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Los asesinatos

Cómo le ha hecho el cartel de Medellín para someter a la sociedad colombiana, hacerse al poder y quedarse allí hasta hoy?

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Las muertes provocadas por el cartel de Medellín y sus herederos para someter a la sociedad colombiana, las podemos reunir en casos icónicos que tienen que ver con el ataque de esta organización criminal contra las instituciones civiles.

Parte de este ataque a los valores no solo tiene que ver con someter a la sociedad y a sus instituciones, sino con establecer una nueva escala de valores bajo los cuales funciona el cartel, como celebrar la impunidad en el logro del delito o burlarse de quien cumple la ley señalándolo de “mamerto” (estúpido).

El asesinato de la honestidad

Podríamos iniciar este resumen de acciones que buscan eliminar a los pilares de los valores de los colombianos a partir del asesinato del señor Fernando Uribe Senior, estricto y correcto director de la Aerocivil colombiana (ente regulador de la aviación en ese país) quien se negó a todo tipo de presiones del cartel para otorgarles licencias a sus aeronaves.

La solución fue asesinarlo para que llegara Álvaro Uribe Vélez, una de las fichas de Pablo Escobar, criado en el mismo seno del clan Ochoa del Cartel de Medellín y quien hasta ese momento había trabajado con organizaciones fachada de finca raíz en donde se desenvolvían su padre y su hermano “El pecoso” (narco del cartel de Sinaloa).

Una vez llegado al cargo, Uribe Vélez inicio con su programa de “descentralización” mediante el cual se otorgaron licencias para pistas y aeronaves a toda la estructura del cartel de Medellín.

Años más tarde cuando se empezaron a conocer estos hechos los archivos de la Aerocivil desaparecieron y la mano derecha de Uribe Vélez en la institución, conocido como el “bandi” Villegas, fue asesinado cuando se disponía a declarar para la DEA.

Con todas las evidencias que se conocen, personas cercanas a Álvaro Uribe siguieron administrando la Aerocivil y hoy se siguen conociendo los crímenes de sus allegados desde esta organización estatal.

El asesinato de la justicia

Otro asesinato del cartel de Medellín que golpeó fuertemente la sociedad colombiana fue el del ministro Rodrigo Lara Bonilla en la década de los 90s.

La orden fue dada por el mismísimo Pablo Escobar cuando vio que los montajes para desprestigiar al funcionario no daban resultado.

El detonante del asesinato se originó en la captura de “Tranquilandia”, el laboratorio de droga más grande intervenido por autoridades colombianas en toda su historia. Dos mil toneladas (2.000) del alcaloide pertenecientes al cartel fueron destruidas en ese operativo.

Lara Bonilla expresó su temor por el hecho, especialmente porque en dicha actividad policiva había caído también un helicóptero de un reconocido miembro del cartel de Medellín, Alberto Uribe Sierra (el papá de Álvaro Uribe Vélez).

Al ser identificado el helicóptero como propiedad de la familia Uribe Vélez, Jaime Alberto Uribe, hermano de Álvaro y enlace del Cártel de Sinaloa en Colombia, pretendió desviar la atención del tema sin ningún resultado.

Al final, tanto Jaime Alberto (Alias El pecoso) como Santiago, hermanos de Álvaro Uribe Vélez, terminaron participando en la fiesta que organizó el cartel de Medellín por la muerte del ministro, donde lo declararon “un buen muerto”.

El asesinato de la verdad

Otro de los asesinatos propiciados por el cartel de Medellín y que causaron un profundo impacto en la sociedad colombiana fue el de Guillermo Cano, respetado periodista y director del diario El Espectador.

Dicho Asesinato se generó debido a que fue precisamente Guillermo Cano quien respaldó al ministro Lara Bonilla en sus denuncias sobre las organizaciones criminales que lideraba Pablo Escobar siendo Senador de la República.

Fue precisamente Guillermo Cano quien dio  a conocer la famosa fotografía de Pablo Escobar reseñado en Ecuador por transportar droga y además quien dio a conocer que el helicóptero capturado en la operación de Tranquilandia le pertenecía al padre de Álvaro Uribe Vélez.

El encargado del cartel de Medellín por parte de Pablo Escobar para cometer el ilícito fue Luis Carlos Molina, socio de Álvaro Uribe Vélez y los dineros para pagarle a los sicarios salieron de la firma Confirmesa, fundada para lavar dinero del cartel por parte de un primo de Escobar, hermano de José Obdulio Gaviria y donde Uribe Vélez era miembro principal de la junta directiva.

La masacre de La Esperanza

Una vez llegado a la Gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez iniciaría una de sus estrategias más sanguinarias, a partir de las cooperativas “Convivir” y con la excusa de combatir a los grupos armados ilegales armando a población civil, dio paso a la conformación de grupos paramilitares y con ello a sus primeros vestigios de campañas de exterminio.

Sin bien la idea sobre la cual se iniciaron este tipo de grupos era combatir a las guerrillas que azotaban Colombia, lo que se fue desarrollando fue un programa de masacres y desplazamiento forzado, de apropiación ilegal de tierras de las familias que abandonaban las regiones y de la consolidación de los herederos del cartel de Medellín en el negocio de la droga.

Una de esas masacres donde se explayó toda la violencia contra mujeres, niños, ancianos e incluso bebés, fue la del corregimiento La Esperanza (Antioquia) realizada entre los meses de abril y diciembre de 1996.

El esquema de este tipo de masacres fue muy simple, acusar a una población de colaborar con alguna guerrilla (fuera cierto o no) y a partir de ello empezar a asesinar pobladores, decapitándolos o con exposiciones crueles y públicas a todo tipo de vejámenes para aterrorizar a la población y que dejarán de esta forma las tierras libres para su comercialización entre los patrocinadores del paramilitarismo.

Curiosamente los combates entre paramilitares y guerrilla fueron muy pocos, pero masacres y muertos muchos. Mientras la guerrilla se replegaba a sus zonas de control, los paramilitares se dedicaban a atacar población campesina para asumir el control de las regiones rurales.

Las cifras de ésta práctica aún se están calculando, en desaparecidos, asesinados y desplazados. Hoy, los culpables hacen todo lo posible para bloquear el tribunal creado para ello, la Justicia Especial para la Paz, JEP, dentro del proceso de Paz de Juan Manuel Santos.

El asesinato de los derechos:

El abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció ante las autoridades en Antioquia la coordinación que se venía realizado entre grupos armados y autoridades departamentales, incluida la del gobernador Álvaro Uribe Vélez y su secretario Pedro Juan Moreno Villa, para realizar masacres en una zona del departamento denominada Ituango.

Las masacres perpetradas por organizaciones paramilitares, tenían las mismas características de exterminio de población y apropiación de tierras que se ocultaron bajo la excusa de combatir estructuras subversivas.

Los testimonios recogidos sobre diferentes masacres, no solo atinaron a señalar la responsabilidad de la fuerza pública en las mismas, sino la coordinación, a través de chats, en donde se articulaban dichas actividades con el gobernador del momento en el departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Una vez hecha la denuncia por parte de Jesús María Valle contra las autoridades departamentales, el General Alfonso Manosalva solicitó su asesinato a los paramilitares dirigidos por Carlos Castaño.

La muerte de la amistad

Corría una media mañana de inicios de 2004 en el consejo comunitario (presentación pública presidencial) que se llevaba a cabo en Manizales, cuando el ministro de gobierno, Fernando Londoño, se le acercó a Uribe y le comentó algo al oído, Uribe para contestarle se le acercó igualmente pero no se percató que los micrófonos de la mesa del evento estaban abiertos y musitó casi en secreto “Túmbenle el avión”.

Dado que el evento no había comenzado y los asistentes aún estaban murmurando en el auditorio solo algunas personas quedaron extrañadas con el comentario.

Horas después se sabría de la caída del helicóptero donde viajaba Pedro Juan Moreno, otrora una de las figuras más cercanas a Uribe, incluso relacionado con él en graves investigaciones criminales.

Moreno había expresado su disposición para denunciar la pérdida de 2 billones de pesos durante la administración Uribe en la Gobernación de Antioquia, (Donde también estarían vinculadas dos de sus fichas claves, Alicia Arango y Fabio Echeverry) pero además fue el único testigo colombiano que se sepa, en la reunión de Uribe con el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde se habría negociado su inmunidad judicial a cambio de favorecer sin restricciones el control geopolítico de la región para los norteamericanos.

Igual que había sucedido en la Aerocivil, moría el segundo al mando de Uribe y un posible testigo para los autoridades, dejando además, que se sepa, dos muertes colaterales, la de Enrique Urrea, presidente del sindicato de Inravisión (ACOTV) quien tenía copia de la grabación del evento donde se había escuchado el famoso “túmbenle el avión” como instrucción directa a su ministro Londoño y una de las asistentes administrativas de la firma de helicópteros quien había señalado anomalías en el mantenimiento del aparato antes del vuelo. Los dos fueron asesinados por sicarios.

Asesinaron la risa

Uno de los actos de mayor vileza y que más tristeza le ha causado a los colombianos, fue el asesinato del periodista y humorista satírico Jaime Garzón.

Hoy, tras juicios y condenados se tiene una lectura amplia de quiénes, cómo y por qué fue asesinado.

Su delito? Burlarse de la estructura del cartel de Medellín que sobrevivió a Pablo Escobar y que se tomaba las esferas políticas del país suramericano, con un peligro fundamental, los desnudaba ante la opinión pública.

El mecanismo fue muy simple, iniciaron una campaña de desprestigio contra el reconocido personaje construyendo carpetas con información falsa desde el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de La República, en dichas carpetas se le vinculaba a actividades subversivas (Hecho totalmente falso según declaraciones de los agentes de inteligencia que comparecieron en el juicio del caso)

Una vez lograron justificar su asesinato, la tarea fue cumplida por un par de sicarios. Todo el equipo de seguridad directo de Álvaro Uribe participó en el asesinato, bien fuese coordinando la acción como fue el caso de José Miguel Narváez, hasta la desaparición de pruebas y testigos como lo sería el general Mauricio Santoyo, su jefe de seguridad.

Uno de los testigos del caso, posteriormente asesinado, declararía que el homicidio habría sido incentivado directamente por Álvaro Uribe y su hermano Santiago en una reunión con paramilitares.

El exterminio del liderazgo

Actualmente en Colombia los seguidores del cartel adelantan un proceso de exterminio de líderes indígenas, ambientalistas y sociales.

Desde el regreso del uribismo al poder se han reactivado las acciones de eliminación de población civil mediante las autodenominadas “Águilas Negras”, miembros de la fuerza pública al servicio del narcotráfico encargados de los servicios de “limpieza”.

Con rumores muy serios sobre la anuencia en dicho proceso de exterminio de civiles por parte de la embajada de los Estados Unidos, es estaría repitiendo lo que el gobierno norteamericano propició en indonesia en 1965, la alianza con mafias para hacerse al poder exterminando la población que ofreciera resistencia.

Los muertos hoy en Colombia se cuentan por miles ante el más espantoso silencio de organismos internacionales, las masacres son diarias y el cartel se hace más fuerte ante la permisividad institucional.

En lo que podría denominarse “el holocausto latinoamericano” los gritos de auxilio de sectores ambientalistas, sociales e indígenas golpean las puertas del mundo. Laureano Gómez, el primer genocida del país latinoamericano, estaría siendo replicado con creces por el uribismo, durante esta, su segunda ola de asesinatos.

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