El pasado 1 de mayo se cumplieron 38 años de la primera muerte por la intoxicación masiva del aceite de colza, la peor crisis sanitaria por razones alimentarias de la historia de España. Aquel día moría en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital el niño de ocho años de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz Jaime Vaquero. El menor se convertía en la primera víctima oficial de la inicialmente llamada “neumonía atípica”, que más tarde se rebautizó como Síndrome del Aceite Toxico (SAT). Un mes después de la muerte del pequeño Jaime ya había 10.000 hospitalizados y 80 fallecidos. Las cifras que manejan en la actualidad las organizaciones de consumidores y usuarios resultan aterradoras: solo en aquella nefasta primavera de 1981 se registraron más de 25.000 afectados en una veintena de provincias y al menos 300 muertos. Otros informes hablan de hasta 1.100 personas fallecidas.
El 20 de mayo de 1989 se procesó a 38 empresarios. Solo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 años de prisión, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, que llegó a pedir para algunos de los acusados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel.
Al drama humano se unió el consiguiente escándalo político, ya que ningún alto cargo de la Administración se hizo responsable de aquel envenenamiento masivo de la población por consumo de aceite adulterado. El expediente de la colza llegó en un momento de grave inestabilidad política, tras un golpe de Estado y en medio de una crisis económica galopante que arrojaba gran incertidumbre al futuro. El caso reveló el gigantesco caos gubernamental que era en aquellos años nuestro país. Todo falló, el control policial, la vigilancia sanitaria, la atención médica, la Justicia y por supuesto el Estado en su conjunto, que en un principio, y de forma obscena, trató de enmascarar el caso. ¿Cómo pudo ser posible que unos desalmados colocaran en el mercado miles y miles de kilos de aceite adulterado al margen de los controles sanitarios? ¿Dónde estaba el Ministerio de Sanidad, la Policía, los jueces y fiscales?
Hoy España ha cambiado radicalmente. Afortunadamente contamos con uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, además de una compleja red de controles e inspecciones en el sector alimentario que hacen difícil que algo así pueda volver a suceder. Sin embargo, en algo sí seguimos siendo un país tercermundista: en la atención y reparación moral y económica de las víctimas, en el necesario seguimiento de una cuestión de salud pública, en el abandono y el silencio que sufren cientos de personas que quedaron seriamente afectadas por el consumo del aceite venenoso.
Según publica hoy el diario El Mundo, un conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central puede suponer que los enfermos tengan que pagar de su propio bolsillo los fármacos que necesitan para seguir viviendo, lo cual refuerza la sensación que tienen estas personas, desde hace algún tiempo, de haber sido abandonadas por su Gobierno. Los recortes en Sanidad de los últimos años, la duplicidad de competencias de administraciones territoriales que genera burocracia y, por qué no decirlo, la falta de sensibilidad de unos gobernantes que olvidan con demasiada facilidad sus responsabilidades en grandes casos que han conmocionado a la nación, han convertido el asunto de la colza en otro drama humano silenciado. En estos días de triste recuerdo por un aniversario más, la Plataforma Síndrome Tóxico (Seguimos Viviendo) ha enviado su “cariño y recuerdo a las miles de familias que perdieron a sus seres queridos, así como a las miles de víctimas que seguimos sufriendo por un envenenamiento que provocó secuelas de diferente gravedad, pero en todas un tremendo dolor personal de dignidad y olvido, acompañado de una enfermedad rara, crónica, degenerativa y de futuro incierto”.
“Sirva un año más este aniversario para trasladar a los gobiernos y a la opinión pública que ‘seguimos viviendo’ y no como hubiéramos elegido, de no haber sufrido este envenenamiento. Muchas siguen siendo las víctimas que necesitan protección médica y social a la que se comprometió nuestro Parlamento unánimemente y de la que se ha desentendido 38 años después, así como de investigar para conocer nuestro futuro y la afectación en nuestra descendencia”, insisten los afectados por el síndrome tóxico. “Esperamos que este nuevo Gobierno tome en serio el SAT y con ello la necesidad de nuestra reparación moral, para poder vivir con dignidad y descansar, acompañado de medidas sanitarias, sociales y de investigación del colectivo que den solución definitiva a la tragedia sanitaria más grave y única de este país”, añade la asociación.
Hoy se estima en 14.000 el número de supervivientes afectados por el aceite de colza en mal estado, un colectivo muy importante que necesita de atención y programas de investigación para estudiar una afección tan letal como extraña. “Hasta 2009 contábamos con una unidad de seguimiento en el Hospital Carlos III, pero el Gobierno de Esperanza Aguirre la cerró. A costa de muchos esfuerzos y de la creación de la Plataforma de Asociaciones de Síndrome Tóxico, en 2015 se consiguió poner en marcha una unidad funcional para el síndrome tóxico en el Hospital 12 de Octubre. Pero creemos que es necesario un centro de referencia (CSUR) propio que ayude a aunar en un mismo sitio toda la parte asistencial, la social, la de investigación y que facilite derivar a pacientes de otras autonomías”, aseguran fuentes de la Plataforma de afectados.
