes posible será fundamental».
Los documentos no muestran qué sucedió con el plan o si el VA alguna vez vendió el acceso a los datos de los pacientes. Los registros tampoco incluyen evidencia de que Moskowitz o los otros asociados de Mar-a-Lago estuvieran en condiciones de obtener beneficios personales.
Estos documentos de la investigación del Congreso de los Estados Unidos ayudan a completar la imagen de la amplia influencia del triunvirato de Mar-a-Lago sobre la agenda de Trump para los veteranos, un tema que fue capital en su campaña de 2016.
La presidenta del Comité de Supervisión del Congreso, Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York. y el presidente del Comité de Asuntos de Veteranos, Mark Takano, demócrata de California, afirmaron en un comunicado que los documentos muestran «el papel secreto que desempeñó el trío en el desarrollo de iniciativas y programas de VA, incluido un plan ‘enormemente rentable’ para monetizar los registros médicos de los veteranos».
«Ike Perlmutter, Marc Sherman y el Dr. Bruce Moskowitz, reforzados por su conexión con el club privado Mar-a-Lago del presidente Trump, violaron la ley y trataron de ejercer una influencia indebida sobre los funcionarios del gobierno para promover sus propios intereses personales», afirmaba el comunicado de Maloney y Takano.
Sin embargo, tanto Perlmutter, como Sherman y Moskowitz han afirmado que no obtuvieron beneficios personales, no tenían ningún papel oficial y no ejercían ninguna autoridad formal.
Sin embargo, los documentos muestran que sí se veían a sí mismos como un comité asesor oficial y desatendieron las repetidas advertencias de que debían cumplir con las leyes de transparencia nacidas en la era Watergate.
En uno de los correos electrónicos, fechado en febrero de 2017 después de una reunión con Trump, Perlmutter afirmaba lo siguiente: «Como pidió el presidente, ahora podemos crear formalmente un comité oficial».
Tal era el poder de este grupo de personas que, incluso, Perlmutter llegó a reprender al personal de la Casa Blanca por mantener conversaciones sin él.
Esto queda demostrado en un email fechado en marzo de 2017 dirigido a funcionarios de la Casa Blanca: «Estoy conmocionado y extremadamente decepcionado con la forma en que se ha involucrado en las comunicaciones individuales con Apple, y ha excluido intencionalmente a nuestro equipo más amplio de expertos en la materia. Tengo entendido que estas discusiones clandestinas aparentemente han estado ocurriendo casi a diario durante semanas, y no se lo han dicho a nadie y se niegan a devolver llamadas telefónicas y correos electrónicos».
Burlar las leyes de transparencia
En Estados Unidos los comités asesores oficiales se rigen por la Ley del Comité Asesor Federal, conocida como FACA. Esta norma de 1972 requiere que las agencias federales informen a la ciudadanía de cuándo consultan a expertos externos.
Los funcionarios de la administración le dijeron repetidamente al trío de Mar-a-Lago que tendrían que cumplir con la ley porque obliga a los comités asesores a representar una variedad de puntos de vista y divulgar sus actividades al público.
«Parece que FACA puede estar implicada», dijo un abogado de VA en un correo electrónico de enero de 2017 que Shulkin compartió con Moskowitz. En abril de ese año, el asistente de la Casa Blanca, Reed Cordish, le dijo directamente a Perlmutter: «Necesitarás formar un grupo FACA».
Pero Perlmutter objetó y respondió: «Se nos ha informado que FACA no se aplica porque no somos un grupo formal de ninguna manera».
Sin embargo, a pesar de pretender dar apariencia de legalidad, el grupo se esforzó por ocultar sus actividades, según muestran los documentos. «Todavía no estamos seguros de qué se puede poner en los correos electrónicos y qué discutir verbalmente», escribió Moskowitz a Shulkin en febrero de 2017. El portavoz del grupo sostuvo que no eran un comité formal y dijo que cumplir con FACA era responsabilidad de la agencia.
En marzo de 2021, un tribunal federal de apelaciones en Washington sostuvo que un grupo de veteranos podría proceder con una demanda para hacer cumplir los requisitos de divulgación de FACA respecto al trío Mar-a-Lago.
